La investigación del ‘caso Cortina’, que instruye una denuncia contra el exalcalde de Astillero, Carlos Cortina, por la presunta contratación “a dedo” de una empleada del Consistorio, tiene una nueva cita el próximo 30 de noviembre, cuando los tres interventores que estuvieron en el Consistorio durante la contratación de Rosa Nozal, tal y como recoge la resolución del Juzgado de Instrucción número 3 de Santander.
La empleada municipal, que cobró 100.000 euros para la elaboración de la Relación de Puestos de Trabajo (RPT) de la Administración local, es hermana de otra empleada del Ayuntamiento vinculada al PP. Los contratos realizados por Nozal con el Ayuntamiento fueron menores. En este sentido, el magistrado Fernando Vegas, que investiga la causa, ha apreciado "indicios de irregularidad" en la actuación de Cortina, imputado por un supuesto delito de prevaricación y tráfico de influencias.
El exalcalde había presentado un recurso contra su imputación, que fue rechazado por el Juzgado de Instrucción número 3 el pasado 8 de septiembre. Este auto estuvo acompañado, además, de otro en el que el magistrado también rechazaba el recurso interpuesto por José Ramón Cuerno Llata contra la desimputación de la empleada municipal.
