viernes. 29.03.2024

El juicio del caso La Loma, sobre irregularidades en el desarrollo urbanístico del SUNP 12 del municipio de Castro Urdiales, en el pueblo de Santullán, ha quedado visto para sentencia hoy jueves en la Sección Tercera de la Audiencia de Cantabria, después de cinco meses desde su comienzo y más de 40 sesiones, celebradas en el salón de actos de Las Salesas. En la última sesión del juicio, a la que la sala, presidida por el magistrado Agustín Alonso, ha citado a los 45 acusados iniciales, han ejercido su derecho a la última palabra varios de los imputados, entre ellos el exalcalde por el PSOE Rufino Díaz Helguera, el ex secretario municipal César Saiz y el exmiembro de la Junta de Gobierno Local por IU Salvador Hierro. No lo ha hecho, sin embrago, el exalcalde por el PRC Fernando Muguruza.

La fiscal, Pilar Santamaría, retiró los cargos a 39 de los acusados al principio del juicio

La fiscal, Pilar Santamaría, retiró los cargos a 39 de los acusados al principio del juicio, cuando decidió adelgazar la macrocausa instruida por el juez Luis Acayro Sánchez, sacar de la misma los SUNP 3, 4 y 7 y dejar únicamente el 12 y a seis acusados, entre ellos los exalcaldes Muguruza y Díaz Helguera, a los que también redujo las peticiones de pena respecto al escrito de acusación inicial del año 2012, que presentó la fiscal María Jesús Cañada. Esto propició la retirada de todas las acusaciones particulares salvo la de la Junta Vecinal de Santullán, que reformuló su acusación y la dirigió contra 11 acusados. La fiscal puntualizó que la decisión de "contraer" la acusación, "consensuada" con todas las acusaciones, se fundamentó por un lado en la intención manifestada por los particulares afectados de apartarse del procedimiento penal dado que "su principal interés es la no demolición de sus viviendas", y por otro lado en los certificados del secretario del Ayuntamiento, emitidos en septiembre, un mes antes del juicio, que reflejan que los sectores de suelo urbanizable no programado (SUNP) 3, 4 y 7 no han sido desarrollados, por lo que no se ha producido "menoscabo alguno". Estos certificados han sido motivo de polémica porque según denunció la Junta Vecinal de Santullán no estaban incorporados a la causa. De hecho se han unido a la misma la semana pasada, no a petición del Ayuntamiento sino de una de las defensas.

La macrocausa de La Loma, con un volumen de 97 tomos, 61 anexos y 57.546 folios, llegó a la Audiencia con 45 acusados para los que la Fiscalía solicitaba cerca de 200 años de cárcel. Tras cinco meses de juicio, la fiscal confirmó la semana pasada los cargos que formuló en octubre contra seis de los 45 acusados iniciales, por delitos de cohecho, prevaricación, prevaricación urbanística y falsedad documental. La Fiscalía atribuye al exalcalde Muguruza un delito continuado de prevaricación y prevaricación urbanística, por el que solicita diez años de inhabilitación y dos de prisión. Para Díaz Helguera pide cuatro años de prisión, 10 años de inhabilitación y multa de 149.000 euros por un delito continuado de cohecho. Para el ex secretario municipal César Saiz pide siete años de prisión, 20 de inhabilitación y multa de 1,1 millones de euros por prevaricación, falsedad documental y un delito continuado de cohecho. Para la asesora jurídica del servicio de disciplina urbanística del Ayuntamiento, Yolanda Sánchez, pide cuatro años de cárcel, 442.300 euros de multa e inhabilitación de diez años por un delito continuado de cohecho. Finalmente, la Fiscalía pide cinco años de cárcel y multa de 39.000 euros para el promotor inmobiliario Valentín Galdós Tobalina por falsedad documental y cohecho y cuatro años de cárcel, multa de 1,8 millones de euros y diez años de inhabilitación para el ex arquitecto municipal Pedro Restegui por cohecho continuado.

La Junta Vecinal de Santullán también ha formulado cargos contra 'KyK', Carranza, Díez Muro, Hierro, Vélez y Molinero

A diferencia de la Fiscalía, la Junta Vecinal de Santullán no ha formulado cargos contra el exalcalde Rufino Díaz Helguera, pero también acusa a otros cinco acusados del Ministerio Público: Fernando Muguruza, Pedro Restegui, Yolanda Sánchez, César Saiz, y Valentín Galdós Tobalina. Además, ha formulado cargos contra siete miembros de la Junta de Gobierno Local presidida por Muguruza en la legislatura 2003/07: José Miguel Rodríguez KyK, Concepción Carranza, Jaime Díez Muro, Salvador Hierro, Santiago Vélez y Tomás Molinero.

Tanto la Fiscalía como la Junta Vecinal de Santullán piden la nulidad del plan parcial del SUNP-12, así como del proyecto de urbanización, el de compensación, y las licencias de los 46 chalets construidos al amparo de esos instrumentos por Vallehermoso –ahora propiedad de Altamira Santander Real Estate–, así como su demolición –Santullán únicamente las 11 construidas en zona de servidumbre del futuro vial autonómico y de la autovía A-8–. La Junta Vecinal, que reclama para sí una indemnización de 144.000 euros por la ocupación de caminos de su propiedad, no pide la responsabilidad civil solidaria del Ayuntamiento, que sí solicitan tanto la Fiscalía como Altamira Santander Real Estate, titular de las 46 viviendas. Altamira reclama al Ayuntamiento de Castro, como responsable civil subsidiario, una indemnización de 1,65 millones de euros si se declara la nulidad de la licencia de edificación de las viviendas construidas hasta la fecha; 31,1 millones si se declara la nulidad del plan parcial y los proyectos de urbanización y de compensación, y 24,5 millones si se da este último supuesto pero la mercantil mantiene la titularidad de las fincas de aportación.

El juicio del caso ‘La Loma’ queda visto para sentencia tras cinco meses de vistas
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