El Juzgado de lo Mercantil Número 1 de Santander ha declarado fortuito el concurso de B3 Cable, en contra del criterio de los administradores concursales y la Fiscalía, que reclamaban que se calificara de culpable y se responsabilizara a los anteriores dueños británicos de la fábrica de Maliaño, por el supuesto desvío de fondos por importe de 6,3 millones de euros a paraísos fiscales con motivo de la operación de compraventa de la factoría en 2008.
A comienzos de 2013, los administradores concursales declararon el concurso de acreedores culpable, con el fin último de que los anteriores dueños, a los que acusaron de pagar con dinero de B3 facturas a una empresa de la que también eran socios, restituyeran el dinero defraudado.
Tanto la Fiscalía como los administradores concursales pedían para los acusados ocho años de inhabilitación y la devolución de los 6,3 millones de euros. "En principio", los administradores concursales no tienen previsto recurrir en apelación la sentencia ante la Audiencia provincial, aunque todavía lo están "dando vueltas", según han confirmado.
Los administradores confiaban en la posibilidad de que el concurso fuera declarado culpable, porque entienden que había "argumentos suficientes". Si la Fiscalía tampoco recurre el fallo del Juzgado de lo Mercantil, el concurso quedará definitivamente archivado sin responsables, al margen del proceso que se sigue por la vía penal contra los directivos del grupo británico.
La sentencia del Juzgado de lo Mercantil, fechada el 19 de septiembre, considera "probado que la factura objeto de controversia no fue emitida a sabiendas de su perjuicio porque a fecha de la compra no existía una infracapitalización y la empresa no se encontraba en pérdidas".
"Estas pérdidas -añade el fallo- parecen más bien que deben ser atribuidas a cambios imprevistos en el mercado tanto del cobre (tuvo que cambiarse el proveedor) como en la política de compra de uno de sus mayores clientes".
"Esto sumado a la deuda total en el momento de la declaración del concurso, hace que no puedan atribuirse todos los problemas de la sociedad a un servicio pagado cuatro años antes de la declaración del concurso cuyo precio pudo haber sido inusualmente alto pero no como para ser la verdadera causa del concurso", concluye el Juzgado de lo Mercantil.
