El Gobierno de Cantabria destinará 9,1 millones de euros durante los próximos seis años al nuevo Plan de Residuos de la Comunidad Autónoma, para el periodo 2017-2023, con el que se pretenden reducir la generación de residuos, mejorar su tratamiento y disminuir los efectos ambientales negativos.
Además, el documento contempla la implantación del quinto contenedor en la región, para materia orgánica -residuos domésticos y de restaurantes- y que ya tienen otras autonomías, como País Vasco.
Del montante global del plan, 1,6 millones serán para el sector privado, es decir, plantas de reciclaje de materiales de construcción y de vehículos fuera de uso, y el resto, 7,5 millones, para el sector público, es decir, el Ejecutivo cántabro.
Este plan será de aplicación en toda Cantabria, salvo el municipio de Tresviso y el Valle de Villaverde
Y el 84,16% de la inversión será para llevar a cabo medidas de gestión de residuos, sobre todo, para actuaciones de reciclaje, y el 15,84% restante irá orientado a la prevención de la generación de residuos, según ha señalado este lunes en rueda de prensa la vicepresidenta autonómica, Eva Díaz Tezanos, quien ha presentado el plan con el que el Gobierno quiere "reducir la generación de residuos, mejorar su tratamiento, disminuir los efectos ambientales negativos y, así, contribuir a la conservación de los recursos naturales de la región".
La también consejera de Medio Ambiente ha recordado que este plan formó parte de los compromisos que adquirió al comienzo de la legislatura, en septiembre de 2015, y será de aplicación en toda Cantabria, salvo el municipio de Tresviso, que está integrado en el sistema de gestión de Asturias, y el Valle de Villaverde, integrado en el del País Vasco.
108 medidas
El documento, de más de 200 páginas, incluye 108 medidas, entre las que Díaz Tezanos ha destacado las destinadas a reducir la cantidad de residuos y a incrementar la separación en origen, principalmente mediante campañas de comunicación y de educación ambiental sobre reducción, reutilización y reciclaje de residuos.
Además, ha puesto el foco en las dirigidas a informar a los ciudadanos de todos los costes ambientales y económicos de la gestión de los residuos domésticos, para incrementar su colaboración en la recogida selectiva, y las orientadas a la implantación y el fomento de la recogida separada de biorresiduos para destinarlos al compostaje o a la digestión anaerobia, ya que suponen el 40% de los residuos domésticos, según ha señalado la consejera.
Dentro de este último bloque, la vicepresidenta y consejera se ha referido a la posibilidad de implantar el 'quinto contenedor' para la recogida selectiva de materia orgánica.
La vicepresidenta ha explicado que será necesario analizar primero la viabilidad técnica y económica del quinto contenedor
La vicepresidenta ha explicado que será necesario analizar primero la viabilidad técnica y económica, y ha revelado que ya ha recibido el ofrecimiento de algún alcalde para implantar este quinto contenedor en su municipio de manera experimental.
"Toda la incorporación la tendremos que pactar primero con ayuntamientos, en una fase experimental previa, y después y según los resultados de forma progresiva en una segunda fase que tendríamos que acordar también con MARE y con los ayuntamientos", ha explicado.
El Plan también incluye "medidas para reincorporar los residuos al sistema productivo una y otra vez, de forma que el valor de los productos se mantenga en la economía el mayor tiempo posible", y actuaciones que promueven la firma de convenios voluntarios con entidades y agentes implicados en la producción y gestión de residuos.
Además, recoge actuaciones que se adapten a las condiciones y a las actividades socioeconómicas específicas de las zonas y comarcas de la región, y acciones que contribuyan a desacoplar el crecimiento económico del aumento de la generación de residuos.
Díaz Tezanos también ha destacado del contenido del Plan el apartado que dedica exclusivamente a su contribución a la lucha contra el cambio climático. "El sector de los residuos genera emisiones de gases de efecto invernadero que el Plan se propone reducir, incluyendo una serie de medidas tanto directas como indirectas que son concretas, coherentes y compatibles con la lucha contra el cambio climático. Todo ello con el objetivo de contribuir a nivel nacional a reducir el 10% de las emisiones difusas para 2020", ha señalado.
13 tipos de residuos
El documento clasifica 13 tipos de residuos diferentes: los domésticos; los de construcción y demolición; los vehículos fuera de uso; los aceites industriales; los neumáticos fuera de uso; las pilas y baterías usadas; los residuos de aparatos eléctricos y electrónicos, y los residuos que tiene que ver con aceite lubricantes, con resinas y con pinturas.
Además, incluye también los residuos de lodos de depuradora, los residuos industriales, los del sector primario, los residuos sanitarios y los de actividades extractivas.
Tramitación del Plan
La vicepresidenta ha detallado el proceso de elaboración de este Plan, con un alto grado de participación e implicación de todos los agentes implicados y de las Administraciones Públicas.
Según ha detallado, una vez que la Dirección General de Medio Ambiente concluyó la elaboración del borrador, el 15 de marzo de 2016 fue sometido a la consideración de todos los ayuntamientos y del Consejo Asesor de Medio Ambiente, para que en el plazo de un mes, sus integrantes pudieran remitir las sugerencias, propuestas o consideraciones que estimasen oportunas. Con todo ello, se elaboró el Estudio Ambiental Estratégico, que junto a la versión inicial del Plan fue de nuevo sometido a consideración del CAMAC y de las asociaciones y personas interesadas el 22 de agosto del pasado año.
Además, se publicó toda esta documentación en la web del Gobierno de Cantabria, de manera que todos los ciudadanos tuvieron acceso a la misma, y se trasladó a todos los departamentos afectados del Gobierno de Cantabria, a los del Gobierno de España con competencias en la materia, a las asociaciones ecologistas, y a los 102 ayuntamientos de la Comunidad Autónoma.
Tras un plazo de información pública de 45 días, se recibieron 107 alegaciones, de las que se han aceptado total o parcialmente 77 y se han rechazado 30. Estas alegaciones junto a los informes de las Administraciones Públicas y de la Federación de Municipios de Cantabria se han tenido en cuenta en la tramitación del documento que el Gobierno aprobó la semana pasada.
