lunes 16.09.2019
POLÍTICA

La Justicia saca los colores a los dos jefes de la mayor empresa pública del Gobierno de Cantabria

Un juzgado de Primera Instancia de Santander constata una opinión pública “absolutamente convencida” de que la gestión de Salvador Blanco, consejero delegado de Sodercan, ha sido “irregular, gravemente perjudicial para los intereses económicos públicos y absolutamente reprobable” y otro de lo Mercantil inhabilita “para administrar los bienes ajenos” a Víctor Gijón, director de Promoción y Desarrollo Internacional de la empresa pública, tras declarar culpable el concurso de acreedores de su antiguo grupo de comunicación.

PP, Podemos, Ciudadanos e IU de Cantabria exigen al Ejecutivo autonómico el cese de Víctor Gijón, que recurrirá la sentencia aunque considera que ésta no afecta a su cargo en Sodercan. ​

Víctor Gijón, Salvador Blanco y Eva Díaz Tezanos
Víctor Gijón, Salvador Blanco y Eva Díaz Tezanos

Dos sentencias judiciales han vuelto a sacar los colores a Salvador Blanco y a Víctor Gijón, los dos principales jefes de Sodercan, la mayor empresa pública del Gobierno de Cantabria PRC/PSOE. Blanco es el consejero delegado de Sodercan, y Gijón, el director de Promoción y Desarrollo Internacional de la empresa pública, cuyo objetivo es “contribuir activamente al fortalecimiento del tejido industrial de Cantabria apoyando todas las actividades que contribuyan a mejorarlo, facilitando los procesos de creación, consolidación y crecimiento empresarial” y que pretende constituirse en “un modelo a seguir en la creación, la consolidación y el crecimiento empresarial, contando para ello con un equipo de profesionales especializados capaces de aportar soluciones a las necesidades de las empresas cántabras”.

“Es indiscutible que existía una opinión pública absolutamente convencida de que su gestión en Sodercan había sido irregular”

Una sentencia del Juzgado de Primera Instancia nº 10 de Santander fechada el pasado 19 de mayo ha desestimado íntegramente una demanda de Salvador Blanco contra el secretario general de Podemos Cantabria, Julio Revuelta, absolviendo a éste de una supuesta intromisión ilegítima en el derecho al honor del consejero delegado de Sodercan –por las declaraciones que realizó a un programa de radio el 8 de septiembre de 2016– y condenando a Blanco a pagar todas las costas del juicio, celebrado el pasado 28 de abril. La sentencia establece que las críticas de Revuelta a la gestión del consejero delegado de Sodercan estaban amparadas por la libertad de expresión, pero es que además se muestra implacable con la actuación de Blanco al frente de la mayor empresa pública del Gobierno de Cantabria: “Lo que es indiscutible es que en la fecha de los hechos existía una opinión pública absolutamente convencida de que su gestión pasada en Sodercan había sido irregular, gravemente perjudicial para los intereses económicos públicos y absolutamente reprobable”, afirma la sentencia, que añade que dicho estado de opinión tuvo reflejo en los medios de comunicación y “de forma tan contundente como reiterada” en el Parlamento de Cantabria, que llegó a aprobar “su solicitud de cese por no considerársele idóneo para repetir su cargo en Sodercan”. Además, asegura que dicho estado de opinión “se apoyaba en el informe de un organismo aparentemente tan objetivo e imparcial como es la Intervención General de la Administración del Gobierno de Cantabria”, un informe “muy crítico con la gestión del demandante en Sodercan, y en realidad en su declaración radiofónica el demandado se limitó poco más que a hacerse eco de dicho informe”.

Por su parte, una sentencia del Juzgado de lo Mercantil nº 1 de Santander fechada el pasado 16 de mayo y que el TSJC ha hecho pública este lunes ha declarado culpable el concurso de acreedores del antiguo grupo de comunicación de Víctor Gijón (Grupo Digital 2006) por “retraso en la solicitud del concurso”, condenando al director de Promoción y Desarrollo Internacional de Sodercan a dos años de inhabilitación “para administrar los bienes ajenos” y “para representar a cualquier persona”, estableciendo la sentencia expresamente que durante esos dos años Gijón –miembro del Comité Regional del PSOE de Cantabria– no podrá “ejercer el comercio ni tener cargo ni intervención directa administrativa o económica en compañías mercantiles o industriales”.

PP, Podemos –cuyos votos sirvieron para investir como presidente autonómico al secretario general del PRC, Miguel Ángel Revilla–, Ciudadanos –cuyos votos sirvieron para que el Gobierno de Cantabria pudiera sacar adelante sus últimos Presupuestos– e IU de Cantabria han exigido al Ejecutivo autonómico y a Revilla el cese de Víctor Gijón como director de Promoción y Desarrollo Internacional de Sodercan, sociedad mercantil pública creada en 1984 y adscrita actualmente a la Vicepresidencia del Gobierno de Cantabria, que dirige la secretaria general del PSOE de Cantabria, Eva Díaz Tezanos.

Gijón cree que la sentencia no afecta a su cargo en Sodercan

Víctor Gijón ha considerado que la sentencia del Juzgado de lo Mercantil que lo inhabilita durante dos años dos años para administrar los bienes ajenos, representar a cualquier persona y ejercer el comercio o tener cargo o intervención directa administrativa o económica en compañías mercantiles o industriales no afecta “en absoluto” a su cargo de director de Promoción y Desarrollo Internacional de Sodercan porque él no es “administrador” de la empresa pública, aunque ha anunciado que recurrirá el fallo.

Gijón dice que los hechos juzgados ocurrieron “hace siete años” y en su “actividad como empresario privado”

Gijón ha declarado a Europa Press que “no hay ningún tipo de incompatibilidad ni ninguna obligación legal ni razón jurídica” para presentar su renuncia y ha destacado que los hechos juzgados ocurrieron “hace siete años” y en su “actividad como empresario privado”. Además, ha asegurado que hay “muchas posibilidades” de que su recurso de apelación sea estimado, porque “se entiendan las razones” por las que se retrasó en la solicitud del concurso de acreedores de su antiguo grupo de comunicación, y la sentencia del Juzgado de lo Mercantil sea revocada por la Audiencia de Cantabria. No obstante, ha considerado que aunque la sentencia del Juzgado de lo Mercantil sea confirmada, “en absoluto me inhabilita para mi trabajo en Sodercan, donde no soy administrador”.

Sobre la exigencia de Podemos, Ciudadanos e IU –a los que posteriormente se ha sumado el PP– de que sea cesado de su cargo en la mayor empresa pública del Gobierno de Cantabria, ha señalado que “respeta todas las opiniones pero no las comparte” y que esas fuerzas políticas “deberían informarse”.

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