La Plataforma de Afectados por la Hipoteca (PAH) de Santander y Stop-Desahucios Cantabria han denunciado que el Reglamento de la Oficina de Emergencia Habitacional del Gobierno de Cantabria excluye de la oferta de alternativa habitacional a determinadas personas con riesgo de ser desahuciadas, y por ello han pedido que mientras esto no se corrija se suspenda su aplicación. Así se lo han solicitado hoy representantes de ambas plataformas a la directora general de Vivienda del Gobierno autonómico, Eugenia Gómez de Diego, en una reunión que han mantenido esta tarde. En declaraciones a Europa Press tras la reunión, los portavoces de PAH y Stop-Desahucios, Óscar Manteca y Roberto Mazorra, respectivamente, han explicado que dicho reglamento tiene unos requisitos "restrictivos" en cuanto a qué personas en emergencia habitacional se les ofrece una alternativa desde la Oficina.
Stop-Desahucios sostiene que dicho reglamento de la Oficina de Emergencia Habitacional es "ilegal" y "manifiestamente inconstitucional"
Manteca y Mazorra han explicado que la Oficina de Emergencia Habitacional "limita", "casi exclusivamente", los ofrecimientos de viviendas del parque público de Cantabria a personas en situación de emergencia habitacional que tienen impagos de alquileres privados, dejando fuera otros casos, y ha señalado que por ejemplo no se ofrece alternativa a los denominados precaristas, es decir personas que no pagan alquiler y están viviendo en casas que no son de su propiedad "por permisividad del dueño" y que se encuentran en situación de emergencia habitacional. Han explicado que sus plataformas llevan varios casos de este tipo a los que el Gobierno autonómico, en aplicación de este reglamento, no ofrece ninguna alternativa habitacional y corren el riesgo de quedarse "en la calle". Es el caso de una familia que reside en una vivienda en Astillero propiedad de la sociedad Global Berbice, vinculada a Liberbank, y cuyo desahucio está previsto para el próximo 18 de marzo. Stop-Desahucios sostiene además que dicho reglamento de la Oficina de Emergencia Habitacional, que gestiona la sociedad pública autonómica Gesvican, es "ilegal" y "manifiestamente inconstitucional".
Por ello, Manteca y Mazorra han pedido a la Dirección General de Vivienda que se elabore un decreto que regule el acceso al parque público de vivienda de la comunidad autónoma y que incluya a los colectivos que con el actual reglamento no reciben una alternativa habitacional, y reclaman que hasta que se elabore se paralice la aplicación del actual reglamento. Ambos portavoces han explicado que sin embargo la directora general de Vivienda les ha trasladado que en principio el actual reglamento se seguirá aplicando. Por ello, PAH y Stop-Desahucios han criticado que desde el Gobierno autonómico sigan "empecinados" en seguir empleando dicho reglamento sin ofrecer "argumentación lógica" ni explicar los motivos, y además cuando ya hay jueces del ámbito civil y penal que en Cantabria se han expresado en contra de este criterio.
