Martes 21.05.2019
POLÍTICA

El mandato de Esther Merino, exalcaldesa de Cabezón de la Sal y senadora del PP, denunciado por “ilegalidades” contables

La desaparición de 1,69 millones de euros, requeridos por el Tribunal de Cuentas, es lo que la actual alcaldesa, Isabel Fernández, ha denunciado ante el juzgado de Torrelavega como resultado de una investigación y sobre los que "no existe ningún dato contable".

El presidente del PP, Ignacio Diego, y la exalcaldesa de Cabezón de la Sal, Esther Merino
El presidente del PP, Ignacio Diego, y la exalcaldesa de Cabezón de la Sal, Esther Merino

La alcaldesa de Cabezón de la Sal, Isabel Fernández (PSOE), ha presentado una denuncia en los juzgados de Torrelavega por "ilegalidades" en la contabilidad municipal durante la anterior legislatura, en la que según ha asegurado, hubo "ocultación de dinero" y una "ficción total" en las liquidaciones del presupuesto.

La denuncia es resultado de la investigación interna ordenada por la alcaldesa en junio a raíz del requerimiento del Tribunal de Cuentas sobre gastos sin fiscalización previa de 1,6 millones de euros por un lado y 90.000 por otro, realizados en 2013 por la entonces alcaldesa, Esther Merino, actual senadora del PP por Cantabria y próxima a la diputada Ana Madrazo. Sobre dichas cuantías "no existe ningún dato contable", según certificaron hace meses la interventora y la tesorera.

La denuncia, que no va contra nadie en particular sino que es "abierta", va acompañada de 5.000 folios de documentación "oficial y contrastada" de movimientos bancarios, contrataciones, subvenciones, etc. recopilados durante la investigación.

La denuncia va acompañada de 5.000 folios de documentación "oficial y contrastada" de movimientos bancarios

La alcaldesa quiere que el juzgado abra una investigación penal porque a su entender, de la documentación recabada se desprende que "no son errores administrativos, sino actos delictivos".

Como ejemplo de "ocultación", ha denunciado que el 30 de enero de 2014 figura un ingreso de 258.999 euros del Fondo de Liquidez Autonómica del que no se dio cuenta en ningún Pleno, ni tampoco en la liquidación del presupuesto. "Los 1,6 millones podrían estar en muchas patas, pero a mí me es muy difícil llegar a ello porque he tenido dificultad hasta para llegar a los extractos bancarios de las cuentas", ha enfatizado Fernández.

Según ha explicado, el primer paso que dio en esta investigación fue pedir los movimientos bancarios de las cuentas del Ayuntamiento en los años 2013 y 2014, en los que observó "distintas cosas que me extrañaron", en primer lugar que el Consistorio tenía entre 40 y 50 cuentas bancarias, y hasta 13 en una única entidad; y "funcionaba mucho con cheques" de importes desde 60.000 a 200.000 euros.

Respuesta de Merino

La senadora del PP, Esther Merino, que ha convocado una rueda de prensa para este viernes en relación a esta denuncia, ya defendió su gestión cuando la noticia se dio a conocer en junio, achacándolo a un convenio de basuras. En aquel momento aseguró que "quizás lo primero que tendría que hacer la alcaldesa es hablar más con su primer teniente de alcalde y responsable de Medio Ambiente, que es donde el Tribunal de Cuentas viene demandando más información desde el año 2013".

"En ese año aprobamos en pleno un convenio de basuras con el Gobierno de Cantabria, por un importe de algo más de un millón seiscientos mil euros, que repercutiría anualmente en el presupuesto municipal en torno a 200.000 euros. Ahí está el dinero", ha explicado

Según la senadora del PP, que sigue siendo concejala del PP en Cabezón de la Sal, "el malentendido con el Tribunal de Cuentas puede deberse a que el anterior interventor consideraba que el Ayuntamiento no disponía de esa cifra para un solo ejercicio, cuando la realidad es que se iría pagando a lo largo de los ocho años de duración del convenio".

Merino añadió que hay otros 90.000 euros "que nosotros no podíamos tener presupuestados con carácter previo, ya que son de procesos judiciales de ese año. Concretamente al contencioso que hubo con los cuatro trabajadores del Programa Escaramujo, que no era sostenible y quisimos reducir. Las indemnizaciones y gastos asociados al proceso judicial repercutieron en esa cifra que ya he comentado".

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