lunes 06.04.2020
TRIBUNALES

La Fiscalía no recurrirá la sentencia del caso Proconor

Una imagen del juicio del caso Proconor
Una imagen del juicio del caso Proconor

La Fiscalía de Cantabria ha anunciado que no recurrirá la sentencia dictada por el Juzgado de lo Penal número 3 de Santander sobre el caso Proconor, dado que la misma acoge de forma "prácticamente íntegra" las peticiones realizas por el Ministerio público.

En un comunicado, la Fiscalía recuerda que la sentencia, que se conoció ayer y que condena a siete meses de cárcel por prevaricación urbanística al exalcalde de Castro Urdiales, Fernando Muguruza, y la ingeniera municipal, coincide con sus peticiones para los acusados, salvo la solicitud de condena de los ex concejales Santiago Vélez y Víctor Echevarría, a los que absuelve. Además, y "en consonancia" con lo solicitado por la Fiscalía, añade, la sentencia establece que el Ayuntamiento de Castro Urdiales, deberá restablecer la legalidad urbanística infringida, por los medios legalmente previstos al efecto. Destaca igualmente "el papel de la representante del Ministerio Fiscal", que tras una "amplia y compleja" instrucción, presentó escrito de acusación al considerar que los hechos eran presuntamente constitutivos de un delito de prevaricación, un delito continuado de prevaricación genérico y un delito de prevaricación urbanística. Por ello, informa de que, tras el estudio de la sentencia, "dado que la misma acoge prácticamente de forma íntegra las peticiones realizadas por el Ministerio Fiscal", salvo la solicitud de condena de Santiago Vélez y Víctor Echevarría, "no va a proceder a interponer recurso frente a la misma por estimarla ajustada a derecho".

La sentencia del Juzgado de lo Penal ha condenado a siete meses de cárcel y cuatro años de inhabilitación al ex alcalde de Castro Urdiales, Fernando Muguruza, y a la ingeniera municipal, Carmen Villanueva, por un delito continuado de prevaricación urbanística. Asimismo, ha condenado por el mismo delito a otros once ex concejales a penas que oscilan entre los tres años y seis meses y los dos años y seis meses de inhabilitación especial para empleo y cargo público.

Este caso investigaba el desarrollo urbanístico de la zona de Santa Catalina por la invasión de terreno público con motivo de la construcción por Proconor de un edificio de 51 viviendas y su vial de acceso en la zona situada junto al polideportivo Pachi Torre. El fallo fue dictado el pasado 30 de diciembre de 2019 y contra él cabe recurso de apelación ante la Audiencia Provincial de Cantabria en el plazo de diez días hábiles a partir del siguiente a la notificación.

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