Martes 25.09.2018
TRIBUNALES

La Fiscalía incoa diligencias de investigación penal por las obras de las escolleras en La Magdalena

El Ministerio Público ya abrió hace poco más de un mes diligencias de investigación por otra denuncia del abogado Javier Gómez-Acebo

Protesta contra las escolleras de la playa de La Magdalena
Protesta contra las escolleras de la playa de La Magdalena

La Fiscalía de Cantabria ha incoado diligencias de investigación penal por “afectación de yacimiento arqueológico por la construcción de escolleras” en la santanderina playa de La Magdalena, según consta en un auto firmado por la Fiscal Superior de Cantabria, Pilar Jiménez, y fechado el pasado 26 de abril en Santander. La Plataforma Salvar La Magdalena ha publicado este miércoles el auto, que establece que las diligencias de investigación se incoan “con el fin de proceder al esclarecimiento de los hechos”.

Las diligencias de investigación han sido incoadas por una segunda denuncia contra las escolleras que está construyendo el Ministerio de Medio Ambiente, en este caso por afectar a un yacimiento arqueológico perteneciente a un antiguo embarcadero romano. Hace poco más de un mes, la Fiscalía ya abrió diligencias de investigación en relación a la denuncia presentada por el abogado Javier Gómez-Acebo, miembro de la plataforma Salvar la Magdalena, por “irregularidades” en el proceso seguido en el proyecto. El letrado pide que se investigue la probable comisión de un delito contra el medio ambiente en esta actuación, orientada a la estabilización de los arenales mediante la construcción de dos escolleras, una frente al Balneario de la Magdalena y otra junto al dique de Gamazo.

Este proyecto del Ministerio de Medio Ambiente ha generado una gran polémica por su impacto visual, está siendo objeto de continuas acciones de protesta y el Parlamento de Cantabria ha aprobado dos resoluciones pidiendo su paralización, promovidas por PRC y Podemos y aprobadas con el apoyo de todos los partidos salvo el voto en contra del PP, que gobierna en Santander y en España.

Para el experto en la gestión de Obra Pública y Doctor en Derecho Jesús Antonio Rodríguez Morilla, "existe poca luz" sobre este proyecto a raíz de las protestas de los ciudadanos. "Verdaderamente llama la atención la incoación de diligencias de investigación penal", ha asegurado a este medio, defendiendo la conservación de la cultura y el patrimonio arqueológico cántabro que podría ser dañado por las obras. A su juicio, "no es de extrañar tanta resistencia de santanderinos y cántabros", pues "aún no se ha rasgado públicamente el velo que puede cubrir esa parte de la Historia cántabra".

Por ello, Rodríguez Morilla considera que "la presencia de la Fiscalía tranquiliza", y lo que ahora debe conocerse es "si nos encontramos ante una causa objetivamente imprevisible" o, por el contrario, un proyecto que "ha debido tener la obligación contractual de redactar un proyecto viable" que prevea "posibles incidencias posteriores" con arreglo a la ley.

Así, considera que las últimas informaciones sobre la afectación del yacimiento y el aumento de la longitud de los espigones plantea varias preguntas: "¿Quién redactó el proyecto? ¿Fueron necesarios estudios previos? ¿Se requirió a la Dirección General de Patrimonio? ¿Se manifestará la Dirección Facultativa? ¿Qué dice el contratista? ¿Y Medio Ambiente?". Preguntas que, según explica, podrán "disipar la neblina y nubarrones que se ciernen sobre la Magdalena".