miércoles 08.04.2020
VIOLENCIA MACHISTA

Las denuncias por violencia de género se mantienen en Cantabria

Los órganos judiciales encargados de investigar la violencia de género en Cantabria atendieron en 2019 a un total de 1.965 mujeres y registraron 2.004 denuncias
Audiencia Provincial de Cantabria
Audiencia Provincial de Cantabria

Los órganos judiciales encargados de investigar la violencia de género en Cantabria atendieron en 2019 a un total de 1.965 mujeres -1.606 españolas y 359 extranjeras- y registraron 2.004 denuncias, solo cuatro más que un año antes (+0,2%). Estos datos representan una ratio de 65,7 víctimas por cada 10.000 mujeres que residen en Cantabria, inferior a la media nacional que en 2019 fue de 67,3 víctimas por cada 10.000 mujeres.

Fueron condenados 220 hombres en los juzgados de violencia sobre la mujer

Asimismo, fueron condenados 220 hombres en los juzgados de violencia sobre la mujer -por delitos leves o bien porque reconocieron los hechos en la comparecencia previa al juicio rápido-, 197 en el Juzgado de lo Penal -107 de ellos también por conformidad-, uno en la Audiencia Provincial y cinco en el Juzgado de Menores, cuatro de ellos por conformidad. El porcentaje de condenas entre los enjuiciados se situó en un 85,6% en los juzgados de violencia -donde la mayoría de las sentencias se producen por conformidad del acusado- y en un 63,8% en el de lo Penal. En la Audiencia Provincial fue del 50%.

Además, a lo largo del año, los jueces de violencia sobre la mujer acordaron 166 órdenes y medidas de protección, y 58 los titulares de los juzgados de instrucción en funciones de guardia. Todos estos datos se desprenden del informe que trimestralmente difunde el Observatorio contra la Violencia Doméstica y de Género del Consejo General del Poder Judicial, que hoy se ha dado a conocer con información relativa al cuarto trimestre de 2019 y a la anualidad completa.

AUMENTAN LAS QUE PIDIERON NO DECLARAR

De las 2.004 denuncias registradas en los juzgados de violencia sobre la mujer de Cantabria, el 61,3% fueron presentadas por la propia víctima, bien en el juzgado o ante la policía; el 18,7% por servicios asistenciales o terceras personas; el 14% a través de parte de lesiones llegados a los juzgados; el 3,7% por intervención policial directa, y el 2,1% por denuncia de un familiar. En 112 casos, la víctima se acogió a la dispensa legal a la obligación de declarar como testigo, un 14,3% más que en 2018. Esas 112 mujeres representan el 5,7% del total de las que figuran como víctimas. A nivel nacional, las mujeres que se acogen a esta dispensa son el 10,7%.

 En 112 casos, la víctima se acogió a la dispensa legal a la obligación de declarar como testigo

Por otra parte, a lo largo del pasado año se solicitaron en los juzgados de violencia 279 órdenes y medidas de protección, de las que se acordaron 166, el 59%  de todas las pedidas, por debajo de la media (70%). Tales órdenes y medidas de protección y seguridad se tradujeron en 610 medidas judiciales, 482 de carácter penal y 128 de naturaleza civil. Entre las primeras, las más frecuentes fueron el alejamiento de la víctima (168) y la prohibición de comunicación con ella (159), seguidas de la suspensión de la tenencia y uso de armas (91). Además, se acordaron 37 prohibiciones de volver al lugar del delito, quince medidas privativas de libertad y 3 salidas del domicilio. Entre las medidas civiles acordadas destacan 36 sobre prestación de alimentos, 26 sobre atribución de vivienda, 14 sobre suspensión de la guarda y custodia de los hijos, 10 de suspensión del régimen de visitas, una sobre permuta de uso de la vivienda familiar y otra sobre protección de menores.

Por su parte, los juzgados de guardia que atendieron casos de violencia de género recibieron 75 peticiones de órdenes y medidas de protección, de las que acordaron 58. En la mayoría de los casos en los que se solicitaron órdenes o medidas en los juzgados de violencia, la mujer era española y mayor de edad (222 ocasiones). En otras 55 se trataba de mujeres extranjeras mayores de edad y en dos casos eran menores de edad españolas.

En cuanto a los denunciados que figuran en las órdenes de protección solicitadas, 232 eran españoles y 47 extranjeros. En el 54,13% de las ocasiones la relación era afectiva o de matrimonio, mientras que en el 45,88% el vínculo ya estaba disuelto.

DELITOS DE MALOS TRATOS

Los juzgados de violencia de género recibieron 2.385 asuntos, de los que 697 apenas requirieron instrucción y se llevaron por juicio rápido y 84 fueron sobre delitos leves. Se incoaron tres sumarios y un tribunal del jurado, procedimientos empleados para instruir los delitos más graves. El resto de asuntos se llevaron por diligencias previas o procedimiento abreviado, los procedimientos de instrucción más habituales.

La mayoría de denuncias (782) responden a acciones tipificadas en el artículo 153 del Código Penal, esto es, el delito que castiga una conducta que no da lugar a lesión o sólo requiere una primera asistencia médica, cuya condena oscila entre los seis meses y el año de prisión. Otros 273 delitos correspondieron al tipo del artículo 173, que condena aquella actitud persistente que genera un clima de pánico en el entorno familiar. Este delito está penado con una condena de entre seis meses y tres años de cárcel. Además, en 24 ocasiones se tramitó procedimiento que responde al maltrato del artículo 148 y siguientes del Código Penal, preceptos que se refieren a una lesión que requiere una primera asistencia y un tratamiento médico posterior, y cuya pena va de los seis meses a los cinco años de cárcel.

Tramitaron, además, un asunto por homicidio y 352 asuntos por quebrantamiento de condena

Por otro lado, los juzgados de violencia de Cantabria tramitaron un asunto por homicidio, 352 asuntos por quebrantamiento de condena, 210 por quebrantamiento de medida, 181 por delito contra la libertad, 42 por delito contra la integridad moral, 21 por delito contra el honor, seis por delito contra la indemnidad sexual, cuatro por delito contra la intimidad y la propia imagen y otros cuatro por delito contra los derechos y deberes familiares. En cuanto a los delitos leves, se registraron 53 procedimientos por injurias y 17 por vejaciones injustas.

Además, las denuncias presentadas ante los juzgados de violencia de género también dieron lugar a la apertura de 204 procedimientos civiles, de los que 76 eran divorcios, 64 eran sobre guarda y custodia de hijos de parejas no casadas, 45 eran relativos a la modificación de medidas acordadas en sentencia, 18 sobre liquidación del régimen económico-matrimonial, tres eran de separación, dos sobre filiación y otras dos sobre oposición a la resolución administrativa en la protección de menores. 

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