El Gobierno de Cantabria ha aprobado este jueves el Plan Estratégico de Prevención y Lucha contra Incendios forestales, a cuya aplicación se estima destinar hasta 2020 aproximadamente casi 26 millones y de los cuales más de 17 se prevén dedicar a cerrar acuerdos con los usuarios de los montes públicos, en los que el Ejecutivo propone financiar acciones de mejora de los montes y sus usos a cambio de evitar el uso "ilegal" del fuego.
Así lo ha anunciado este jueves, en rueda de prensa, el consejero de Medio Rural, el regionalista Jesús Oria, que, acompañado por el director general de Medio Natural, ha explicado que uno de los principales objetivo del plan es reducir el número y el impacto de los incendios forestales en la comunidad autónoma mediante una "estrategia integral basada en la prevención, la concertación social, la información y la sensibilización".
Por ello, según ha apuntado Oria, "el mayor esfuerzo económico y técnico" en la aplicación de este Plan se concentrará en la prevención y, dentro de ella, en la "conciliación de intereses" entre los usuarios de los montes evitar ese uso "ilegal" del fuego.
Y es que, según señaló Oria el pasado 5 de mayo, en su comparecencia en comisión parlamentaria para presentar este plan, consensuado en la denominada 'Mesa del Fuego', el 81% de los incendios forestales en Cantabria son intencionados.
Para evitarlo, el Ejecutivo quiere cerrar acuerdos individualizados para cada monte de utilidad pública, que concentran el 85% de la superficie quemada en los incendios forestales, que deben ser suscritos, además de por el Gobierno, por los usuarios y los propietarios de dichos montes, que normalmente son ayuntamientos y juntas vecinales.
Lucio ha explicado que, una vez aprobado el Plan por el Consejo de Gobierno, se comenzará a trabajar en el contenido de estos acuerdos y el objetivo es que para 2020 se hayan suscrito acuerdos para el 40% de los 480 montes de utilidad pública de Cantabria.
En estos acuerdos, que, según Lucio, son en realidad, "un contrato entre partes", se determinarán los "valores" y usos de cada monte, qué necesidades existen para "optimizar" dichos usos; qué medios son necesarios y a qué se comprometen las partes.
Así, se podrían, por ejemplo, acordar acciones de desbroce, ampliaciones de zonas de pastos o de aprovechamientos forestales, si los hubiera, restauración o conservación de "áreas sensibles", proyectos pilotos de gestión de pastos o tratamientos selvícolas, que serían financiados por el Gobierno con el compromiso de los usuarios de no causar incendios forestales.
Lucio ha advertido de que si no se cumple los compromisos acordados por los usuarios a cambio de dichas acciones, el acuerdo "se rompe" el Gobierno dejaría de aportar financiación.
El Gobierno dejará que sean los propietarios de los montes públicos los que encarguen a quienes consideren -con la condición de que los equipos a los que se encarguen estén cualificados- cada acuerdo.
EL PLAN
Además de la reducción del número y extensión de los incendios forestales, tiene como meta mejorar la eficacia y eficiencia en la prevención y extinción, realizada por los empleados públicos, garantizando que las plantillas del personal implicado en estas áreas estén cubiertas y tienen los medios materiales y técnicos adecuados.
También se busca promover nuevos modelos de corresponsabilidad en la gestión de los montes públicos entre la Administración regional, las entidades locales propietarias y los sectores económicos y sociales con intereses en su aprovechamiento sostenible y conservación de esos montes.
El plan cuenta con seis objetivos generales y 27 específicos, que se materializarán a través de 77 acciones concretas, de las que 34 irán dirigidas al objetivo de reducir el número e impacto de los incendios.
