lunes 28/9/20
VIVIENDA

El Gobierno da un plazo de 15 días a una viuda para que abandone la VPO en la que vive y le reclama 7.000 euros

Ante la presión popular, la Consejería de Obras Públicas ha comunicado que el martes 19 de abril se reunirán con la afectada para buscar una alternativa a este desahucio.

El consejero de Obras Públicas y Vivienda, José María Mazón
El consejero de Obras Públicas y Vivienda, José María Mazón

La Plataforma de Afectados por la Hipoteca (PAH) de Santander ha denunciado este miércoles una situación que podría calificarse como inusual cuanto menos. El Gobierno de Cantabria ha dado un plazo de 15 días a una mujer viuda para que abandone por impago la vivienda de protección oficial (VPO) en la que vive, y le reclama el pago de 7.000 euros de gastos.

Ante ello, la PAH ha solicitado una reunión urgente a la Consejería de Obras Públicas y Vivienda para "clarificar esta situación y tratar de evitar un nuevo desahucio", reunión que tendrá lugar el próximo martes, 19 de abril.

La Plataforma ha explicado en un comunicado que esta mujer perdió la vivienda en 2005 al no poder hacer frente a la hipoteca, pero el Ejecutivo regional le permitió quedarse durante dos años sin pagar.

"La mujer recibió hace unos días un escrito del Gobierno en el que se le pide que abandone pacíficamente la vivienda en el plazo de 15 días", ha advertido la PAH

Después, le ofreció la posibilidad de quedarse pagando un alquiler de 470 euros que, según la PAH, supera el montante total de sus ingresos por la pensión de viudedad.

"La mujer recibió hace unos días un escrito del Gobierno en el que se le pide que abandone pacíficamente la vivienda en el plazo de 15 días", ha advertido la PAH sobre el último paso dado por la administración regional en este caso.

Ante ello, la plataforma se ha mostrado "estupefacta” porque no se ha ofrecido ninguna solución como el alquiler social y, además, se le solicitan más de 7.000 euros de gastos y se "amenaza" con pedir el desahucio por vía judicial.

"No es tolerable que un Gobierno que se jacta de estar contra los desahucios, no busque ante todo una solución que evite un hecho tan traumático", ha afirmado la PAH, que ha recordado que mantiene seis casos abiertos con Liberbank, entidad a la que ha pedido que acceda a la reunión a tres bandas con el Gobierno como se solicitó hace un mes de forma pública.

No está en riesgo inminente

Respecto a la reunión convocada por el Gobierno de Cantabria con la afectada, el Ejecutivo ha comunicado que el objetivo es "concretar la solución" a este problema, y ha asegurado que la mujer "no está en riesgo inminente de ser desahuciada", si bien se ha decidido citar a esta mujer a una reunión para analizar su situación y definir la solución que se dará a este problema y que será, según el Ejecutivo regional, será "atendiendo siempre el interés social".

A la reunión entre el Gobierno de Cantabria y la mujer afectada asistirán miembros de la PAH.

El Gobierno de Cantabria ha reiterado su "compromiso social" con los afectados por los desahucios

El Gobierno de Cantabria ha reiterado su "compromiso social" con los afectados por los desahucios y, como prueba, ha señalado las políticas activas de vivienda que está efectuando en relación con los problemas habitacionales y las graves consecuencias personales y familiares que estas situaciones provocan en los afectados.

Ha apuntado que este compromiso se ha basado, "desde el primer día", en el mantenimiento de un "diálogo permanente" con las personas y colectivos implicados.

En este sentido, ha recordado que, para ello, se han creado varios cauces que facilitan el establecimiento de estos contactos y la ejecución de las labores de asesoramiento correspondientes, tal y como día a día se viene haciendo en la Oficina de Intermediación Hipotecaria y de Emergencia Habitacional.

Atónito

Respecto a este hecho, Podemos se ha mostrado “atónito”. El diputado José Ramón Blanco ha expresado “su más absoluto rechazo ante esta situación”, primero porque 470 euros “no es, ni mucho menos, un precio adecuado para un alquiler social, además de reclamarle esos 7.000 euros”.

No obstante,  a juicio de Blanco, “lo más flagrante y avergonzante de esta situación es que ejecute el desahucio el mismo Gobierno que se vanagloria de no permitir desahucios, sin buscar una alternativa habitacional al caso de esta ciudadana que no pase por un traumático desahucio”. 

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