viernes. 29.03.2024

El fraude perpetrado por la compañía alemana Volkswagen ha afectado en España a 683.626 vehículos de diversas marcas comerciales, desde la propia Volkswagen hasta Seat o Audi. Nadie duda a estas alturas de que los mayores perjudicados son los clientes, que han adquirido en los últimos años vehículos diesel con la idea de una menor contaminación y se han encontrado con que, en realidad, con un vehículo que tiene un software capaz de modificar los registros de dichas emisiones, que ahora se estima que podría ser hasta 40 veces más de lo permitido, al menos en Estados Unidos. Pero ese incremento en la contaminación también afecta, aunque solo sea colateralmente, a los ayuntamientos, encargados de recaudar el Impuesto sobre Vehículos de Tracción Mecánica (IVTM), más conocido como impuesto de circulación.

A la espera de conocer cuántos vehículos se han visto afectados en Cantabria, y qué modelos son los que se recogen en esa lista, lo que sí parece claro es que los consistorios de todo el territorio nacional se van a ver obligados a tomar una medida conjunta, que en principio debería de llegar por mandato del Ministerio de Hacienda, en relación a las tasas que muchos de estos vehículos han cobrado por una menor emisión contaminante, y que a priori es inferior a la de aquellos que más contaminan.

Si bien es cierto que la reforma de este impuesto de circulación, con la que se pretendía que los más contaminantes pagaran más, no se ha llevado todavía a efecto, la Ordenanza Nº 3-I del Ayuntamiento de Santander sí contempla una serie de bonificaciones para aquellos vehículos que “minimicen las emisiones contaminantes”. El fraude, por tanto, podría afectar a dichas bonificaciones.

En concreto, la normativa señala que “los coches eléctricos y/o de emisiones nulas” podrán acogerse a un 75% de bonificación, mientras que los híbridos diesel (categoría en la que podría incluirse alguno de los vehículos afectados por el fraude) se benefician de un 50%.

Las medidas a tomar por la Administración todavía se están concretando, según ha podido saber eldiariocantabria.es, a la espera de que el caso de fraude avance y se conozcan claramente los modelos y tipos de vehículos que se han visto afectados en cada comunidad.

Fuentes del Ayuntamiento de Santander han asegurado que el equipo de Gobierno está a la espera de conocer “la pauta desde el Ejecutivo central sobre cómo hay que actuar”.

En este sentido, los principales concesionarios de Volkswagen en Cantabria, el Grupo Hercos y Parte Automóviles, han afirmado que la empresa “todavía no ha comunicado los protocolos de actuación”, por lo que no se ha puesto en marcha ningún proceso para atender a los clientes que pudieran estar afectados.

Potencia y clase

El impuesto de circulación se establece, en un primer momento, en base a los caballos fiscales de cada turismo. Un caballo fiscal (CVF) se calcula a través de la cilindrada del motor y del número de cilindros, por lo que los coches con mayor potencia deberán pagar más. Es de esta cantidad de la que se descuentan las bonificaciones en base a la contaminación medioambiental.

En el caso de Santander, el rango de potencia para los turismos es de 8 CVF a 20 CVF. Los primeros pagan una tasa de 25,16 euros, mientras que para los últimos asciende a 223,33 euros. El coste de estos impuestos en otras capitales de provincia es notablemente mayor, como es el caso de Bilbao (desde 24,05 a 300 euros) o Vitoria (de 25,37 a 339.69 euros).

Pero el fraude de Volkswagen no ha afectado únicamente a los turismos. Las gamas de vehículos comerciales también incorporan el software “malicioso”. En este sentido, el Ayuntamiento de Santander contempla tarifas diferentes para autobuses, camiones, tractores, remolques y semirremolques, y motocicletas.

En todos estos casos, salvo en el de los tractores, el impuesto se regula en base al peso o número de plaza de los vehículos, pero las bonificaciones siguen tomando como referencia el motor y las emisiones contaminantes que estos realizan.

Reacción de la competencia

El escándalo en Volkswagen ha generado toda una serie de reacciones del resto de compañías, en un intento no solo de calmar a sus propios sino de desmarcarse de las actitudes de la empresa alemanas. Con motivo de la inquietud generada Ford ha enviado a sus clientes un comunicado en el que “queremos estar seguros de que nuestra postura en este tema tan importante queda clara para todos”.

“En primer lugar, nuestros vehículos y motores, incluyendo nuestros motores diésel de tecnología avanzada, cumplen con todos los estándares de emisiones aplicables”, han afirmado en el texto, remarcando además que sus vehículos no cuentan con 'dispositivos de desactivación'.

En este sentido, “estamos de acuerdo con que los procedimientos de prueba de emisiones se acerquen lo más posible a las condiciones reales de conducción que nuestros clientes experimentan. Por ello apoyamos el desarrollo de la iniciativa de emisiones reales en conducción, que se convertirá en ley en Europa”, continúa el comunicado.

Ford se ha comprometido a ofrecer a sus clientes una alta eficiencia en el consumo de combustible y las más bajas emisiones, a través de lo que denominan "Power of Choice" o "Poder de Elección". Esto permite una variedad de opciones, que van desde los vehículos con motor de gasolina EcoBoost y motores diésel de alta tecnología, hasta vehículos híbridos, híbridos enchufables y vehículos totalmente eléctricos.

Unión de Consumidores

Por su parte, la Unión de Consumidores de Cantabria ya se ha movilizado y ha puesto su servicio jurídico a disposición de los afectados para reclamar, incluso ante los juzgados, sus derechos económicos.

En un comunicado, la asociación entiende que dichos propietarios pueden reclamar la eliminación gratuita de los mecanismos de control informático que presuntamente falseaban las mediciones de los gases.

Pero además, los propietarios también están en su derecho de exigir una rebaja o devolución del precio abonado por el vehículo, la reposición de las averías que se pudieran haber causado como consecuencia, una indemnización por los posibles excesos de consumo de combustible originados por la instalación del programa informático e, incluso, otra indemnización por daños morales por el engaño operado sobre el consumidor.

Unión de Consumidores de Cantabria también ha aconsejado a los propietarios de los vehículos afectados por el fraude que, en caso de ser llamados a revisión, extremen la precaución a la hora de firmar cualquier tipo de documento a la entrada o salida del mismo en las instalaciones a las que sea convocado, para que a través de dicha rúbrica no eximan a la marca de sus responsabilidades.

Nada más conocerse la situación, la Unión de Consumidores exigió mediante una comunicación a la firma Volkswagen que se pusiera en contacto con los posibles propietarios cántabros de vehículos afectados por el presunto fraude.

La asociación pidió que la firma informe por escrito y detalladamente, tanto a la Unión de Consumidores de Cantabria como a los propietarios de coches afectados, sobre las posibles consecuencias y protocolo de actuación que van a ejercer en la presente situación.

Los ayuntamientos también han sufrido el fraude de Volkswagen
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