viernes. 29.03.2024

General Dávila, Camilo Alonso Vega o Calvo Sotelo son los nombres de algunas de las calles más conocidas de Santander. Pero también son los nombres de personajes insignes de la Guerra Civil y la posterior dictadura franquista que gobernó España hasta los años 70. La Ley 52/2007, conocida como Ley de la Memoria Histórica, obliga a los ayuntamientos a “tomar las medidas oportunas para la retirada de escudos, insignias, placas y otros objetos o menciones conmemorativas de exaltación, personal o colectiva, de la sublevación militar, de la Guerra Civil y de la represión de la Dictadura”. A pesar de ello, en Cantabria todavía quedan muchos municipios con calles, plazas, avenidas y monumentos que incumplen la normativa.

El Pleno del Ayuntamiento de Santander aprobó esta semana una moción presentada por Izquierda Unida para retirar el nombre de las calles y los símbolos franquistas. La decisión se produce unos días después del anuncio hecho por el Ayuntamiento sobre el cambio de nombre de la calle Luis Carrero Blanco por el de Severiano Ballesteros.

Pero el proceso de eliminación de estos símbolos está siendo lento y ha generado, entre otras reacciones, una denuncia del abogado madrileño Eduardo Ranz por vulneración de la ley. El propio alcalde, Íñigo de la Serna, aseguraba en la sesión plenaria que “las cosas hay que hacerlas desde la normalidad”, una idea que ya ha reiterado en otras ocasiones y que ha tenido, como resultado, un retraso en la aplicación de la Ley de la Memoria Histórica.

El cambio de nombre por Severiano Ballesteros es el segundo que se anuncia en la capital cántabra en poco más de un año, después de que la calle Falange Española haya pasado a llamarse Eulalio Ferrer unas semanas antes de las elecciones municipales. Este cambio se produjo en el marco de las obras de remodelación de la calle, con la instalación de rampas y escaleras mecánicas para conectar la Alameda de Oviedo con la calle Alta.

Por otro lado, el equipo de gobierno local, que siempre ha estado en manos del Partido Popular, fue el último en retirar una estatua ecuestre de Francisco Franco en un espacio público municipal. La postura de De la Serna, en este sentido, quedó clara cuando la ley entró en vigor. “Es absurdo abrir un debate sobre el tema. Lo que preocupa a los ciudadanos no son debates que reabran heridas”, aseguró el alcalde antes de anunciar que cumpliría con la norma, aunque no puso plazos.

Esta falta de celeridad ha permitido que, en estos momentos, existan más de 25 calles con nombres relacionados con el Franquismo. Capitán Palacios, Brunete, Capitán Cortés, Carlos Haya, División Azul, García Moral, General Moscardó o la Plaza de Italia son algunos de los espacios de Santander que todavía rememoran esa época de España, a los que se suman el Monumento a los Caídos y la Cruz de los Caídos.

Cambio del callejero

Otras voces se han sumado a las peticiones para cambiar el nombre de estas calles. El pasado mes de julio la Asociación Cultural La Vorágine Crítica anunció una recogida de firmas para respaldar la petición de cambio inmediato de las calles y la eliminación de siglas.

Según el colectivo, desde 2001 el Ayuntamiento cuenta con un informe de una comisión de expertos sobre la presencia de calles y símbolos franquistas en la ciudad, lo que implicaría que desde hace 14 años Santander mantiene los nombres de responsables del golpe de Estado del 18 de julio y de la represión y persecución durante la dictadura.

Una negativa a retirar los símbolos que quedan incurriría, según los organizadores de esta iniciativa, en desobediencia, tal y como indica el artículo 410 del Capítulo III del Código Penal.

Votación popular en San Vicente

Pero Santander no es la única ciudad de Cantabria que mantiene el recuerdo del Franquismo en sus calles. Uno de los casos más conocidos es el de San Vicente de la Barquera, que a finales de julio anunció una votación popular para cambiar el nombre de dos de sus espacios más conocidos: la Avenida del Generalísimo, una de las principales arterias de la localidad, y la Plaza de José Antonio.

El proceso, que concluye a finales de semana, se está llevando a cabo de forma presencial en la Oficina de Turismo o a través de internet en la web del Ayuntamiento. Tal y como ha señalado a este medio la concejala de Educación, Cultura, Deportes, Juventud, Turismo y Comercio, Belinda Franco, los datos de participación “no pueden conocerse todavía, ni siquiera de forma aproximada”, principalmente por la participación física de los ciudadanos.

Las alternativas que ofrece el Ayuntamiento para sustituir los nombres son, para la Avenida del Generalísimo, Los Soportales, El Muelle y La Folía. Por otro lado, la Plaza de José Antonio pasará a llamarse Mayor del Fuero, Carlos V o El Encuentro.

A pesar de que los resultados no son definitivos, desde internet se ofrecen los resultados provisionales una vez que se realiza la votación. De los más de 3.050 votos que han recibido ambas alternativas, Avenida Los Soportales y Plaza Mayor del Fuero son las alternativas que más votos han recibido.

Isla y Santoña

El caso de Santoña es uno de los más significativos. El PSOE regional ha gobernado el municipio durante varias legislaturas, hasta las elecciones de 2011, bajo el mando de Puerto Gallego, actual diputada nacional socialista por Cantabria, y durante ese tiempo una de las principales vías del municipio, la Calle del Almirante Carrero Blanco, ha mantenido su nombre incluso después de la entrada en vigor de la Ley de la Memoria Histórica.

La polémica se desató cuando en 2012 la alcaldesa ‘popular’ Milagros Rozadilla asistió al homenaje de Luis Carrero Blanco en Santoña, acto organizado por el Movimiento Falangista, que en aquel año formaba parte del equipo de gobierno local, algo que a juicio de los socialista incumplió “claramente” la mencionada Ley.

Isla, que depende del municipio de Arnuero, presenta en su callejero la Avenida Juan Hormaechea, presidente de Cantabria en dos ocasiones y que comenzó su carrera política en 1974, cuando fue nombrado concejal por el tercio militar. Más allá de sus inicios franquistas, su nombre en una placa resulta más llamativo si se tiene en cuenta que fue el primer presidente de una Comunidad Autónoma condenado por los tribunales.

En 1994 el Tribunal Superior de Justicia le impuso una pena de seis años de prisión y una inhabilitación de 14 años, siete por un delito de malversación de caudales públicos y otros siete por un delito de prevaricación. A pesar de que el gobierno de Felipe González le indultó en 1995 la pena de prisión, mantuvo la inhabilitación a petición del propio tribunal.

Cantabria mantiene el recuerdo del Franquismo
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