viernes 14/8/20
TRIBUNALES

Un correo electrónico termina en la imputación por prevaricación de dos ex altos cargos del SCS con Real como consejera de Sanidad del PSOE

La ex consejera de Sanidad, María Luisa Real, con Alejandro Rojo
La ex consejera de Sanidad, María Luisa Real, con Alejandro Rojo

Un correo electrónico que la jefa de Contratación del SCS, Inmaculada Rodríguez, remitió a la consejera de Sanidad, María Luisa Real, el 8 de febrero de 2018 denunciando irregularidades en su departamento, fue el punto de partida de lo que este viernes ha finalizado con la imputación de los ex altos cargos Francisco Javier González Gómez y Alejandro Rojo, por un presunto delito de prevaricación administrativa relacionado con supuestas irregularidades en contratos de obras y servicios al considerar que hay "indicios razonables de criminalidad”.

Las denuncias presentadas ante la Fiscalía motivaron la apertura de las diligencias de la investigación contra estos ex altos cargos

El siguiente paso le dieron PP y IU unos meses después -a finales de abril y principios de mayo de 2018- a través de unas denuncias presentadas ante la Fiscalía que motivaron la apertura de las diligencias de la investigación contra estos ex altos cargos durante la etapa de la socialista María Luisa Real como consejera de Sanidad. Con la documentación en manos de la Fiscalía, esta vio indicios de criminalidad en cuatro de los hechos inicialmente denunciados por el PP e IU y se inició un proceso que después de más de un año se ha resuelto este viernes. Estas irregularidades tenían que ver con los contratos menores para el pintado de centros de salud y las obras de ampliación del hospital virtual de Valdecilla; así como la compra de 22 ecógrafos; y las asistencias técnicas del consultor Sáez de Viteri. 

A finales del 2018 declararon en calidad de investigados el exgerente de Atención Primaria del Servicio Cántabro de Salud, Alejandro Rojo, que dimitió ese diciembre; el exgerente del SCS, Julián Pérez Gil, y el exdirector de Gestión Económica, Francisco Javier Gónzález Gómez, quienes hicieron lo propio a finales de mayo de ese mismo año. Del mismo modo, la titular del Juzgado de Instrucción número 5 de Santander, Mercedes Compostizo, también llamó a declarar como investigado al exasesor externo Alvaro Sáenz de Viteri Bello, contratado por los anteriores. Como testigos acudieron otras siete personas, entre ellas, el interventor general del Gobierno, Pedro Pérez  Eslava, y la exjefa de Contratación del Servicio Cántabro de Salud Inmaculada Rodríguez. 

Más de dos años después del detonante de todo esto, aquel correo de la funcionaria del SCS, Francisco Javier González Gómez y Alejandro Rojo han sido finalmente imputados. Al igual que se imputaba en el auto, por el mismo delito, al asesor externo Álvaro Sáez de Viteli, que falleció con posterioridad. En el mismo auto, se acuerda el sobreseimiento provisional y el archivo de las actuaciones respecto de Amaia Sáez de Veteri, hija del fallecido Veteri y a la que desde el SCS también se encargaron trabajos de asesoramiento. También se acuerda el sobreseimiento provisional y el archivo de las actuaciones respecto de Francisco Javier González Gómez y el exgerente del SCS Julián Pérez Gil en relación a las obras ejecutadas en el Hospital virtual, que se incluían en la denuncia de la Fiscalía. Además, se concluye que no da lugar a la declaración testifical de María de los Ángeles Ugarteguru González, propuesta por la representación procesal de la Acción Popular.

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