domingo 17.11.2019
TRIBUNALES

El juicio del caso La Loma se retoma el martes con seis acusados por la Fiscalía, 39 menos que hace un mes, y Podemos dice que “algo huele a podrido”

Ayuntamiento de Castro Urdiales
Ayuntamiento de Castro Urdiales

El juicio del caso La Loma, sobre irregularidades en el desarrollo urbanístico de esta zona de Castro Urdiales, se retoma el próximo martes, 12 de noviembre, en la Sección Tercera de la Audiencia Provincial de Cantabria con seis acusados por la Fiscalía, 39 menos que cuando comenzó hace un mes, tras la decisión de la Fiscalía de "contraer" la causa y retirar los cargos a 39 de los 45 imputados iniciales. Así, Podemos Castro Urdiales ha asegurado hoy que "algo huele a podrido" en este procedimiento judicial, precisamente porque dos informes jurídicos enviados por el Ayuntamiento el pasado mes de septiembre "han dado lugar a la exculpación" de esos 39 imputados por la Fiscalía. Por ello, la formación morada ha solicitado los informes jurídicos emitidos por el abogado contratado para defender al Ayuntamiento ante los nuevos escritos de acusación de Fiscalía y acusación particular. Podemos reprocha a la Fiscalía que "omita", en la modificación de su escrito de acusación, delitos que fueron admitidos por la Audiencia en 2015 y reprocha al Ayuntamiento que no reclame las pérdidas patrimoniales sufridas en La Loma y en los otros ocho casos ya juzgados en Castro, con sentencias condenatorias a 25 políticos, técnicos y empleados municipales en las que se ha reconocido perjuicio patrimonial para las arcas municipales.

La formación morada recalca que el Ayuntamiento, que inicialmente trató de actuar como perjudicado, ahora "no sólo niega su perjuicio, sino que hace una especial defensa de los acusados"

Podemos ha destacado que los informes jurídicos del Ayuntamiento en los que se ha "fundamentado" la retirada de la acusación por la Fiscalía a 39 de los 45 imputados fueron realizados por el abogado Gutiérrez Olivares, y la formación morada dice tener constancia de que este técnico "intervino en los expedientes que se estaban investigando, actuó como testigo en la instrucción de la causa e incluso su despacho jurídico privado ha actuado en la instrucción". Por ello, solicitan a la alcaldesa, Susana Herrán (PSOE), que informe y dé cuenta al Pleno de los Decretos de Alcaldía o acuerdos de la Junta de Gobierno Local que han encargado a este técnico la realización de estos informes y la motivación de los mismos. La formación morada recalca que el Ayuntamiento, que inicialmente trató de actuar como perjudicado hasta que se le consideró responsable civil subsidiario de los posibles derribos, ahora, en el escrito de defensa presentado, "no sólo niega su perjuicio, sino que hace una especial defensa de los acusados; se manifiesta contra la Junta Vecinal de Santullán, única entidad local que está defendiendo adecuadamente sus intereses; e incluso contra la calificación del Ministerio Fiscal, ya de por sí limitada", denuncia. Por ello, solicita a la alcaldesa que informe y dé cuenta al Pleno "a la mayor brevedad, dada la gravedad de los acontecimientos", de los informes jurídicos emitidos por el abogado contratado para defender al Ayuntamiento ante los nuevos escritos de acusación de Fiscalía y acusación particular. Podemos también pide información de las reuniones y acuerdos que se hayan podido adoptar a la vista de los informes y propuestas de actuación del citado letrado, en relación a la estrategia procesal de defensa en el citado juicio; que se identifique a los técnicos municipales y a los responsables políticos que adoptan esos acuerdos y facilite copia de las reuniones de comisión informativa previas a la presentación del escrito de defensa por la representación de este Ayuntamiento.

Entre los imputados por la Fiscalía figuran los exalcaldes de Castro Urdiales Rufino Díaz Helguera, que fue alcalde por el PSOE, y Fernando Muguruza, que lo fue por el PRC

Entre los imputados por la Fiscalía figuran los exalcaldes de Castro Urdiales Rufino Díaz Helguera –que fue alcalde por el PSOE– y Fernando Muguruza –que lo fue por el PRC–, a quienes la Fiscalía ha reducido a cuatro y dos años de cárcel respectivamente, la pena que solicitó en el escrito inicial de acusación del año 2012. A Díaz Helguera le imputa un delito continuado de cohecho por el que le reclama cuatro años de cárcel, inhabilitación para empleo o cargo público durante 10 años y multa de 149.082 euros; y a Muguruza, que llegó a ingresar en prisión preventiva por esta causa entre el 18 de febrero y el 9 de marzo de 2010, un delito continuado de prevaricación y prevaricación urbanística, por el que pide dos años de cárcel y 10 de inhabilitación, descontando el tiempo que estuvo en prisión preventiva y el que estuvo privado cautelarmente de competencias urbanísticas y de contratación, respectivamente. Por su parte, para Pedro Restegui, que ejerció funciones de arquitecto municipal entre 1997 y 2005, la fiscal del caso, Pilar Santamaría, pide cuatro años de prisión por delito continuado de cohecho, inhabilitación para empleo o cargo público durante 10 años y multa de 1,8 millones de euros. Cuatro años de cárcel y 10 de inhabilitación solicita también por delito continuado de cohecho para la técnico de Urbanismo Yolanda Sánchez, a la que reclama 442.336 euros de multa; y siete de prisión para el ex secretario César Saiz: tres por falsedad documental en concurso con prevaricación y cuatro por delito continuado de cohecho, así como multas de 1.087.334 euros y 10.500 euros, y un total de 10 años de inhabilitación. Por último, para el director de obra Valentín Galdós, pide un total de cinco años de cárcel: cuatro por delito de cohecho y uno por el de falsedad documental, así como 39.000 euros de multa.

A estos seis acusados que mantiene la Fiscalía se suman los propuestos por la Junta Vecinal de Santullán, única acusación particular que queda en la causa, después de que la Fiscalía acotara los hechos exclusivamente al sector urbanizable no programado SUNP-12. Los 11 acusados que propone la Junta Vecinal de Santullán son el exalcalde Fernando Muguruza y los concejales de su equipo de gobierno, José Miguel Rodríguez KyK, Concepción Carranza, Jaime Díez Muro, Salvador Hierro, Santiago Vélez y Juan Tomás Molinero; el exsecretario municipal, César Saiz; Carmen Villanueva, ex-ingeniera municipal; Pedro Restegui, exarquitecto municipal, y el arquitecto y director de obra Valentín Galdós Tobalina.

Tanto la Fiscalía como la Junta Vecinal de Santullán piden que se declare la nulidad del Plan Parcial del SUNP 12

Tanto la Fiscalía como la Junta Vecinal de Santullán piden que se declare la nulidad del Plan Parcial del SUNP 12, del proyecto de compensación, del proyecto de urbanización y de las licencias de obras concedidas; la demolición de las viviendas construidas al amparo de ellas (46), y en particular de las están en zona de servidumbre del futuro vial autonómico y de la autovía A-8 (11). También piden que se declare la responsabilidad civil subsidiaria del Ayuntamiento de Castro Urdiales, que en la fase de instrucción intervino como perjudicado, llegando a formular escrito de acusación en diciembre de 2013. El Consistorio alega que el auto de apertura de juicio oral de mayo de 2015 (dictado por el juez instructor, Luis Acayro Sánchez), "en contra de una corriente doctrinal mayoritaria, negó al Ayuntamiento la opción procesal de intervenir como perjudicado y a la vez como responsable civil subsidiario". Una vez que la Fiscalía presentó el nuevo escrito de acusación, la Sección Tercera de la Audiencia abrió un plazo para que las acusaciones particulares y los actores civiles presentasen alegaciones. Ahora, la sala ha dictado una nueva providencia señalando el próximo miércoles a las 10:00 horas para retomar el debate de las cuestiones previas, que quedó suspendido el pasado 8 de octubre, y ha citado a los 45 acusados iniciales, dado que aquéllos a los que les han retirado los cargos deben dar su conformidad.

En el nuevo escrito de la Fiscalía, los hechos objeto del proceso quedan acotados a las presuntas ilegalidades cometidas en la aprobación del plan parcial del SUNP-12 de modificación del PGOU de Castro Urdiales. Se reduce así a la mínima expresión el escrito inicial de acusación que presentó en el año 2012 la fiscal María Jesús Cañadas, en el que solicitaba cerca de 200 años de cárcel para 46 acusados por delitos de prevaricación, prevaricación urbanística, cohecho, estafa, falsedad, desobediencia e infidelidad en la custodia de documentos. La causa instruida por el entonces titular del Juzgado nº 2 de Castro Urdiales, Luis Acayro Sánchez, llegó a juicio con un volumen de 97 tomos, 61 anexos y 57.546 folios. En su nuevo escrito, la Fiscalía concluye, una vez "verificados los datos obrantes en las actuaciones, así como la aparición de nuevos elementos de ponderación", que las iniciativas relativas al SUNP 3 fueron adoptadas por los responsables municipales "sin que hubiera constancia fehaciente de su manifiesta ilegalidad". Según informa la Fiscalía, se ha valorado en primer lugar que las nuevas certificaciones expedidas por el Ayuntamiento de Castro Urdiales indican que la tramitación del Plan Especial de Monte Cueto –ya iniciada en el año 2004– fue finalmente culminada en el año 2008, y que ya se ha iniciado la ejecución del depósito que abastecerá a las referidas viviendas, según acta de replanteo certificada debidamente, una vez superados los problemas de financiación. En segundo lugar, señala que "las deficiencias inicialmente observadas fueron progresivamente subsanadas, sin que exista un pronunciamiento judicial que declare la nulidad de los instrumentos urbanísticos por motivos de ilegalidad manifiesta sobre el fondo, sino por razones de carácter procedimental". Además, añade que de la certificación recientemente aportada, se deduce que la construcción del depósito era, en todo caso, legalizable. Finalmente, "puede descartarse la existencia de engaño en los adquirentes de las viviendas, a la vista de las manifestaciones formuladas recientemente por su representación procesal, debidamente ratificadas en las actuaciones". En su escrito, la Fiscalía mantiene que los acusados por un presunto delito de cohecho, Pedro Restegui, Yolanda Sánchez, César Saiz y Rufino Díaz Helguera, "han recibido contraprestaciones económicas por su colaboración en la aprobación de las resoluciones municipales contrarias a Derecho detalladas en este escrito; y han recibido de particulares afectados distintas cantidades de dinero por realizar actos propios de sus respectivos cargos".

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