El sobreseimiento provisional y el archivo de la causa por la matanza de cinco lobos durante una cacería en Camaleño en diciembre de 2013 ha generado muchos recelos entre diversos grupos ecologistas. A las críticas vertidas por varios grupos ecologistas de España cuando el pasado domingo, 18 de octubre, se dio a conocer la noticia, se suman ahora las palabras de Ecologistas en Acción Cantabria, que ha dejado claro que no están “para nada conformes” con la decisión de la jueza de que “no sea delito”.
En declaraciones a eldiariocantabria.es, fuentes de la asociación ecologista han denunciado que existe “mucho oscurantismo” en la caza del lobo y, en concreto, en este caso, en el que han estado imputados un agente del SEPRONA de la Guardia Civil y otros cuatro cazadores. Los ecologistas han recordado que, aunque “no lo consideran delito penal”, el proceso judicial “seguirá la vía administrativa”, en la que han asegurado que es una “infracción grave”. En este sentido, tienen esperanzas de que la sentencia pueda conllevar “incluso inhabilitaciones”.
Tanto la magistrada como el fiscal entienden el caso en este sentido, pues existe una "extralimitación de lo autorizado". Y aunque se argumenta que no es un supuesto de caza furtiva, al tratarse de una cacería autorizada de jabalí en la que se podía matar un lobo, Ecologistas en Acción ha recordado que “se mataron seis lobos, cinco de ellos sin permiso”.
A juicio de los ecologistas, la sentencia “no tiene en cuenta el número de animales” ni el hecho de que era un grupo familiar que formaba “parte del seguimiento del Parque Nacional Picos de Europa.
Directiva Hábitat
Como ha explicado la asociación, el Gobierno modificó la legislación para tratar de regular la cacería de esta especie considerada cinegética por la Directiva Hábitat europea. Sin embargo, dicha modificación no mejoró la situación, por lo que “en 2015 ha vuelto a modificarse”, especificando que “no se pueden cazar a no ser que el Director General mande una comunicación concreta” que autorice a un lobo en cada batida.
“Es una solución intermedia, pero es incluso peor”, han asegurado fuentes de Ecologistas en Acción, pues los controles de población no son todo lo habituales que deberían ser, y además “no se publicitan”, por lo que no existe un seguimiento constante de la población del lobo.
Ecologistas en Acción Cantabria ha denunciado que, aunque el sobreseimiento del caso afecta solo a cinco miembros de la batida, en realidad “son 50 personas y 30 perros” los que estuvieron en esa “batida de caza deportiva”, entre los que afirman que se encontraba el alcalde del municipio. En este sentido, han denunciado que “el máximo responsable” de lo ocurrido es “el jefe de la cuadrilla, que es hermano del alcalde”.
Según fuentes de la asociación, el alto número de integrantes de la partida de caza y el espacio abierto en el que se desarrolló la cacería impiden una supervisión por parte de los responsables del parque.
Recurso en la Audiencia Provincial
A pesar de que el proceso sigue la vía administrativa, la decisión de la jueza en la vía penal ha sido recurrida en la Audiencia Provincial por Ecologistas en Acción y la Asociación para la Conservación y Estudio del Lobo Ibérico (ASCEL), dos de los colectivos ecologistas que denunciaron la matanza ante la Fiscalía.
Ambos sostienen que la caza de cinco lobos fuera del cupo autorizado para la batida "no es una extralimitacion", sino una conducta "expresamente prohibida" por la normativa regional, que establece que la caza de esta especie es "excepcional". Su recurso ha sido rechazado por la jueza instructora por lo que han presentado recurso de apelación ante la Audiencia Provincial.
Como ha reiterado la asociación ecologista de Cantabria, los lobos abatidos formaban parte de un mismo grupo reproductor que criaba de forma habitual en la vertiente leonesa del puerto de San Glorio y que formaba parte de los grupos reproductores atribuidos al Parque Nacional de Picos de Europa.
Según Gedemol, este grupo reproductor quedó "totalmente aniquilado" ya que además de los cinco lobos muertos encontrados el 19 de diciembre, otros tres ejemplares fueron abatidos en octubre de ese mismo año 2013 en un monte del pueblo de Cosgaya.
Los ecologistas aseguran que se trataba de una manada "de las menos conflictivas", en lo que se refiere a ataques al ganado, y que, por su área de campeo, jugaban un papel "impagable" en el control de los ungulados salvajes, especialmente ciervo, en los hayedos leoneses y de Camaleño, ayudando a conservar la biodiversidad del Parque Nacional.
