El Boletín Oficial de Cantabria (BOC) ha publicado este martes el convenio entre el Gobierno regional y el Ayuntamiento de Piélagos que articula el reparto de las obligaciones entre ambas Administraciones para cumplir sentencias judiciales que obligan a derribar 214 viviendas construidas ilegalmente en el Alto del Cuco, con un coste de 3,7 millones.
Este convenio fue suscrito el pasado 20 de julio por la vicepresidenta regional y consejera de Universidades e Investigación, Medio Ambiente y Política Social, Eva Díaz Tezanos (PSOE), y la alcaldesa de Piélagos, la también socialista Verónica Samperio, después de que el Consejo de Gobierno aprobara en mayo el gasto plurianual para consignar el montante necesario para abordar las obras de demolición y que el Pleno del Ayuntamiento autorizara el 19 de julio la firma del acuerdo y aprobara el presupuesto de 2016 que consignaba una partida para este fin.
El convenio fijaba un plazo de ejecución del derribo de seis meses --las tareas de demolición comenzaron a principios de agosto-- y el coste de esta actuación, que también implica la regeneración ambiental de la zona, dónde se había proyectado un total de 400 casas.
El convenio estipula que la cuantía de 3,7 millones será adelantada por el Gobierno de Cantabria al Ayuntamiento, y después la Administración Local devolverá este montante en un plazo de 10 años
El convenio estipula que la cuantía de 3,7 millones será adelantada por el Gobierno de Cantabria al Ayuntamiento, y después la Administración Local devolverá este montante en un plazo de 10 años, a razón de un 10% anual, según el acuerdo que firmaron las dos administraciones en octubre de 2013.
El reintegro del anticipo empezará este mismo año y partir del próximo se irán incrementando las cantidades pendientes con un interés del 1% anual.
En El Cuco había proyectados distintos tipos de viviendas, unifamiliares y en bloques, en total unas 400, todas ellas declaradas ilegales, de las que se llegaron a construir 214.
La demolición supone más de un millón de euros, a los que hay que añadir los 2,7 millones previstos para regenerar y restaurar el monte sobre el que se levantaron las viviendas ilegales.
El convenio establece la capacidad de las partes de resolver el convenio "de mutuo acuerdo" en "cualquier momento" y apunta que, de igual modo, será causa de resolución el incumplimiento por alguna de estas Administraciones de las obligaciones asumidas.
Se aclara que la resolución implicará la necesidad de la liquidación completa de todos los gastos que el Ayuntamiento de Piélagos adeude al Gobierno de Cantabria.
El órgano competente para resolver cuestiones que se susciten sobre la interpretación, aplicación y efectos del mismo y no sean resueltas en el seno de la Comisión de Seguimiento será la Sala de lo contencioso-administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Cantabria.
