El anuncio del pasado lunes de la vicepresidenta del Gobierno regional, Eva Díaz Tezanos, en el que devolvía la asistencia sanitaria “gratuita y universal” a todos los residentes en Cantabria con más de tres meses de empadronamiento, devuelve la esperanza de recibir una atención sanitaria correcta a más de 5.000 inmigrantes. Y es que en la región, como señaló la propia Díaz Tezanos unas semanas antes de las elecciones, hubo 5.059 tarjetas sanitarias que quedaron fuera del sistema tras la publicación del Real Decreto Ley 16/2012.
La nueva situación de la sanidad cántabra, que ofrece “prestaciones de la cartera común básica y suplementaria”, permite a los inmigrantes en situación irregular y que cumplan las condiciones recogidas en la Orden SAN/38/2015 tener acceso a “métodos diagnósticos, preventivos y terapéuticos”. Un servicio muy diferente al que tenían hasta ahora, que recogía un servicio de urgencia.
Se cumple así uno de los compromisos más firmes del PSOE regional, que siempre ha acusado al anterior Ejecutivo de Cantabria del PP de retirar la tarjeta sanitaria “por razones ideológicas” y de hacer “anuncios electoralistas” como el de volver a incluir la atención primaria en el servicio que recibirían los inmigrantes, aunque “sin devolverles la tarjeta”.
Los datos de los inmigrantes que han utilizado el servicio desmienten, por otro lado, las acusaciones de volver a imponer el “turismo sanitario” que la ex consejera de Sanidad del PP, María José Sáenz de Buruaga, ha vertido contra el Gobierno PRC-PSOE. Las consultas totales en atención primaria no supera el 1% del total, mientras que las de urgencias apenas llegan al 2,5%, según datos de abril.
Plataforma social
La asistencia sanitaria universal que ha vuelto a implantar el Ejecutivo regional da respuesta a una necesidad social que había llevado a crear una plataforma capaz de ofrecer el servicio que no podían ofrecer los médicos del Servicio Cántabro de Salud.
Unos meses después de que el PP denegara el acceso a la atención primaria a los inmigrantes en situación irregular agrupaciones sociales como Ciudadanos contra el Apartheid Sanitario o Cantabria por lo Público pusieron en marcha una iniciativa que trataba de paliar, como ellos mismos manifestaron, “un atentado contra la dignidad humana” y una forma de “racismo sanitario”.
Por ello, muchos trabajadores del sistema sanitario, tanto administrativos como médicos, pusieron sus conocimientos y su trabajo al servicio de este colectivo a través de un teléfono que permitía el acceso a muchos de los servicios que el PP había recortado con el Real Decreto Ley.
Un derecho, no caridad
Las críticas al modelo sanitario del PP han vuelto a surgir como respuesta a las críticas de Sáenz de Buruaga. La diputada nacional Puerto Gallego ha asegurado que "lo que diferencia al PP del PSOE con respecto a la protección de la salud y la atención sanitaria, y no es, precisamente, una cuestión menor, es que lo que para nosotros es un derecho, para los conservadores es un acto graciable: es caridad”.
A juicio de Gallego, las declaraciones de la ex consejera de Sanidad demuestran el "abismo conceptual" existente entre su partido y el PSOE respecto al derecho a la protección de la salud. Gallego rechaza de este modo que la universalización de la atención sanitaria pueda considerarse "un fraude". "Ni es ni un fraude, ni es una invitación al turismo sanitario. En todo caso, cuesta identificar la figura del inmigrante sin papeles con la de un turista, manido y falaz argumento utilizado por el Gobierno Rajoy para dejar sin atención sanitaria a miles de inmigrantes 'sin papeles'", ha apostillado la socialista.
A su juicio, "no hay justificación alguna para la exclusión del derecho a la protección de la salud", como "repetidamente" han manifestado organizaciones como Amnistía Internacional. Pero, además, "al defender la universalidad se está protegiendo la salud pública, la salud de todos los ciudadanos, que puede verse amenazada sanitariamente si se deja a colectivos sin protección como pretende el PP".
Gallego ha subrayado que con esta nueva orden del Ejecutivo regional "se compensa" la exclusión de extranjeros irregulares del sistema "hasta el máximo posible de las competencias que tiene la Comunidad Autónoma", pero ha asegurado que "lo ideal sería que el Gobierno nacional del PP corrigiese su error". En este sentido, ha animado a Buruaga a que exija al ministro de Sanidad y al presidente Mariano Rajoy la derogación de una normativa "injusta y contraria al derecho".
Mientras tanto, con la orden aprobada por el Ejecutivo autonómico, "los excluidos por la norma estatal recuperan el derecho a la asistencia sanitaria en la región en igualdad de condiciones que el resto de ciudadanos".
