Miércoles 26.09.2018
VIVIENDA

La PAH okupa una sucursal de Liberbank en Santander tras reunirse con Zuloaga: “Se va a acabar el desahuciar”

Activistas de la PAH despliegan una pancarta en la sucursal de Liberbank en la santanderina calle Burgos | PAH Santander
Activistas de la PAH despliegan una pancarta en la sucursal de Liberbank en la santanderina calle Burgos | PAH Santander

PAH (Plataforma de Afectados por la Hipoteca) Santander ha okupado hoy jueves, 12 de julio, una sucursal del banco Liberbank en la santanderina calle Burgos. “Hoy la Plataforma Cantabria por lo público y sin recortes se concentra por la sanidad pública. Nosotras por la vivienda. A las que queráis os esperamos en la calle Burgos”, ha comunicado en su perfil de Twitter PAH Santander, que ha anunciado que sus activistas permanecerán en la sucursal bancaria “lo que haga falta, por mucho que” el delegado del Gobierno español en Cantabria, Pablo Zuloaga, “nos mande a la Policía”. “Se va a acabar el desahuciar”, ha añadido la Plataforma.

“Si no hay soluciones, habrá okupaciones”

No obstante, “pues ya han cerrado la oficina de Liberbank y aquí está la secreta llamando por teléfono... A ver qué hacen, ¿nos quedamos o nos echan?”, se preguntó la PAH pasadas las tres de esta tarde. “Hoy nos vamos de Liberbank, pero pronto nos veremos. Si no hay soluciones, habrá okupaciones”, añadió la Plataforma antes de abandonar al okupación.

La okupación de la sucursal bancaria se produce precisamente tras la reunión, este mismo jueves en la sede de la Delegación del Gobierno español en Cantabria, de Zuloaga con representantes de la PAH, con quienes Zuloaga ha abordado “varios asuntos que afectan al colectivo, como los procesos de desahucio tramitados en las últimas semanas en la comunidad autónoma –como los iniciados en la santanderina calle General Dávila y en Gama (municipio de Bárcena de Cicero)–, los problemas derivados de la denominada ley mordaza o la necesidad de una norma de vivienda”, según ha informado en un comunicado la Delegación del Gobierno.

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Zuloaga se ofrece para ayudar en la medida de sus posibilidades, “respetando siempre” la ley

Por parte de la PAH, han participado en el encuentro Raúl Noriega, Gema Blanco –afectada por el desahucio de la santanderina calle General Dávila–, Héctor Setién –afectado por el desahucio de Gama– y Antonia Luengo, que han expuesto a Zuloaga sus principales reivindicaciones y preocupaciones. Según la Delegación del Gobierno, Zuloaga ha mostrado a la PAH su “sensibilidad” ante este “problema” y se ha puesto a su disposición para ayudar en la medida de sus posibilidades, “respetando siempre” la ley. En este sentido, ha asegurado a los representantes de la PAH que cuando se produce un desahucio, no es la Delegación del Gobierno sino el juzgado encargado del caso el que requiere a la Guardia Civil o al resto de Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado.

Los miembros del colectivo han puesto sobre la mesa los principales problemas a resolver: el desahucio de Gama, la ley mordaza y la Ley de Vivienda.

Sobre el primero, que afecta a la familia de Héctor Setién, la PAH ha advertido de que seguirá “poniendo cara a los responsables del caso” para continuar “presionando”. También ha reclamado que la Guardia Civil lo “investigue”, algo que ya está ocurriendo con otros casos similares en Galicia, Asturias o la Comunidad Autónoma Vasca.

“No compartimos la ley mordaza, pero mientras no se modifique o derogue tenemos que seguir aplicándola”

En cuanto a las leyes, sobre la denominada ley mordaza la PAH ha mostrado su “temor” a ser sancionados en sus movilizaciones, pues “el anterior delegado del Gobierno –Samuel Ruiz (PP)– nos llegó a sancionar, aunque luego el juzgado lo reprobó". A pesar de ello, han avisado los representantes del colectivo, “vamos a seguir movilizándonos, parando desahucios y ocupando oficinas bancarias”. En este sentido, Zuloaga les ha advertido de que la norma “está en vigor”, por lo que si se vulnera, “hay que seguir el trámite”. Así, les ha adelantado que “la sensibilidad cambia con el nuevo Gobierno. No compartimos la ley mordaza, pero mientras no se modifique o derogue tenemos que seguir aplicándola para no incurrir en un delito. Tenemos que hacer cumplir la ley”.

Finalmente, la PAH ha puesto sobre la mesa la necesidad de una Ley de Vivienda para “acabar con las trabas al derecho a una vivienda digna”. En este sentido, sus representantes han recordado que el pasado martes, 10 de julio, se celebró en Madrid una reunión con todos los grupos políticos para poner en marcha la normativa estatal tras “levantarse los vetos que existían”. Los principales puntos que proponen para esa norma son cinco: dación en pago retroactiva, alquiler asequible, suministros básicos garantizados, stop desahucios y vivienda social. También han anunciado que en septiembre continuarán con su propuesta de una ILP (Iniciativa Legislativa Popular) en el Parlamento de Cantabria para que el Gobierno autonómico legisle sobre la materia dentro de sus competencia y han recordado que el inicio de la recogida de firmas para la ILP “lo tiene que autorizar el Ejecutivo, pero se vetó en el Consejo de Gobierno”.

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