La vicepresidenta autonómica, Eva Díaz Tezanos, ha reconocido la "discrepancia" existente entre los dos socios de gobierno, PSOE y PRC, sobre cómo paliar la inseguridad jurídica derivada de la anulación del Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) de Santander, pero cree que es algo "natural y normal". Díaz Tezanos, en cuya Consejería se enmarcan las competencias de Urbanismo, ha destacado este martes a preguntas de la prensa que la discrepancia se deriva de que la parte del PSOE del Gobierno autonómico no está de acuerdo en dar solución a la nulidad del PGOU en la Ley de Acompañamiento de los Presupuestos de Cantabria para 2017 como pide el Ayuntamiento, y sin embargo el PRC sí apoya esa vía para atajar la situación. "El PSOE y la Dirección General de Urbanismo pensamos de una manera y el socio de gobierno [PRC] piensa de manera distinta, pero es algo normal y ya se produjo en la pasada legislatura", ha dicho, y en este sentido ha recordado que el PRC apoyó la Ley de Autorizaciones Provisionales con el PP mientras que el PSOE votó en contra, una posición diferente que también tuvieron PSOE y PRC cuando se aprobó el PGOU de Santander.
Para Díaz Tezanos, en Cantabria "llevamos mucho tiempo legislando a la carta y haciendo un urbanismo a la carta y no hemos solucionado ningún problema sino todo lo contrario, los hemos empeorado". En este sentido, se ha referido de nuevo a la ley de Autorizaciones Provisionales que se ha declarado inconstitucional o a la depuradora de Vuelta Ostrera que deberá derribarse. Un problema que "tenemos también con planes generales que han sido anulados", como los de Santander o Laredo, por lo que cree que, como el Gobierno está para garantizar la seguridad jurídica, debe dar "una solución definitiva a todo ello huyendo de atajos e improvisaciones", y ha insistido en que para ello se está elaborando la nueva Ley del Suelo. Pero en cualquier caso y dadas las discrepancias entre PRC y PSOE, esta cuestión "se resolverá en el Consejo de Gobierno", ha avanzado, aunque ha recordado que los propios servicios jurídicos de Urbanismo son los que han dicho que modificar la Ley de Acompañamiento "no es la mejor solución", y lo han hecho, según Díaz Tezanos, con "dos argumentos contundentes". El primero, que los servicios jurídicos del Gobierno han pedido al Tribunal Supremo una aclaración de sentencia y "no hay que poner el carro antes que los bueyes"; el segundo, que se está elaborando la nueva Ley del Suelo, y Urbanismo cree que es en ésta donde se debe dar solución a todas las situaciones urbanísticas, incluido el PGOU de Santander.
