La empresa Ecomasa, la fábrica de estufas de Nestor Martin en Camargo aprobó el pasado 18 de agosto en junta de accionistas la presentación del concurso de acreedores. Si bien la fecha límite para presentarlo era el 20 de agosto, debido al periodo inhábil en los juzgados de este mes se entregará la información el 1 de septiembre. El concurso de acreedores sí que tendrá efectos desde el 20 de agosto.
Por su parte la vicepresidenta regional y consejera de Universidades e Investigación, Medio Ambiente y Política Social, Eva Díaz Tezanos a preguntas de los periodistas ha anunciado que “el Gobierno de Cantabria (PRC-PSOE) ha encargado una auditoría forense para conocer el destino de los 18 millones de euros de dinero público concedidos a esta empresa durante la pasada legislatura por el anterior Ejecutivo regional del PP”.
Tezanos ha señalado que en los próximos quince días se espera conocer el resultado de dicha auditoria. “Si apreciamos algún indicio de delito alguno lo trasladáremos a la Fiscalía´” ha matizado Díaz Tezanos.
Este periódico ha querido conocer la opinión del PP y de Podemos pero han preferido no hacer valoraciones por el momento. Por su parte Ciudadanos también ha preferido esperar hasta la Comisión de Economía del 31 de agosto para “poder hacer una valoración en profundidad y con conocimiento”.
La licencia vence en diciembre
La licencia y acuerdo con Nestor Martin para comercializar su marca de estufas vence en diciembre de este año, por lo que si finalmente existe un nuevo comprador, cosa por el momento poco probable, se deberá renegociar la licencia.
Tezanos en el aspecto del nuevo socio ha asegurado que “en cuanto entren los administradores concursales desde SODERCAN nos pondremos en la búsqueda de un nuevo socio que le de viabilidad tanto económica como técnica a este proyecto” “El objetivo es mantener el mayor número de trabajadores si conseguimos tener ese nuevo socio”.
El Gobierno ha mantenido una reunión con el Comité de Empresa de la factoría la pasada semana, una reunión en la que se transmitió a los trabajadores que “el gobierno no puede poner más dinero por las limitaciones que tenemos a pedir avales por el Consejo de Ministros”.
