lunes 21.10.2019
DENUNCIA

“La clave de que en España exista tanta corrupción es la falta de controles públicos”

Su situación de “persecución y desamparo” ha obligado al veterano interventor municipal Fernando Urruticoechea, de baja laboral desde junio de 2016, a trasladarse del ayuntamiento alicantino de Orihuela al murciano de Torre Pacheco para “preservar su salud”.

Urruticoechea, con el premio ‘Llibertat d’Expressió’ de 2016, otorgado por la Unió de Periodistes Valencians | Foto: UPV
Urruticoechea, con el premio ‘Llibertat d’Expressió’ de 2016, otorgado por la Unió de Periodistes Valencians | Foto: UPV

Los interventores municipales son los auditores internos de los ayuntamientos, es decir los encargados de controlar las cuentas de estos para garantizar el buen uso del dinero público, y dependen funcional y económicamente de los alcaldes a los que deben controlar. El economista vasco Fernando Urruticoechea es un veterano interventor municipal, y sabe que “si se quiere medrar profesionalmente, han de cumplirse las instrucciones del alcalde”. Nunca ha sido su caso. También sabe que lo contrario “conduce inevitablemente a la marginación, cuando no a la postergación y al castigo”. Este sí es su caso y el de una “minoría” de secretarios e interventores municipales –reflejados en el documental ‘Corrupción, organismo nocivo’–, “víctimas silenciosas” que no forman parte de ninguna base de datos oficial.

Urruticoechea también sabe que la corrupción municipal está ligada al “caciquismo local”, que se centra “en la contratación administrativa de los servicios y en las obras” y que es “generalizada”, porque la “casta política” no quiere “control efectivo alguno” y su diseño de la intervención municipal resulta “incompatible con sus funciones de control interno”. Y que los corruptores “son privados: personas físicas o jurídicas privadas que actúan normalmente sobre los partidos políticos”. Y que la corrupción “alcanza a todas las instituciones públicas, incluidas la Justicia y los Cuerpos de Seguridad del Estado”. Por eso se presenta como un denunciante contra la corrupción política en “total soledad”. E insiste en que esa corrupción política constituye “un tremendo perjuicio para la mayoría” pero también “un buen negocio para una minoría que no se va a hacer el harakiri y que tiene un tremendo poder económico y político para manipular el diagnóstico y las soluciones”. La soledad marcó sus años de combate contra la corrupción en el ayuntamiento cántabro de Castro Urdiales –que acabaron con numerosos políticos, técnicos y empresarios sentados en el banquillo– y sigue marcando su actual combate contra las irregularidades en el ayuntamiento alicantino de Orihuela.

La corrupción política es un buen negocio para una minoría que no se va a hacer el harakiri y que tiene un tremendo poder económico y político

“La clave de que en España exista tanta corrupción es la falta de controles públicos”, asegura Urruticoechea –premio ‘Último urogallo’, de la asociación ecologista Arca, en 2009 por su lucha contra la corrupción en Castro Urdiales y premio ‘Llibertat d’Expressió’, de la Unió de Periodistes Valencians, en 2016 por su labor en Orihuela–, de baja laboral desde junio de 2016, y es que su salud se ha visto “quebrada” por el “acoso” al que se ha visto sometido por presentar reparos de legalidad siempre que ha debido presentarlos, es decir por “cumplir” con su trabajo. Un acoso –“amenazas, castigos, campañas en prensa…”– que denunció en diciembre de 2015 a Inspección de Trabajo y Seguridad Social, órgano de la Administración del Estado que “no ha hecho prácticamente nada” al respecto, y es que los mecanismos institucionales para la defensa de los funcionarios como él son “inoperantes o lentísimos”. Hasta que Urruticoechea se ha visto obligado trasladarse al ayuntamiento murciano de Torre Pacheco. “Pero no voluntariamente, como a ellos les interesa decir, sino por preservar mi salud ante una situación de persecución y desamparo”, advierte.

El Observatorio de la Ciudadanía contra la Corrupción (OCC), una de las pocas instituciones en las que los funcionarios como él pueden apoyarse, ha denunciado el “vía crucis” que está sufriendo Urruticoechea, objeto de “continuos ataques” por parte del Ayuntamiento de Orihuela “por la simple razón de realizar sus funciones de fiscalización y control de legalidad a través de su análisis y denuncia pertinente”. El OCC ha denunciado asimismo que los ataques públicos y privados de los que ha sido objeto Urruticoechea han provocado su baja y su sustitución por un funcionario “más del gusto de los responsables municipales”. Según el Observatorio, el alcalde de Orihuela, Emilio Bascuñana (PP), y los “concejales que materializan sus decisiones” tienen “dos varas de medir totalmente distintas”: una que “expedienta, denuncia, priva de vacaciones y sustituye en sus funciones” a Urruticoechea por “ejecutar su labor con el celo que le exige la ley” y otra que “premia con dinero de las arcas públicas” a los funcionarios que realizan labores “del agrado del ayuntamiento”.

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