sábado 04.04.2020
LABORAL

Los interinos piden a Sanidad que ejecute las sentencias que reconocen su derecho a la carrera profesional

La consejera de Sanidad durante un encuentro con los representantes de SIEP
La consejera de Sanidad durante un encuentro con los representantes de SIEP

El Sindicato Independiente de Empleados Públicos (SIEP) ha pedido a la Consejería de Sanidad que ejecute las sentencias que reconocen a los interinos el derecho a la carrera profesional, "sin obligar a los profesionales a iniciar nuevas demandas para percibir las retribuciones que han dejado de recibir en los últimos cuatro años, reuniendo los requisitos y exigencias previstas para el personal fijo".

SIEP ha difundido este viernes una nueva sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Cantabria (TSJC) en ese sentido, que según asegura es "la cuarta" que da la razón al sindicato y a los profesionales interinos que "junto con la organización se han visto en la necesidad de acudir a los tribunales para que se les reconozca el derecho a percibir las retribuciones de carrera y/o desarrollo profesional, negado reiteradamente durante años por los responsables políticos del SCS".

La sentencia, fechada el 18 de mayo, desestima el recurso de apelación del Servicio Cántabro de Salud contra la sentencia dictada por el Juzgado de lo Contencioso Administrativo nº 2 de Santander el 18 de diciembre de 2017, que reconoce, a la vez que condena en costas a la administración, al personal interino el derecho a la carrera profesional.

En un comunicado de prensa, SIEP puntualiza que "lo excepcional" de esta sentencia, a diferencia de las anteriores, es que responde a un recurso presentado por el SCS "con fecha posterior" a la entrada en vigor la Ley de Presupuestos de Cantabria 2018, donde "se reconoce ya este derecho, como consecuencia de las sentencias dictadas". 

Desde el Sindicato Independiente de Empleados Públicos consideran "inaceptable" recurrir sentencias que reconocen derechos que ya han sido aprobados por el Gobierno y el Parlamento, "con una única intención, dilatar en el tiempo que los profesionales pueden ejercer sus derechos y terminar con los atropellos a los que se les ha sometido a sabiendas".

Para SIEP, esto supone "jugar con dinero público, utilizar a la Administración de Justicia de forma perversa, y actuar de forma caprichosa y arbitraria desde la situación de poder que les otorgan los cargos públicos que ostentan", además de "no demostrar el más mínimo respeto al personal que presta servicio en el ámbito sanitario y pisotear sus derechos profesionales".