La reforma de la legislación que afecta a la regulación de las sentencias de derribo ha generado numerosas reacciones dentro y fuera del ámbito jurídico. Pero precisamente han sido las opiniones expresadas por los miembros de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Cantabria (TSJC) las que más dolor han causado a los afectados por sentencias de derribo.
En un comunicado, la Asociación AMA ha transmitido el “dolor, malestar e irritación que produce ver declaraciones de algún magistrado en los medios de comunicación dudando de la buen fe de los ciudadanos”.
Los afectados, que respetan “profundamente todas la instituciones y personas”, consideran que dichas afirmaciones “ponen una sombra de duda inaceptable” que produce un “profundo daño a muchas familias”.
"El mayor problema es cuando pasan décadas y los culpables no tienen ninguna pena, y la víctimas ninguna solución”, ha denunciado la asociación
Asimismo, AMA ha manifestado su “sorpresa por las palabras de magistrados” que cuestionan, incluso, “situaciones juzgadas” por la propia Sala de lo Contencioso-Administrativo. A su juicio, estas declaraciones “crean alarma social e irritan y hacen daño a familias que llevan 20 años sufriendo la injusticia”.
Injusticia que los afectados achacan, entre otras causas, a la “incapacidad de esa Sala para reparar el daño causado”. “No podemos comprender que haya personas y mucho menos algún magistrado que pueda manifestar públicamente, incluso ni en privado, que los ciudadanos tenemos que saber si una vivienda es legal, por su situación, altitud, o color de la madera de sus ventanas”, han opinado los afectados.
Acto poco afortunado
AMA ha recordado que “la declaración de legalidad en un Estado de derecho la realizan los órganos competentes”, que en este caso han generado el problema al certificar “una realidad que después se demuestra que no es ajustada a derecho”. “Y el mayor problema es cuando pasan décadas y los culpables no tienen ninguna pena, y la víctimas ninguna solución”, ha denunciado la asociación.
Es por ello que considera un “acto poco afortunado poner la sombra de la duda” sobre los ciudadanos cuando los actos ílicitos son los “cometidos por los Administraciones Públicas”.
La asociación ha reclamado una aclaración de estas palabras, máxime “cuando el Parlamento de Cantabria, por unanimidad, instó a pedir perdón a las instituciones por el grave daño producido a las familias”.
“Después de leer las declaraciones de algún miembro de la Sala sobre temas que nosotros creemos que están incluso ‘sub judice’, nos preocupa y mucho, una posición tan negativa”, ha comunicado AMA, que siempre había considerado que “los jueces hablaban por sus resoluciones, pero ahora además da la sensación que también 'algunos' quieren realizar la doble función de juez y legislador”.
Carácter patológico
Los afectados por sentencias de derribo han criticado la “inquina con la que se manifiestan contra las medidas legislativas que pretenden dar soluciones a los afectados”, lo que consideran que podría “tener ya un carácter patológico”. “Podemos entender que haya pros y contras, que todo es interpretable, más en el campo jurídico donde la líneas de esa interpretación tienen una parte de discrecionalidad, pero reconocemos que nos sentimos atacados ante cualquier iniciativa que realizamos para solucionar el grave problema que tiene este colectivo”, han denunciado.
AMA ha criticado la “inquina con la que se manifiestan contra las medidas legislativas que pretenden dar soluciones a los afectados”
En el comunicado califican de “provocación” decirle a las familias “que llevan más de dos décadas que no han sufrido una daño real”, cuando la realidad es que su vivienda “ha perdido todo el valor hipotecario” y no pueden realizar reparaciones importantes, ni siquiera aunque su vida dependa de esos recursos.
AMA también ha recordado a las “79 personas fallecidas de nuestro colectivo que nunca verán ya una solución”.
“Queremos mostrar nuestro agradecimiento a aquellos jueces que, mostrando su sensibilidad y utilizando las herramientas que el derecho les facilita, están impidiendo que familias que están en viviendas de protección oficial se vean en calle”, ha expresado la asociación, que ha asegurado no querer “ningún enfrentamiento con ninguna institución, sino la colaboración con todas ellas” desde el “respeto mutuo, y trabajando en la búsqueda de soluciones”.
Eso no impide que el colectivo siga “defendiendo nuestro derecho y nuestra razón en todos los ámbitos que nos sea posible dentro de la legalidad vigente”. “Lamentamos que los culpables de las graves situaciones que sufren cientos de familias el Gobierno de Cantabria y Ayuntamientos estén callados en público, como si este tema no fuera con ellos”, ha concluido AMA.
