16 de mayo de 2017, 18:59
La Audiencia Nacional investiga si el grupo parlamentario financió al PP de Madrid.
Un informe demoledor de la Guardia Civil del caso Púnica, fechado el 1 de marzo de 2017, atribuye a la presidenta de la Comunidad de Madrid, Cristina Cifuentes, los supuestos delitos de prevaricación continuada y cohecho, al haber presidido el comité que adjudicó el servicio de cafetería de la Asamblea de Madrid al grupo Cantoblanco entre los años 2009 y 2011. Este grupo es propiedad de Arturo Fernández, imputado a su vez en la causa.
