Entre los años 1996 y 2011 el Ayuntamiento de Reocín dejó de cobrar un total de 447.594,96 euros en licencias urbanísticas. Una cantidad que se enmarca dentro de los 731.676,27 euros que un decreto de la Alcaldía de diciembre de 2015 establece como deuda tributaria prescrita, es decir, facturas debidas que el Consistorio no va a poder recuperar.
Las cantidades adquieren un significado mayor cuando se comparan con el presupuesto municipal, que supera los cinco millones, y la deuda total del Ayuntamiento, que prácticamente asciende al 100% de ese presupuesto. La revelación del listado de más de 90 facturas prescritas, entre las que destacan cuantías tan llamativas como los 351.289,50 euros en licencias urbanísticas perdidas en 2007, ha sido objeto de una pregunta en el primer pleno municipal de este 2016, aunque las respuestas pueden dejar más dudas.
El propio alcalde, Pablo Diestro, ha asegurado que en el Ayuntamiento no se entrega ninguna licencia de obra sin haber sido pagada previamente. En cualquier caso, y ante las deudas prescritas de las licencias urbanísticas, Diestro ya había afirmado a este diario que es un "auténtico escandalazo".
En similares términos se ha expresado el Teniente de Alcalde de Reocín, el socialista Mario Iglesias, quien ha calificado de “gran pérdida” estas facturas prescritas. Iglesias ha recordado que están en un Plan de Ajuste, por lo que perder esa cantidad “supone un agravio importante”.
Pablo Diestro ha asegurado que en el Ayuntamiento no se entrega ninguna licencia de obra sin haber sido pagada previamente
Iglesias también ha señalado que esta situación “viene de bastantes años antes, y lógicamente no es un plato de buen gusto”. En efecto, la deuda prescrita corresponde a los años en los que en el Ayuntamiento estaba gobernado por el PSOE, cuando se vivió el ‘boom’ inmobiliario y la posterior crisis económica y financiera, con la que los vecinos tuvieron que sufrir importantes recortes y subidas de impuestos.
De hecho, el equipo de Gobierno PRC-PSOE ha achacado en varias ocasiones las dificultades que tiene para mejorar los servicios municipales a la “dramática situación económica que atraviesa” el Ayuntamiento. A pesar de ello, se han dejado prescribir más de 450.000 euros en licencias urbanísticas.
Según ha explicado el teniente de alcalde socialista, el motivo de que existan esas deudas impagadas y prescritas por licencias urbanísticas es que durante el ‘boom’ inmobiliario “se concedían licencias”, pero a la hora de ir a cobrarlas no se pagaban, por lo que se generaban “intereses de demora”. Una vez llegó la crisis y las empresas entraron en quiebra o suspensión de pagos, el Ayuntamiento no tenía forma de reclamar esas cantidades debidas al no existir las empresas.
“Nos pasa también con las fincas que tienen las empresas”, ha asegurado, por las que “no pagan el IBI ni limpian”. En caso de que el Consistorio quisiera realizar trabajos de limpieza y pasar la factura, no tendría forma. “Es tocar una puerta que sabes que no se va a abrir”, ha afirmado Iglesias, quien ha reiterado que todo ocurrió “antes de la crisis”.
Empresa CGI
Por su parte, Pablo Diestro ha asegurado que los 68.293,31 euros pagados a la empresa Coordinadora de Gestión de Ingresos (CGI), vinculada a la trama Púnica y a la operación Termyca, se debe exclusivamente al cobro de una deuda que la empresa Bridgestone tuvo en 2009 con el servicio de inspección del Impuesto de Actividades Económicas (IAE).
Según ha explicado, la cantidad total de dicha factura era de 235.169,81 euros, en la que se incluye no solo el importe original, sino las costas y demoras por un proceso posterior de reclamación. Asimismo, ha explicado que CGI no facturó el 5% de dicha cantidad, como de hecho ha reiterado a este medio su teniente de alcalde, sino que el contrato contempla el 24%. Esto deja un beneficio para CGI de 56.440,75 euros, lo que sumado al correspondiente IVA daría como resultado la cantidad final abonada por el Ayuntamiento de Reocín.
Las declaraciones de Diestro revelan, por tanto, que la empresa fue contratada en 2010, bajo el gobierno del PSOE. Posteriormente, y ya con el PP en el equipo de Gobierno, se realizó un nuevo contrato en el que CGI no adquiere un porcentaje del principal recuperado, pero contempla que la empresa se lleva un 80% sobre el recargo de lo recaudado en vía ejecutiva, y un 50% de los intereses recaudados por esta misma vía.
Según el exalcalde ‘popular’, Miguel García Cayuso, el contrato que se hizo con esta empresa, con un concurso negociado sin publicidad, se realizó “con un proceso legal”, por lo que “no hay nada oculto ni oscuro”.
Asimismo, el alcalde ha apuntado que existe una factura pendiente con CGI por valor de 12.824,30 euros que todavía no se ha formalizado por un desvío de 100 euros que está pendiente de resolverse.
Respecto a la relación del Ayuntamiento con CGI, el socialista Mario Iglesias ha opinado que “se ha generado más alarma de la que realmente existe”, y ha asegurado que la corporación municipal está “hablando con la Interventora” para analizar hasta dónde alcanza dicha relación contractual.
