jueves. 28.03.2024

Varias decenas de personas se han concentrado este domingo para protestar contra los diques que el Ministerio de Medio Ambiente está ejecutando en las playas santanderinas de La Magdalena y Peligros y para pedir a la alcaldesa de Santander, Gema Igual (PP), y al presidente de Cantabria, Miguel Ángel Revilla (PRC), que, por "dignidad política", "paren" la "barbaridad" y el "atentado" que estas obras suponen contra el patrimonio paisajístico de la Bahía.

Así han calificado esta actuación Carlos García y Domingo de la Lastra, quiene este domingo han ejercido de portavoces de la Asociación en Defensa de los Recursos Naturales de Cantabria (ARCA) y el Grupo Alceda, respectivamente, colectivos que se oponen a esta obra dirigida a evitar la desaparición de la arena en estas playas y a garantizar su estabilidad.

Desde estos grupos, que también ponen en cuestión la realidad del problema que supuestamente ha justificado la actuación, se considera que en una zona tan "identitaria" de Santander como su Bahía no se puede actuar de una forma "tan contundente" y creen que, si había que tomar medidas, hay alternativas "más blandas", "progresivas" y "aceptables".

"Hay que dar vueltas a las cosas. Siempre salen cosas. Lo que sabemos y tenemos claro es que así no", ha aseverado De la Lastra, quien considera que la solución no pasa por meter una escollera en medio de la playa.

Además, De la Lastra ha señalado que los dos millones de euros que, aproximadamente, cuesta esta actuación servirían para hacer las labores de mantenimiento de estas playas durante "al menos 30 años".

"Ni el presidente regional ni tampoco la alcaldesa son propietarios de nuestro patrimonio", han asegurado 

RECOGIDA DE FIRMAS Y DEBATES CIUDADANOS

Tanto ARCA como Alceda han iniciado este domingo una recogida de firmas contra esta actuación que serán remitirán a las Administraciones involucradas, y la próxima semana emprenderán una serie de actos en los que varios expertos expondrán su visión del proyecto con el objetivo de generar "un debate tranquilo" sobre este asunto y dar a la ciudadanía la participación que, a su juicio, no se les ha proporcionado desde el Ayuntamiento de Santander.

El primero de estos encuentros será el viernes, 9 de marzo, a las 19:30 horas, en el Club de Regatas.

UNA ACTUACIÓN "NO DEMOCRÁTICA"

"La sociedad santanderina no puede permanecer al margen de una decisión tan trascendental porque es una línea roja” y “si se cruza esto ya es posible cualquier cosa", ha advertido García, quien ha señalado que, aunque la obra la está ejecutando el Ministerio, la propuesta viene del Ayuntamiento.

Tanto el portavoz de ARCA como el del Grupo Alceda consideran que la forma de proceder por parte de la Administración en este asunto es "no democrática". A su juicio, en este asunto no ha existido un proceso de información pública, que a su entender era "necesario", y creen que en todo este proyecto ha habido una "enorme falta de transparencia", tanto en lo que se refiere a los detalles de la actuación, como en cuanto a la presentación de alegaciones.

También consideran que la propia obra se ha comenzado "un poco a traición": "de forma sigilosa y muy rápido". "Es como con una mala conciencia de alguien que va a ocasionar un daño polémico y entonces lo hace rápido siguiendo la estrategia de hechos consumados", ha opinado García.

Desde estos colectivos aún confían en la posibilidad de que los espigones, cuya ejecución ya está en marcha, se retiren y piden que sea "cuanto antes".

"Si lo retiran nos estaremos ahorrando lo que queda de obra y con toda seguridad el daño que está provocando es más caro que retirarlo porque es el mayor recurso económico, ciudadano y de habitabilidad que tiene Santander: la Bahía y su paisaje", ha apuntado.

"Ni el presidente regional ni tampoco la alcaldesa son propietarios de nuestro patrimonio. Somos nosotros los ciudadanos y no se puede negociar con nuestro patrimonio. Ustedes están para mejorar y para conservarlo, no para destruirlo como están haciendo.

García también se ha preguntado por los motivos por los que desde el Gobierno de Cantabria (PRC-PSOE) se retiró el recurso contra esta actuación y se ha cuestionado acerca de qué han negociado y con qué intereses.

Decenas de personas protestan contra el “atentado” al patrimonio paisajístico de la Bahía