La vicepresidenta regional, la socialista Eva Díaz Tezanos, y el consejero delegado de Sodercan, Salvador Blanco, comparecerán en comisión parlamentaria este viernes, 4 de noviembre, a partir de las 9.30 horas, para informar sobre la auditoría que realizó la Intervención de la CC.AA en la sociedad pública de desarrollo regional y que detectaba "incumplimientos" en materia de contratación y convenios durante la anterior etapa de Blanco al frente de ella.
Un día antes, el jueves 3, comparecerá a petición propia el consejero de Innovación, Industria, Turismo y Comercio, Francisco Martín (PRC), para informar sobre la Estrategia de Innovación de Cantabria.
Comparecerán en comisión parlamentaria este viernes, 4 de noviembre, a partir de las 9.30 horas
La comparecencia de Díaz Tezanos y Salvador Blanco, aprobada por unanimidad, ha sido solicitada por Podemos. El partido morado, que dio a conocer en mayo el informe de auditoria de Sodercan, relativa al periodo 2008-2011, ha exigido la destitución de Salvador Blanco como condición irrenunciable para apoyar el presupuesto de 2017.
El informe se basa en el análisis de una veintena de expedientes de contratación por un importe licitado de casi 2,5 millones y 39 convenios, en los que se detectan "incumplimientos", a la vez que se plantean dudas sobre varias inversiones en empresas y el control de las mismas.
Según se indica en el informe, de 233 páginas más anexos, los trabajos de campo de la auditoria se comenzaron a realizar en 2011 por parte de la Intervención General de la comunidad autónoma, emitiéndose un informe provisional en junio de 2012 y el definitivo en septiembre de ese mismo año tras un periodo de alegaciones, en el que no se presentó ninguna ni por parte de la Consejería de Industria, ni de Sodercan ni de Blanco.
El informe se basa en el análisis de una veintena de expedientes de contratación por un importe licitado de casi 2,5 millones y 39 convenios, en los que se detectan "incumplimientos"
Desde Sodercan se aseguró que la Intervención General se había limitado a hacer un "calco" y "copiar textualmente" la auditoria ordenada por Miguel Cabetas, el sucesor de Blanco nombrado en el verano de 2011 por el entonces entrante Gobierno del PP. Se aseguró desde la sociedad pública que la Intervención General no realizó la auditoria sino que "asumió" como propia la realizada por la empresa externa.
El contenido de la auditoría
El informe advierte de "incumplimientos" en los documentos preparatorios de contratos que "impiden evaluar con objetividad la eficacia, eficiencia y economía alcanzada con los mismos" y en su autorización; "debilidades" de control interno sobre la elaboración de los pliegos del contrato o su autoría y "fraccionamientos" en el objeto de los mismos.
En este aspecto, se señala que hay varios pliegos firmados por personas que, según las normas internas de la Sodercan, "no tenían tal competencia" para hacerlo. También ve "debilidades manifiestas" en el funcionamiento de las Comisiones de Contratación en algunos expedientes o ausencia en algunas de ellas de personas del departamento jurídico.
Además, se ponen de manifiesto "incidencias" en la selección de los adjudicatarios de algunos contratos, lo que --dice la auditoria-- "implica que "no se tenga la seguridad razonable para evidenciar que se hayan garantizado por Sodercan" los principios de publicidad, concurrencia, transparencia, confidencialidad, igualdad y no discriminación.
También ve "debilidades manifiestas" en el funcionamiento de las Comisiones de Contratación en algunos expedientes o ausencia en algunas de ellas
Concretamente, se cita que "no se tiene evidencia suficiente, pertinente ni válida para determinar que la adjudicación de contratos ha recaído en la oferta económicamente más ventajosa". Otros puntos en los que los auditores ven pegas es que "no se garantiza" en algunos de ellos la "concurrencia adecuada" o el principio de transparencia.
Se alude, además, a "importantes debilidades" de las normas internas de la entidad en materia de contratación, las cuales --dice-- "no resultaban válidas, completas ni inadecuadas".
En la auditoria se afirma, además, que, examinadas las escrituras de poder otorgadas en el periodo analizado, "diversas personas tenían otorgados poderes que les permitían tener amplias facultades para celebrar, contraer y autorizar todo género de contratos y disponer de fondos de Sodercan por medio de cualquier instrumento de pago.
En la auditoria se analizan también 39 convenios suscritos por Sodercan, en algunos de los cuales se aprecia "incumplimientos significativos de legalidad" y se señala que algunos de ellos "no guardan relación" con el objeto social de Sodercan.
También cuestiona algunas inversiones realizadas por Sodercan en empresas participadas por ella, entre ellas GFB o Greyco o Gas Energía Distribución Cantabria. Así, se alude a la "ausencia de informes preliminares" sobre la viabilidad de la inversión o su cuantía, "indefinición" de los objetivos y del modo en que se contribuye con ellos al desarrollo de Cantabria.
Además, se alude a "debilidades manifiestas" en el control interno por parte de Sodercan de las empresas participadas en relación a las inversiones.
La reacción de Blanco
Tras conocerse la auditoria, Blanco compareció en rueda de prensa y desacreditó la mima pues, a su juicio, está "viciada en origen" porque se "hurtó" documentación a los interventores para realizarla.
Las incidencias a las que en ella se aluden responden a prácticas susceptibles de mejora y no a incumplimientos legales
Además, subrayó que las "incidencias" a las que en ella se aluden "responden a prácticas susceptibles de mejora y no a incumplimientos legales".
Afirmó que en esa auditoria se sacan "conclusiones que no responden a la realidad" y ha opinado que en ella la Intervención General, "probablemente dirigida por la dirección de Sodercan" nombrada por el PP, la realizó con "escaso rigor" y para ella se usaron informaciones "parciales y sesgadas".
Blanco aclaró tras esta afirmación que no echa la culpa de la auditoria a la Intervención General sino al hecho de que a ésta se le "hurtó" toda la información para realizarla.
También argumentó que en la auditoria de la Intervención aparecen como "recomendaciones" medidas que ya estaban "implementadas" y que puso en marcha desde su llegada en 2008 para "poner fin al funcionamiento" de Sodercan como si de un "reino de taifas" se tratara.
