viernes. 29.03.2024

El exalcalde de Castro Urdiales Fernando Muguruza ha asegurado que durante su mandato al frente del Ayuntamiento "nunca" aprobaron "nada" con informes técnicos en contra y que "nunca" dijo a ningún técnico lo que tenía que hacer. Así lo ha declarado hoy en el Juzgado de lo Penal nº 3 de Santander, durante la segunda jornada del juicio del caso Proconor de Castro, donde únicamente ha respondido a las preguntas de su abogado, y ha eludido las de la fiscal, que en su informe de acusación solicita para el exalcalde del PRC un año de cárcel y siete de inhabilitación especial para empleo o cargo público por prevaricación urbanística. Su antecesor en la Alcaldía hasta 2003, Rufino Díaz Helguera, que también está acusado, fue llamado a declarar ayer pero se acogió a su derecho a no hacerlo. La fiscal pide para el exalcalde del PSOE 14 años de inhabilitación por dos delitos de prevaricación administrativa. Junto a los dos exalcaldes, también están acusados los exconcejales José Miguel Rodríguez López KyK, Salvador Hierro, Fidel Uriarte, Paulino Lavín, Gúzman Miranda, Jaime Díez Muro, Juan Tomás Molinero, Concepción Carranza, Ana Zubiaurre, Elisa Cantera, Santiago Vélez, Joaquín Antuñano, Javier Zurbano, Víctor Echevarría, Marta González, Guzmán Miranda, Pedro Olano y Teresa Pérez Barreda.

El Ministerio Público les imputa una serie de irregularidades en la aprobación de los instrumentos de desarrollo

La fiscal del caso, instruido por el juez Luis Acayro Sánchez, entonces al frente del Juzgado de Instrucción nº 2 de Castro Urdiales, les acusa de prevaricación administrativa y urbanística por abrir un vial en suelo destinado en el Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) a equipamiento público educativo-deportivo en el entorno del Colegio Arturo Dúo. El Ministerio Público les imputa una serie de irregularidades en la aprobación de los instrumentos de desarrollo, con informes desfavorables de la Comisión Regional de Urbanismo y de la ingeniera municipal, María del Carmen Villanueva, para quien la Fiscalía solicita un año de prisión.

A preguntas de su abogado, Muguruza ha afirmado que no tenía conocimientos de urbanismo "ni los tiene", que "confiaba plenamente" en el secretario, que era quien armaba los expedientes, y que al final el Pleno lo que hacía era dar el visto bueno al expediente del secretario. "No tenía ninguna duda de que lo que aprobábamos estaba correcto y si faltaba algún informe o había alguna duda se dejaba sobre la mesa", ha explicado. "Hay una gran confusión sobre las funciones y competencias de los técnicos y los políticos", se ha quejado el exalcalde, quien ha asegurado que "en ningún momento tuve la más mínima intención de pisar las competencias de los técnicos y nunca lo hice", ha apostillado. De hecho, ha explicado que decidió crear la figura de la Gerencia de Urbanismo "en aras de la claridad y la transparencia, para que sirviera de lazo de unión y comunicación entre los departamentos técnico y político".

Todos los exconcejales que han declarado han asegurado también que "nunca" aprobaron expedientes con informes jurídicos y técnicos en contra

Todos los exconcejales que han declarado antes de Muguruza han asegurado también que "nunca" aprobaron expedientes con informes jurídicos y técnicos en contra. El concejal de Urbanismo y Vivienda entre 1999 y 2003, Joaquín Antuñano, ha señalado que siempre que había algún reparo o faltaba algún documento se dejaba el expediente sobre la mesa. María Teresa Pérez Barreda, concejala de 1995 a 2007 –los primeros años con responsabilidades de gobierno y después de 2003 en la oposición–, ha añadido que en los plenos "nunca se les advirtió de ninguna irregularidad" o de que lo que iban a aprobar "pudiera ser ilegal". "Votábamos en los plenos convencidos de que todo era legal, y más en la oposición", ha apostillado. En la misma línea, Pedro Vicente Olano, concejal durante ocho años, ha declarado que el secretario "jamás nos apercibió de que hubiera algo ilegal", y que creían que lo que estaban haciendo "estaba correcto y que estaban cumpliendo al 100% las directrices de la CROTU". Javier Zurbano, concejal de 1996 a 2003, ha declarado que "no tenía ni idea de urbanismo ni tiempo de preocuparse" de ese ámbito, ya que él trabajaba en su empresa y por la tarde gestionaba temas de su concejalía -cultura y deporte-. "Nos basábamos en el principio de confianza del concejal delegado", ha dicho. En el mismo sentido, Jaime Díez Muro, concejal de Industria de 2003 a 2007, ha explicado que tenía la "máxima confianza" en el concejal de Urbanismo, y que no examinaba la documentación porque "cada uno era responsable de su área y tenía una confianza absoluta en el buen hacer de los compañeros". También ha dicho que no sabe nada de urbanismo y que no le consta que hubiera informes desfavorables. Por último, Salvador Hierro, concejal de 1999 a 2011, ha declarado que "en más de una ocasión ha tenido dudas sobre los informes del secretario", y que cuando tenía dudas se abstenía o votaba en contra.

El secretario municipal, César Saiz, estuvo imputado como supuesto cooperador necesario de un delito de prevaricación administrativa, pero su acusación la formuló el partido La Unión, y al retirarse como parte acusadora, ha decaído.

Muguruza asegura en el juicio de Proconor que “nunca” aprobaron “nada” con informes...
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