Las asociaciones ecologistas Ecologistas en Acción y Arca han denunciado que el Gobierno de Cantabria "ha infringido" la normativa del Parque Nacional de Picos de Europa, al modificar funciones y horarios de trabajadores sin contar con el resto de las comunidades autónomas que integran este espacio protegido, vulnerando la gestión coordinada del mismo.
En un comunicado conjunto, ambas organizaciones recuerdan que desde 2010 Castilla y León, Asturias y Cantabria acordaron, junto con el Estado, que el Parque funcionaría mediante una fórmula de gestión denominada Consorcio Interautonómico, que "no llegó a consolidarse" aunque los trabajadores de las tres comunidades mantuvieron la organización interna. Sin embargo, denuncia que en marzo de 2017 el Gobierno de Cantabria unilateralmente "ha quebrantado de manera grave" este modelo de gestión, sentando un precedente que puede suponer el inicio de un camino que lleve a la desintegración del Parque o al menos a la creación de tres parques diferentes con una misma denominación, cada uno bajo la dirección de su propia comunidad, "rompiendo así la unidad de gestión de un espacio ecológico único e indivisible".
Según dicen, este camino que Cantabria está abriendo se inició en febrero de este año cuando "a golpe de instrucción interna" ha modificado funciones, horarios y la dependencia funcional de los trabajadores de la vertiente cántabra, "vulnerando" el convenio colectivo de los trabajadores y la normativa de gestión unitaria del Parque Nacional. Además, señalan, ha disminuido de ocho a uno el personal del área de conservación con funciones de vigilancia en Cantabria "sin necesidad ni justificación alguna" e incrementado de ocho a 15 los trabajadores del área de uso público, cuando la prioridad de los parques nacionales supuestamente es la conservación de sus valores naturales. "Y todo ello con el silencio explícito de los codirectores del Parque Nacional y de las otras comunidades autónomas", aseguran. Se preguntan por ello si con esta decisión "se inicia un camino hacia la desintegración" del parque nacional, porque "Cantabria pretende marcar el camino saltándose todos los trámites necesarios y sin hacerlo por la vía reglamentaria", añaden.
A su juicio, la Dirección General de Medio Natural "está infringiendo la ley" y por ello los trabajadores han tenido que recurrir a los tribunales, puesto que los Estatutos del Consorcio indican que cualquier modificación en las condiciones laborales del personal debe hacerse a propuesta del Comité Técnico y ser aprobada por la Comisión de Gestión. "Además, por si fuera poco, la instrucción vulnera de forma flagrante el estatuto de los trabajadores", aseguran. Los ecologistas advierten además de que todo ello se traducirá a corto plazo en "cambios drásticos" en el funcionamiento interno del parque, en una "merma" en la vigilancia del espacio y en la "interrupción" de los trabajos de seguimiento de especies y hábitats que venían realizándose desde hace casi 20 años. Y a medio y largo plazo provocará, a su juicio, un "desigual" funcionamiento en las tres vertientes del parque y la aplicación de diferentes criterios de gestión según la provincia.
Por todo ello, denuncian que Cantabria "ha sentado un peligroso precedente y con ello pretende materializar la ruptura" del parque si en los próximos meses no lo remedian las otras dos comunidades, o en última instancia, el Estado. Por ello, insta al organismo autónomo Parques Nacionales y al Ministerio de Medio Ambiente a mediar en el proceso para seguir garantizando una "gestión uniforme" y no permitir que en ninguna de las vertientes de este espacio protegido se abandonen los trabajos de conservación y la vigilancia del medio natural.
