lunes 09.12.2019
POBREZA ENERGÉTICA

El bono social eléctrico, una “oportunidad perdida” de reformar el sistema

Cantabria por lo Público duda de la capacidad de gestión por parte del ICASS de los 35.000 hogares que deberán certificar las condiciones de pobreza o vulnerabilidad.

Cantabria por lo Público cree que el nuevo bono social eléctrico es una oportunidad perdida para reformar la legislación
Cantabria por lo Público cree que el nuevo bono social eléctrico es una oportunidad perdida para reformar la legislación

La Plataforma Cantabria por lo Público y sin Recortes cree que con el nuevo bono social eléctrico, que entró en vigor hace una semana, "se ha perdido" la "oportunidad" de abordar a través de él una reforma del sistema.

"Se pierde una gran oportunidad de abordar a través del bono social una reforma del sistema eléctrico", ha lamentado el colectivo cántabro, que ha dudado además de la capacidad de gestión del bono que tendrá que hacer el Instituto Cántabro de Servicios Sociales, encargado de certificar las condiciones de pobreza o vulnerabilidad de los beneficiarios: unos 2,5 millones de personas según estimaciones del Gobierno central, y que la patronal de las grandes eléctricas eleva a 2,8 millones, de los que 35.000 corresponden a hogares cántabros.

"Esto les va a desbordar mucho, les va a superar por los cuatro costados", ha vaticinado Luis Cuena, portavoz de la plataforma, en una rueda de prensa que ha ofrecido este lunes acompañado por otros miembros de la misma.

"No tiene sentido por parte del Estado gravar un servicio que se va a bonificar", ha reflexionado Cuena

En su comparecencia ante los medios, y tras recordar que parte de la gestión del bono corresponde a las comunidades autónomas -que sufragan la mitad del coste de esta herramienta, en tanto que el otro 50% lo aportan las comercializadoras eléctricas- ha criticado la "incapacidad" del ICASS al gestionar otros asuntos, como la bonificación del agua, ha citado a modo de ejemplo.

OPORTUNIDAD PERDIDA

Y en relación a la "oportunidad perdida" que representa el bono social para reformar el sistema, Cuena se ha referido a algunos de los principales "problemas" detectados tras la publicación del reglamento de este mecanismo, puesto en marcha por el Gobierno con el objetivo de proteger a consumidores vulnerables, con menos recursos económicas.

Entre esos "déficits" ha censurado que sea válido para "todas" las familias numerosas en función de su renta. "No nos parece bien", ha admitido, antes de cuestionar el sistema de financiación. Y es que el portavoz de Cantabria por lo Público y sin Recortes considera que se va realizar "a costa" del resto de tarifas.

Aunque es un "tema complicado", Cuena cree que una parte de la tarifa fija del bono social debería costearse "claramente a expensas" de los Presupuestos Generales del Estado. El coste global del mismo, y según la estimación de la Administración, será de 236 millones anuales, un 18% más, aunque la patronal del sector eleva el gasto hasta 310 millones, lo que supone un incremento del 55%.

En otro orden de cosas, pero igualmente en clave nacional, el representante de la plataforma ha considerado "absurdo" que se aplique el IVA habitual, cuando a su juicio, "como mucho" debería ser el del 10% -el mismo porcentaje con que se grava el agua o el transporte público- y de un tipo superreducido, del 4%, para los casos "más vulnerables".

"No tiene sentido por parte del Estado gravar un servicio que se va a bonificar", ha reflexionado Cuena, que tampoco ve lógico que la contribución al bono social de "los paganos" -ha dicho- vaya en función del número de contratos que se suscriban, sino que en su opinión debería estar ligado a la potencia eléctrica en cuestión.

En este punto, ha indicado que una comercializadora puede vender potencia a grupos industriales muy fuertes, empresas que contribuyen al bono social como si fueran un solo cliente.

Desde el punto de vista de las cinco grandes que pueden ofertar tarifas reguladas y los clientes puedan acogerse así al bono social, ha censurado que algunas como Viesgo aún no han colgado en su página web la información y protocolo de actuación para acogerse a él, cuando es "obligatorio" que lo hagan. "Ya están tardando", ha apostillado al respecto, y antes de recordar que existe un plazo de seis meses para solicitarlo.

CHARLAS INFORMATIVAS

Al hilo, ha indicado que según las estimaciones del propio Gobierno casi la mitad de los potenciales beneficiarios -el 45%- no lo solicitaran, un porcentaje "notable" y similar al actual. De acogerse, estas familias podrían obtener un ahorro de 170 euros al año en la factura de la luz.

Por este motivo, y teniendo en cuenta la "baja" cultura de la sociedad en esta materia, que propicia que "a la gente se la engaña" -como evidencia el "trasvase enorme" de tarifa regulada a libre pese a la crisis y que se hace para "pagar más"-, desde la Plataforma Cantabria por lo Público y sin Recortes van a ofrecer charlas informativas por diferentes localidades de la región para que los ciudadanos conozcan y soliciten el bono social eléctrico.