El Gobierno de Cantabria, a través de sus letrados personados en los procesos judiciales que afectan al las sentencias de derribo en Cantabria, presentan recursos contra los autos del Sala de lo contencioso administrativo del TSJC, "pero no piden la aplicación de los Convenios firmados con los afectados, ni manifiestan su voluntad de que van a destinar las partidas presupuestarias para cumplir con sus obligaciones y responsabilidad patrimoniales, no de eso nada", denuncia AMA. Manifiestan o dejan entrever dudas totalmente injustificables sobre los terceros de buena fe, y "para mayor escarnio" solicitan que se plante la Cuestión de Inconstitucional al artículo 108.3 de la LJCA. "Ley que fue apoya e impulsada por los dos partidos que actualmente forman el Gobierno de Cantabria, y que trata de proteger a esas familias terceros de buena fe. Ver para creer", aseguran desde la plataforma de afectados por los derribos.
Así informa AMA, que afirma: "Sinceramente no nos extraña que los jueces tengan dudas sobre las actuaciones de estas instituciones, incluso vean comportamientos que no son un ejemplo de colaboración con la justicia. Da la sensación que el único objetivo es, otra vez, que pase esta legislatura, y este problema nunca tenga fin, o el fin sea la desaparición poco a poco de los afectados por la muerte vegetativa, ya que el tiempo nos va llevando a todos.
¿Cómo es posible pedir la Cuestión de Inconstitucional por quienes han redactado, negociado y aprobado la ley? ¿Cómo es posible que se intente por todos los medios no asumir las responsabilidades que te corresponden por sentencia firme?
"¿Cómo es posible pedir la Cuestión de Inconstitucional por quienes han redactado, negociado y aprobado la ley? ¿Cómo es posible que se intente por todos los medios no asumir las responsabilidades que te corresponden por sentencia firme?", se preguntan los afectados. Es de justicia reconocer que en los últimos autos los jueces han visualizado a las víctimas en el proceso a través de la 108.3 LJCA, y están pidiendo a quienes son los culpables que asuman sus responsabilidades. "Recordamos que los Ayuntamientos y el Gobierno están condenados por más de 30 sentencias firmes del Tribunal Supremo y del TSJ de Cantabria. No hay mayor injusticia que condenar a las víctimas", aseguran desde AMA.
Después de ver como se alargan los plazos "sine die" en el Proyecto del PORN de la Marismas de Santoña, Victoria y Joyel, así mismo como se plantean ante los jueces la petición de Cuestiones de Inconstitucionalidad y "otras maniobras de dilación o distracción", los afectados por los derribos aseguran que la realidad es que "el sentimiento de preocupación vuelve a invadir a las víctimas de esta grave situación, vuelven a temer que pase el tiempo y los problemas queden sin resolver".
Recordamos que los Ayuntamientos y el Gobierno están condenados por más de 30 sentencias firmes del Tribunal Supremo y del TSJ de Cantabria
"Que se puede pensar de Instituciones de Administración que dicen, que aprueban, que prometen, lo contrario que hacen a escondidas , donde creen que los afectados no lo verán, pero lo que vale, la que tiene trascendencia no son los declaraciones y titulares de prensa diciendo lo mucho que la importa las familias afectadas por esta gran injusticia, lo verdaderamente importante es lo que les dicen a los jueces".
AMA concluye que, "pese a las reuniones periódicas, a la buena comunicación con una parte del Gobierno, y estamos esperando que la Vicepresidenta nos reciba, nunca se nos informa que se van a realizar este tipo de actuaciones jurídicas, y es que con el tema de la Cuestión de Inconstitucionalidad se parece aquello "que pase el tiempo y si es posible que parezca un accidente".
