miércoles 18.09.2019
CANTABRIA

El Gobierno lleva a la Fiscalia el caso Ecomasa-Nestor Martin por el desvío de 18 millones aportados por el Ejecutivo del PP

La auditoría aprecia indicios de delito en la desaparición de los 21,2 millones invertidos en la empresa, de los que 3,2 son de los trabajadores.

Diego dice que su Gobierno asumirá los "errores cometidos en la gestión". 

Ignacio Diego, durante su visita a Nestor Martin
Ignacio Diego, durante su visita a Nestor Martin

El cierre de la empresa Ecomasa, gestora de la fábrica de estufas de Maliaño Nestor Martin, ha supuesto la desaparición de 21,2 millones de euros. De ellos, 18 pertenecen a la inversión que realizó el anterior Gobierno del ‘popular’ Ignacio Diego. El resto es de los trabajadores despedidos de Teka, que invirtieron los 3,2 millones de sus indemnizaciones en este proyecto, convencidos por el propio Gobierno del PP.

El actual Ejecutivo PRC-PSOE ya había adelantado durante los últimos días que, en función del resultado de la auditoría encargada a Ernst&Young para “esclarecer cuál ha sido el destino de los 21,2 millones de euros de esta operación", se tomarían las medidas oportunas. Dichas medidas han sido anunciadas este jueves por la vicepresidenta regional, y pasan por llevar el caso ante la Fiscalía de Cantabria, al apreciar indicios de delito. Una denuncia que se formalizará en las próximas horas.

Además de las posibles responsabilidades, Díaz Tezanos ha considerado que "hay responsabilidades políticas por las decisiones tomadas y por como se han ido adoptando", por lo que ha dicho que tanto ella como los ciudadanos de Cantabria "esperan las explicaciones de quien fue el principal valedor e impulsor del proyecto, el señor Ignacio Diego".

Conclusiones de la auditoría

Las conclusiones de la auditoria señalan una fuga de capitales progresiva de la empresa entre los años 2012, fecha de su constitución, y 2015, a un entramado de sociedades creado por Andrés de León y Jesús Lavín. El informe indica que la empresa EWI, sociedad propietaria de la factoría de Maliaño, "ha registrado salidas netas de efectivo hacia otras empresas del Grupo Ecomasa, y vinculadas a los señores Andrés de León y Jesús Lavín, por importe de 11,8 millones de euros", desde la constitución de la empresa.

Además, asegura que, a 30 de agosto de 2015, EWI "está financiando a otras empresas vinculadas a De León y Lavín con un importe equivalente a 1,16 millones de euros desde 2013", un dinero "no recuperado hasta la fecha".

Los auditores determinan que, además, EWI ha comprado y pagado elementos de inmovilizado, es decir, la maquinaria de Ecomasa, a la empresa Maenor, propiedad de Jesús Lavín, por importe de 2,46 millones, con salidas de efectivo en 2012 y 2013.

También se indica que el Grupo Ecomasa realizó en 2012 una inversión neta por importe de 3,5 millones de euros en la compra del Grupo Wanders basándose en "informes financieros incompletos", y dice que "esta inversión ha resultado ruinosa para la sociedad y el Grupo, que compraron para hacer la comercialización de las estufas, se encuentra actualmente en liquidación por las pérdidas en 2012 y 2013".

Otras actuaciones que, según Díaz Tezanos, "suscitan las reservas de los peritos" son las salidas de fondos en concepto de préstamos a empresas vinculadas a De León y Lavín por importe de 3,9 millones de euros y que "se han compensado en parte con otras operaciones".

Operaciones como la compra de participaciones de Chimeneas Barcelona por valor de 898.000 euros, la adquisición por parte de EWI de la marca Somen Fire por importe de 1,8 millones de euros mediante compensación de saldos o con la ampliación de capital de una empresa de Chile con la que "se compensó la deuda a favor de EWI por un préstamos participativo concedido en diciembre de 2013 por importe de 500.000 euros".

Inversiones de Lavín y De León

Díaz Tezanos ha criticado que, con estas operaciones, "se pierde la esencia de la actividad de EWI puesto que se prioriza la financiación de otras empresas del Grupo, dejando en un segundo plano la idea principal del proyecto que era crear un planta productiva en Cantabria que generara empleo local e impulsara la actividad económica regional".

Además, ha denunciado que, desde abril de 2012, Lavín y De León han aportado a Ecomasa fondos por valor de 226.000 euros. "Esta es su máxima aportación frente a los 18 millones de euros aportados por el ICAF y Sodercan y los 3,2 de los trabajadores de Teka", ha lamentado.

Precisamente, Díaz Tezanos ha dicho que "estos dos señores" han enviado a Hub Advisory, administrador único de la empresa desde febrero de 2015 y designado por el Gobierno del PP (fue su "última decisión" en el caso), "varios burofaxes para que no proporcionará información sobre la empresa ni ninguna otra sociedad del Grupo" para la investigación de los auditores.

La vicepresidenta ha criticado que el Gobierno del PP no analizó el mercado de las estufas de pellet en España, Europa o Latinoamerica cuando decidió apostar por este proyecto empresarial. "Datos que, de haber sido analizados por el ICAF o Sodercán, habrían hecho inviable el proyecto", ha asegurado.

En este sentido, la empresa partía de una producción inexistente y no tenía marca comercial propia ni cartera de clientes, pero estimaba unas ventas de 10.400 unidades en 2013 cuando en 2011 se vendieron un total de 51.000 entre Francia, Bélgica y España.

Tampoco se observó que las ventas en España ascendieron en 2011 a 10.000 unidades y Ecomasa estimaba sus ventas para su primer año de fabricación (2013) de 6.000 unidades. "Es decir, pensaba conseguir en su primer año una cuota de mercado del 60%, que lógicamente era totalmente inviable", ha apostillado Díaz Tezanos.

Proceso largo y complejo

La lucha de los trabajadores ha sido constante desde que la empresa comunicara en 2014 su intención de iniciar un Expediente de Regulación de Empleo (ERE), que afectó a 94 trabajadores de la plantilla, que pasaron de trabajar dos turnos a uno. Pero la medida no solucionó la situación de una empresa que ha sido deficitaria durante buena parte de su existencia.

El resultado final fue, como muchos esperaban, el del despido de parte de la plantilla, algo que los trabajadores llevaron ante los tribunales antes del verano. Mientras, la mayor parte de la plantilla se reincorporó a sus puestos de trabajo, en un intento de recuperar algo de normalidad y de ejercer presión sobre las diferentes partes implicadas en el proceso.

El cambio de Gobierno del pasado 24 de mayo supuso para la coalición PRC-PSOE la decisión de invertir o no más dinero público en la empresa. Como han señalado varios consejeros, las dos alternativas a las que se enfrentaba el nuevo Ejecutivo eran de la introducir 3 millones de euros más en Nestor Martin, o permitir el cierre de la empresa. La decisión es bien conocida.

Desde entonces, el futuro de la empresa y los trabajadores ha discurrido por caminos paralelos. Por un lado, los gestores de Ecomasa y la directora general del Servicio Cántabro de Empleo (SCE), María Ángeles Sopeña, nombrada por el PP, están inmersos en una imputación por posibles delitos de administración desleal y falsedad documental, en la que declararon por primera vez el 21 de septiembre.

Por otro, el comité de empresa de los trabajadores ha luchado no solo por conocer el destino de los millones invertidos, sobre todo los suyos, sino por tratar de encontrar una solución a su situación. A este respecto, el Gobierno llegó a plantear un plan de viabilidad que, finalmente, estableció un “horizonte no suficientemente claro”.

La actitud del Ejecutivo regional con los trabajadores no ha sido la esperada. Preocupado por conocer el paradero de los 21,2 millones de euros invertidos, y sin demasiado margen de maniobra, el Gobierno ha destinado sus esfuerzos al informe que ahora se ha hecho público.

El pasado 25 de septiembre la inevitable noticia se hacía pública: Nestor Martin cerraba definitivamente. Los trabajadores, que han soportado casi tres años de sufrimiento, han denunciado en varias ocasiones la falta de apoyo, tanto del Gobierno del PP como del actual, y se han sentido engañados ante el desenlace que ha tenido el proceso.

Portavoces del comité de empresa han afirmado estar “descontentos tanto con el anterior Gobierno como con el actual”, y han recordado que “en las elecciones nos prometieron ayudas y presentaron un plan de viabilidad al que los técnicos de Sodercan dieron el visto bueno. Nos dijeron que había posibilidad de futuro, pero después de las elecciones sólo hay pegas”.

Y mientras, Gobierno y oposición cruzaban acusaciones que no iban a ningún sitio. La única iniciativa que ha afectado a los trabajadores ha llegado, precisamente, de la propia plantilla, que está estudiando la posibilidad de crear una cooperativa que pueda hacerse cargo de la gestión y producción de Nestor Martin. En este caso, el Gobierno se ha mostrado dispuesto incluso a invertir dinero público, tal y como anunció el 8 de septiembre.

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