El juzgado de Primera Instancia Número 3 de Santander ha desestimado las demandas de nulidad del XII Congreso del Partido Popular de Cantabria presentada por supuestas irregularidades, con lo que avala el cónclave en el que María José Sáenz de Buruaga fue elegida como presidenta del PP de Cantabria tras vencer por cuatro votos al hasta entonces líder. En una sentencia fechada el 12 de junio, a la que ha tenido acceso Europa Press, la juez Eva Aja concluye que no concurren los requisitos para declarar la nulidad del congreso, celebrado el 25 de marzo de 2017. Además, desestima algunas de las peticiones de los demandantes al considerar que la acción está "caducada". La sentencia no es firme y contra ella cabe interponer recurso de apelación ante la Audiencia de Cantabria dentro de un plazo de 20 días contados desde la notificación. En la resolución judicial se resuelven dos demandas presentadas pidiendo la nulidad del congreso, que se acumularon. Una de ellas fue presenta por tres afiliados del PP de Laredo, y la otra por afines al expresidente del PP de Cantabria y ex presidente autonómico, Ignacio Diego –que perdió el congreso ante la que hasta el momento del cónclave era su número dos–, y que tenía entre los firmantes al parlamentario autonómico Santiago Recio. El juicio por la demandas de nulidad del XII Congreso del PP de Cantabria se celebró el pasado 15 de mayo y en él declaró, entre los testigos, el afiliado del PP de Laredo desde cuya cuenta se abonaron las cuotas de 491 militantes para poder participar en la elección –y que según los denunciantes era discapacitado intelectual– y la que fue gerente del partido y presidenta del comité organizador del congreso, Jesusa Sánchez, además de otros miembros y cargos públicos del partido.
"Lo cierto es que [Miguelín] se vale por sí solo para gestionar su patrimonio y su vida personal"
Respecto a Miguelín, la juez sostiene que "no tiene datos suficientes" para pronunciarse sobre la capacidad intelectual de este afiliado pero, al margen de ello, señala que, además de no estar incapacitado judicialmente, "lo cierto es que se vale por sí solo para gestionar su patrimonio y su vida personal". Así, recuerda que en la vista, éste aseguró que vivía solo, pagar sus recibos y efectúa sus propias gestiones, por lo que la juez cree que "no existe atisbo de incapacidad de obrar". Y en cuanto a la actuación de Miguelín, señala en la sentencia que este afiliado corroboró en el juicio que había abierto la cuenta desde la que se efectuaron el pago de las cuotas de ese medio millar de afiliados y destaca que lo hizo con el ánimo de colaborar con la candidatura de una de las partes. La juez otorga "mayor valor probatorio" a esta afirmación en el juicio que a la que, en otro sentido, realizó en una grabación aportada en el juicio. Además, respecto a la colaboración de Miguelín con la candidatura de Sáenz de Buruaga, la juez señala que otro de los testigos en el juicio reconoció haber colaborado con la otra candidatura realizando "idéntica labor" que el anterior: abriendo una cuenta y cediendo las claves. Sin embargo, a diferencia de Miguelín, en la sentencia se reconoce que este testigo se encargó también de contactar con las personas que no estaban al corriente de pago de las cuotas y procedió a abonar las cuentas de éstos en la cuenta del PP con la autorización de aquellas para que pudieran votar. De forma "más adecuada" actuó, según la juez, la exalcaldesa de Los Corrales de Buelna y parlamentaria autonómica Mercedes Toribio al recabar por escrito la autorización de quienes iba a abonar las cuotas.
Además, en la sentencia, la juez considera "válidos" los pagos efectuados a favor de terceros. De esta manera, muestra su desacuerdo con el argumento de los demandantes de que algunos de estos pagos no pueden admitirse porque no fue nominativo al no indicarse en el ingreso el nombre y apellidos de los afiliados por los que se hizo el abono y tildar de "insuficiente" la identificación por DNI. "No se puede mostrar conformidad con tal alegación, pues en España no existe documento alguno más específico que el DNI para poder identificar a una persona", dice la juez. Tampoco admite el argumento de los demandantes de que no podían considerarse pago a terceros algunos de estos pagos porque habían sido hechos por personas cercanas a Buruaga, como su marido, y "en beneficio" de la candidatura de ésta, llegando incluso a afirmar que con dinero procedente del propio PP. En este sentido, la juez concluye, por una parte, que tampoco "existe prueba alguna sobre la procedencia del dinero más allá de conocer quién efectuó algunos de los pagos, que no todos", por lo que se entiende que la afirmación de que el dinero procedía del PP es algo "carente de prueba". Y en cuanto a si los pagos hechos por personas cercanas a Buruaga pueden considerarse o no pago por terceros, la juez entiende que las personas que realizaron los pagos son terceros de quienes fueron beneficiados por el abono, que, según la sentencia, no fue la candidata sino los afiliados a los que se les pagaron las cuotas que debían, permitiéndoles participar así en el Congreso. Se sostiene que ni Buruaga fue la perceptora de esas cuotas ni los pagos se efectuaron para solventar impagos de ésta por lo que, a juicio de la juez, "no se puede afirmar" que la beneficiaria fuera ella. Además, respecto al interés que tenían las personas que abonaron las cuotas de terceros, la juez entiende que esto no "invalida" que sea correcto el abono ni que se trate de un pago por tercero.
Respecto a otra de las justificaciones de la sentencia para avalar el congreso, como es la caducidad de algunas de las acciones de anulabilidad llevadas a cabo por los demandantes, en la resolución se pone como ejemplos las efectuadas respecto al acuerdo de designación de los compromisarios natos o las adoptadas en cuanto a la decisión de dejar participar a dos compromisarios que, a juicio de los demandantes, no debían serlo o la falta de inclusión de cinco personas como compromisarios. Además, en la sentencia avala algunas de las resoluciones y acuerdos adoptados por los órganos internos del partido respecto a algunas reclamaciones efectuadas. Pese a ello, y en contra de lo que sostenía el PP en algunos de los casos, la juez reconoce la legitimación activa de los demandados para realizar algunas de sus reclamaciones. En la sentencia, la juez también echa abajo otros argumentos de los demandantes para pedir la nulidad del congreso, como la vulneración de la Ley de Protección de Datos que, a su juicio, "no ha quedado acreditada" porque, con la prueba practicada en el juicio, "no consta prueba alguna de la realidad de la cesión de datos por parte del partido demandando o de las personas encargadas de la protección de sus ficheros a terceras personas". Además, señala que la infracción de tal normativa "no conlleva como sanción la nulidad radical sino la imposición de importantes multas". Por otra parte, tampoco entiende la juez que hubo la "indefensión" alegada por los promotores de una de las demandas, al, según dijeron, no ser informados correctamente de los plazos de impugnación de las resoluciones y acuerdos que se iban adoptando en el Congreso. En este sentido, la juez considera que "no es admisible que se hable de indefensión cuando los demandantes, como afiliados del PP, "debían conocer los reglamentos y estatutos del partido" y pudieron consultarlos en la página web.
El escrito se basaba en diversas "irregularidades" que habrían resultado decisivas para el resultado
Una de las demandas de nulidad tiene entre sus firmantes al parlamentario autonómico Santiago Recio, que fue director general de Turismo durante el Gobierno autonómico de Ignacio Diego, y a la teniente de alcalde del Ayuntamiento de Valdáliga, Lorena García. Fue presentada a través del abogado asturiano Manuel Estrada, quien consiguió anular en los tribunales el congreso del PP de Gijón celebrado el 18 de octubre de 2014 y en el que obtuvo la mayoría de los votos David González Medina, lo que supuso la celebración de un congreso extraordinario, que también recurrió ante la Justicia. El escrito se basaba en diversas "irregularidades" que habrían resultado decisivas para el resultado del congreso del PP de Cantabria celebrado el 25 de marzo de 2017, dado el escaso margen de votos –cuatro– entre los candidatos, Buruaga y Diego. Entre ellas figuraban las transferencias realizadas desde una cuenta de un afiliado de Laredo, que según se señalaba es discapacitado psíquico, a una a nombre del PP para el pago de cuotas de 491 militantes, la no inclusión de algunos compromisarios natos o supuestas irregularidades sobre las papeletas, además de la consignación a mano por parte de algunos miembros de las mesas de nombres de personas en calidad de compromisarios que, según se señala, no venían previamente incluidos en las listas. Por dichos pagos supuestamente irregulares, el exconcejal del PP de Laredo Ramón Arenas había presentado una demanda que fue archivada por la Audiencia de Cantabria.
Y, por otro lado, el Juzgado de Instrucción número 5 de Santander admitió a trámite la demanda interpuesta por tres afiliados al Partido Popular en Laredo contra el PP, en la que piden la nulidad por supuestas "ilegalidades" en el proceso congresual. Fechada el 23 de junio y admitida el día 30, en la demanda de estos tres afiliados de Laredo se mantenía que el proceso de elección llevado a cabo para presidir el PP de Cantabria y renovar su Comité Ejecutivo Regional ha estado "pergeñado" de un "cúmulo de irregularidades e ilegalidades". Entre ellas citaban también la "adulteración o manipulación arbitraria del proceso electoral mediante el pago fraudulento de 491 cuotas de afiliados y compromisarios que no se encontraban al corriente de dicho pago, sin haberse prestado el preceptivo consentimiento expreso por los mismos a dicha cesión de datos a un tercero afiliado al partido". También alegaban la supresión "sin motivación legal alguna" de determinados compromisarios electos en el proceso electoral de 8 de marzo dentro de la circunscripción de Laredo, "sin haberles notificado, tampoco, resolución alguna con la razón de su eliminación de la lista de compromisarios al congreso del 25 de marzo". Y se aludía también "la inclusión arbitraria" de otros afiliados no electos como compromisarios en el proceso de primarias del 8 de marzo y que, sin embargo, ejercieron el voto en el congreso celebrado el 25 de marzo. Además, consideraban que no se ha respetado el derecho a impugnar con las debidas garantías legales y con la preceptiva transparencia aquellos acuerdos y actuaciones contrarios a la Ley y a los Estatutos del partido.
