Durante los últimos meses no han dejado de sucederse las polémicas en torno a las políticas de empleo del anterior Gobierno de Cantabria, liderado por el ‘popular’ Ignacio Diego. Al agujero dejado por irregularidades a la hora de solicitar la subvención europea, de 14 millones de euros, se suma la manipulación de los datos del paro denunciada por diferentes miembros del actual bipartito PRC-PSOE.
A todo ello se añade ahora una sentencia del Tribunal Superior de Justicia que anula una decisión de Diego por la que no se admitió un proyecto del Ayuntamiento de Torrelavega enmarcado en la Orden de Corporaciones Locales de 2015, y por el que se habrían contratado a 37 personas durante seis meses en el Centro Especial de Empleo Serca, cuya cuantía ascendía a 185.140 euros.
Así lo han desvelado este jueves el alcalde de Torrelavega, José Manuel Cruz Viadero, y el primer teniente de alcalde, Javier López Estrada, en rueda de prensa. Según han explicado, la sentencia no solo “ha dado la razón” al Consistorio, por lo que han mostrado su “satisfacción”, sino que pone de manifiesto que rechazar este proyecto de “revalorización de espacios públicos urbanos y conservación de zonas naturales” fue “un grave error” del PP.
Asimismo, la decisión de los tribunales ratifica que el argumento del PP, que aseguró que no se cumplían las bases de la orden de Corporaciones Locales, fue “una excusa” del PP y de Diego para “castigar” a Torrelavega, y un caso más del “maltrato y represalias” que padeció la ciudad durante su mandato. Además, han llamado la atención sobre las consecuencias de esa decisión “injusta” y que fue la imposibilidad de contratar a 37 desempleados con discapacidad durante 6 meses.
El PP sostuvo que el incumplimiento de las bases se producía porque la convocatoria estaba dirigida a municipios o a entidades locales supramunicipales, que no es el caso de este centro especial de empleo.
Sin embargo, la propia sentencia estima que el Patronato Municipal de Educación “es entidad pública vinculada al Ayuntamiento, que es una entidad local; que el objeto del Patronato coincide con el de la subvención por beneficiar a personas desempleadas; y que tiene capacidad técnica para realizar este tipo de actividades”. No hay que olvidar que en los años 2011, 2012 y 2013 el Gobierno reconoció las subvenciones para contratar personal por parte del Serca.
En la sentencia, han informado Cruz Viadero y López Revuelta, el Tribunal acuerda anular la resolución impugnada y condenar a la administración a admitir la solicitud de subvención y a reconocer su derecho a la subvención que proceda para la contratación de 37 personas desempleadas, con discapacidad, para desarrollar el proyecto denominado revalorización de espacios públicos urbanos y conservación de zonas naturales, con expresa condena en costas a la administración demandada.
Respecto a los pasos que va a dar el Ayuntamiento a partir de este momento, Cruz Viadero y López Estrada han avanzado que se realizarán “consultas” para “aclarar cómo se va a reparar” dicha situación, toda vez que el proyecto rechazado se refería a una convocatoria ya finalizada. Lo que sí han dejado claro es que la “preferencia” del equipo de gobierno PSOE-PRC es “desarrollar dicho proyecto e intentar que se ejecute el mismo”.
