Lunes 20.08.2018
SOCIEDAD

Detenido el empresario Juan Muñoz, marido de Ana Rosa Quintana, acusado de contratar a Villarejo para extorsionar

Ana Rosa Quintana y Juan Muñoz
Ana Rosa Quintana y Juan Muñoz

El empresario Juan Muñoz –marido de la periodista Ana Rosa Quintana–, su hermano y su abogado han sido detenidos hoy martes por agentes de la Policía Nacional en relación con la investigación abierta por el juez de la Audiencia Nacional Diego de Egea por su presunta relación con el comisario jubilado José Manuel Villajero. Según han informado a Europa Press fuentes policiales y jurídicas, los tres han sido arrestados por contratar supuestamente al expolicía para extorsionar. Las fuentes consultadas han explicado que las tres detenciones se han producido tras la apertura el viernes pasado, por parte del magistrado de refuerzo del Juzgado Central de Instrucción número 6, de una nueva pieza, denominada 'Pintor', dentro de la causa general por la que fue detenido Villarejo en noviembre de 2017 y por la que lleva en prisión provisional desde entonces. Los presuntos delitos por los que los detenidos han sido arrestados son extorsión, descubrimiento y revelación de secretos. Los tres son considerados antiguos clientes del comisario jubilado, al que habrían contratado para hacer seguimientos a una persona con la finalidad de extorsionar. Además de los arrestos, en el curso de la operación, acometida a instancias de la Fiscalía Anticorrupción tras la apertura de la pieza, se han producido un total de siete registros en las localidades andaluzas de Marbella y Sotogrande, además de en Madrid.

La causa que instruye el juez De Egea se ha ramificado hasta el punto de que ya tiene seis piezas diferentes

La pieza 'Pintor' es la número 6 de la causa que se abrió con la 'operación Tándem' en la que se detuvo a Villarejo, su abogado Rafael Redondo y el excomisario jefe de Barajas Carlos Salamanca por cohecho, blanqueo de capitales y organización criminal. El magistrado instructor archivó la investigación contra Salamanca a mediados de julio y precisamente ayer cerró otras causas abiertas contra antiguos clientes de Villarejo correspondientes a otras dos piezas del caso. Una de las piezas es la denominada 'Iron', que investigaba a cuatro directivos de un despacho de abogados que contrataron presuntamente los servicios del expolicía para hacer un informe de seguimiento de varios antiguos socios. El juez considera que los letrados no conocían ni la condición ni los métodos de Villarejo. En una tercera pieza, la denominada 'Land' y que continúa bajo secreto, estaban imputados tanto el comisario como los dueños de la lujosa urbanización de Pozuelo de Alarcón (Madrid) La Finca, Francisco Lorenzo Peñalver y Susana García Cereceda. De Egea ha decidido archivar la investigación contra estos dos últimos. A pesar de la desimputación de los clientes de Villarejo, las piezas 'Iron' y 'Land' continúan abiertas, ya que tanto el comisario como su abogado Rafael Redondo continúan siendo investigados por los encargos que habrían realizado. Igualmente, la pieza que afectaba a Carlos Salamanca, en la que se acusaba a éste de aceptar múltiples pagos y regalos a cambio de hacer gestiones en el aeropuerto y permitir el acceso de personas de origen ecuatoguineano sin visado ni controles, continúa abierta, ya que el empresario Francisco Menéndez Rubio sigue investigado. Por tanto, la causa que instruye el juez De Egea se ha ramificado hasta el punto de que ya tiene seis piezas diferentes. La quinta, denominada 'Carol', es la que se abrió el 20 de julio y está referida a un encargo que habría hecho la princesa Corinna zu Sayn-Wittgenstein al comisario Villarejo, tal y como se extrae de las grabaciones de dicha conversación y que se han publicado en varios medios de comunicación. Según publicó Voz Pópuli, dicho encargo habría sido ayudar a un diputado británico del Partido Conservador, amigo de Corinna, que habría sido investigado por la Hacienda española. En el encuentro entre el expolicía y Corinna, que tuvo lugar en Londres en 2015, la consultora germano-danesa revelaba también que el rey Juan Carlos I tenía cuentas en Suiza y cobraba comisiones ilegales por conseguir contratos.

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