jueves. 28.03.2024

La sospecha fundada sobre la viabilidad económica de Emérita Resources llevó al Principado de Asturias a imponer una fianza del 10% sobre el total de la inversión del proyecto en el primer año, que ascendía a algo menos de 150.000 euros.

La Ley de Minas exime de la obligación de interponer fianza salvo que la Administración tenga serias dudas de que no sea “racionalmente viable el programa de financiación ofrecido”, en cuyo caso le exigirá a la empresa minera una fianza del diez por ciento de la inversión prevista para el primer año, que será reintegrada al peticionario una vez que acredite haber invertido en la investigación la diferencia entre la fianza exigida y la inversión programada para dicho primer año de trabajo.

En plena carrera especulativa, pero en situación de insolvencia, Emerita Resources llegó a Asturias con la intención de investigar permisos mineros.  La noticia fue bien acogida por lo que de creación de empleo y riqueza puede suponer. Fue hace algo más de cinco años, el 1 de octubre de 2014, cuando solicitaron el permiso de investigación "Marina" en el concejo de Nava.  Anunciaban una inversión sólo en el primer año de investigación que se acercaba a los 150.000 euros.

La empresa presidida por Joaquín Merino y los suyos solicitaron esos derechos.  Sin embargo, nuestros vecinos asturianos pronto comprobaron la escasa seriedad de la canadiense. Pese a la supuesta experiencia en concursos mineros nacionales e internacionales, la documentación para la obtención del permiso era incompleta y tuvo que ser subsanada el 26 de noviembre de 2014.

Lo que no pudo subsanar Emerita fue la escasa insolvencia económica para afrontar cualquier clase de investigación minera, una insolvencia evidente para el Gobierno del principado que aplicó con la máxima dureza la normativa minera con la imposición de la fianza del 10%.

Emerita solicitó una prórroga para el pago de los escasos 12.800 euros de la fianza, un aspecto más que llamativo para una empresa que dice estar respaldada por Forbes&Manhattan, un supuesto banco de negocios privado líder en el sector de las materias primas, incluidos los recursos mineros.  Más sorprendente aún si tenemos en cuenta que unos meses habían optado al  concurso de la mina de Aznalcóllar, para la que comprometían, en un principio 235 millones de inversión, cifra que fue cambiando según la fase del concurso andaluz hasta llegar a los 642.

Tres oportunidades le dio el Gobierno Asturiano a Emerita Resources en 2015 para que depositara esa ínfima fianza. El 12 de marzo, el 21 de abril y el 16 de junio.  Fue imposible. El 23 de julio, el director General de Minería y Energía del Principado, Isaac Pola, quien luego fuera consejero del Gobierno de Javier Fernández, probablemente constatando la escasa seriedad y la nula solvencia de Emerita Resources canceló su solicitud del permiso de investigación minera "Marina".  Posiblemente entonces no lo sabía, pero con esa medida evitó que, en estado de quiebra, la canadiense no pudiera replicar el modelo especulativo que ha seguido en Cantabria, donde no sólo no ha cumplido con las condiciones del pliego del concurso sino que además ha dejado cuantiosas deudas, tanto a las empresas con las que formó el consorcio empresarial Cantábrica de Zinc como a sus proveedores.

Lo cierto es que, hasta el día de hoy, aún no se conoce un proyecto minero de la empresa de Joaquín Merino en España que haya salido adelante. Su carrera especulativa parece haberse topado con obstáculos imposibles de saltar incluso para un experto como él.

El Gobierno del Principado de Asturias frustró un intento de engaño de Emerita...
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