Miércoles 26.06.2019
PREVARICACIÓN

El juicio del caso Proconor, con 20 acusados por prevaricación urbanística, comienza este lunes

Edificio del Ayuntamiento de Castro Urdiales
Edificio del Ayuntamiento de Castro Urdiales

El juicio del caso Proconor de Castro Urdiales arranca este lunes, 27 de mayo, en el Juzgado de lo Penal nº 3 de Santander, con un total de 20 acusados por posibles delitos de prevaricación urbanística y administrativa, entre ellos los exalcaldes Fernando Muguruza y Rufino Díaz Helguera.

El caso Proconor, que consta de 15 tomos, surge de las irregularidades detectadas en el desarrollo urbanístico de la zona de Santa Catalina, en un área próxima al polideportivo Pachi Torre (unidad de ejecución 1.26), y afecta a un edificio de 51 viviendas que ejecutó la constructora Proconor, que fue paralizado y la Fiscalía solicitó demoler por invadir suelo destinado a equipamiento deportivo. Es una pieza separada de la macrocausa abierta hace años por el juez Luis Acayro Sánchez, entonces al frente del Juzgado de Instrucción nº 2 de Castro Urdiales, sobre la gestión urbanística del Ayuntamiento a raíz de un informe del Tribunal de Cuentas.

En su escrito de acusación, de abril de 2012, la Fiscalía solicita para Muguruza un año de cárcel y siete de inhabilitación especial para empleo o cargo público por prevaricación urbanística, mientras que para Díaz Helguera pide 14 años de inhabilitación por dos delitos de prevaricación administrativa. Los dos exalcaldes han recurrido en apelación una sentencia penal por irregularidades en el desarrollo urbanístico de Santa Catalina, y están también imputados en la macrocausa de 'La Loma', cuyo juicio empezará el 1 de octubre y se estima que durará seis meses, así como en el caso de los sobresueldos, que está pendiente de que la Audiencia resuelva los recursos de apelación. Todos ellos fueron instruidos por el juez Luis Acayro Sánchez.

La Audiencia provincial confirmó en julio de 2016 la imputación de los dos exalcaldes y de varios exediles de la Corporación municipal en el caso Proconor, decidida en 2012 por el juez instructor, así como la de la técnico municipal María del Carmen Villanueva, para quien la Fiscalía solicitó un año de prisión por prevaricación urbanística; y la del secretario municipal César Sáiz, supuesto cooperador necesario de un delito de prevaricación administrativa. A la vez, archivó la causa contra el entonces arquitecto municipal y el notario imputados por el juez instructor.

Junto a Muguruza y Díaz Helguera, están acusados los exconcejales José Miguel Rodríguez López ('KyK'), Salvador Hierro, Fidel Uriarte, Paulino Lavín, Gúzman Miranda, Jaime Díez Muro, Juan Tomás Molinero, Concepción Carranza, Ana Zubiaurre, Elisa Cantera, Santiago Vélez, Joaquín Antuñano, Javier Zurbano, Víctor Echevarría, Marta González, Guzmán Miranda, Pedro Olano y Teresa Pérez Barreda.

El procedimiento se remitió al Juzgado de lo Penal nº 3 de Santander el 10 de octubre de 2017. El 31 de mayo de 2018, este juzgado acordó devolver las actuaciones al Juzgado de Castro Urdiales para subsanar el defecto de no haber dado traslado al Ayuntamiento del escrito de defensa, habida cuenta que es responsable civil subsidiario.

ACUSACIONES Y RELATO DEL FISCAL 

Ejercen la acusación el ministerio fiscal y el BBVA como acusación particular -entidad con la que han suscrito préstamos hipotecarios propietarios de inmuebles que podrían ser derribados-. Además, se ha personado en la causa la comunidad de propietarios afectada.

Según el escrito de calificación del fiscal, los hechos ejecutados por los acusados implican la privación al municipio de Castro Urdiales de unos espacios destinados y previstos por el Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) para dotación o equipamiento público de carácter educativo-deportivo en el entorno del Colegio Arturo Duo. Mantiene el ministerio fiscal que desde el año 2001 la Corporación municipal pretendía abrir unos nuevos viales en la citada zona, por lo que se tramitó una modificación del PGOU que no llegó a término al contar con informe desfavorable de la Comisión Regional de Urbanismo (CROTU). Pese a conocer ese informe desfavorable y que la forma de abrir nuevos viales pasaba por modificar el PGOU, en julio de 2002 el pleno aprueba un estudio de detalle de la citada unidad de ejecución en el que se recoge la apertura de un vial sobre terrenos destinados a equipamientos públicos.

Tal y como relata el fiscal, el desarrollo urbanístico no comienza porque "surgen dificultades, existen promotores descontentos con la solución acogida, por contravenir la norma, se intentan nuevas delimitaciones de la unidad..". "Entre tanto, se sigue intentando por los responsables municipales que la CROTU ampare su voluntad de abrir nuevos viajes en esta zona del municipio" y se opta por un expediente de modificación puntual.

Sin embargo, los dictámenes del órgano supervisor son "reiterados, contundentes y concluyentes en sentido desfavorable". Tiempo después, con un nuevo equipo de gobierno, se presenta un nuevo estudio de detalle modificado que acoge de nuevo la creación del vial sobre terrenos destinados a equipamiento público, "disminuyendo el mismo y segregando parte de los metros destinados a tal fin, con lo que se pierde la continuidad espacial y funcional".

En esta ocasión, "sabedores los responsables municipales de las dificultades encontradas en el desarrollo de la unidad, por la insatisfactoria solución para alguno de los promotores y sin contar con la aprobación de la CROTU que les permitiera modificar la norma, deciden actuar prescindiendo totalmente del cauce legal".

Explica el fiscal que en diciembre de 2005 "de manera absolutamente extravagante" y "confundiendo interés público y particular", el alcalde y el secretario municipal junto con parte de los propietarios de los terrenos acuden a un notario y allí "plasman en un acto 'sui generis' notarial el compromiso de aprobar el instrumento de planeamiento y los sucesivos de gestión". Al año siguiente, en abril de 2006 se aprueba el estudio de detalle, "aun conociendo y sabiendo todos los que votaron a favor que estaban aprobando un instrumento complementario de planeamiento contrario frontalmente a la norma superior", y ello "en perjuicio de los habitantes de Castro Urdiales, que veían burladas las previsiones de conseguir un amplio espacio deportivo educativo, reduciéndose además el terreno previsto en 594,13 metros, con una valoración patrimonial según informe pericial de 403.146 euros".

El fiscal señala que en la tramitación de este expediente administrativo, la ingeniera municipal emitió dictamen favorable "contradiciendo todos los anteriormente emitidos, aun cuando las circunstancias físicas y los requisitos legales eran los mismos, contribuyendo de manera eficaz y decisiva al dictado de la resolución administrativa injusta".

Posteriormente y también en abril de 2006 se aprueba el proyecto de reparcelación, y en julio, por decreto el alcalde aprueba el proyecto de urbanización de la unidad, en ambos casos con informe favorable de la citada técnica municipal. Ya en mayo, el alcalde concede una licencia para la construcción de 51 viviendas, "a pesar de ser consciente de estar incumplimiento la normativa aplicable, en cuanto que la licencia contraviene la normativa, al no haberse realizado las cesiones prevenidas en la ley y no ampararse en un instrumento de planeamiento conforme a derecho".

Como consecuencia de la "irregular actuación" de los responsables municipales, se creó la calle Cantabria, al norte de la unidad de ejecución 1.26, vía no prevista en el PGOU y sobre terrenos previstos para equipamiento público.

El juicio se celebrará en el salón de actos del Tribunal Superior de Justicia, en el complejo de Las Salesas, en horario de mañana, y se prolongará hasta el 19 de junio.

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