Domingo 21.04.2019
INDUSTRIA

El Parlamento pide unánimemente al Gobierno que se implique en la venta de Sidenor para garantizar su futuro en Reinosa

Tren de laminar de 21" de la fábrica de Sidenor en Reinosa
Tren de laminar de 21" de la fábrica de Sidenor en Reinosa

El Parlamento de Cantabria ha hecho hoy lunes, en el último Pleno de la legislatura, un llamamiento al Gobierno de Cantabria a implicarse en el proceso de venta de la planta de Sidenor en Reinosa para garantizar el empleo y los derechos de los trabajadores; el futuro de la empresa, y la inversión de dinero público realizada. Esta iniciativa ha sido presentada y aprobada por los cuatro grupos de la Cámara (PP, PRC, PSOE y mixto) y ha contado con el apoyo de la diputada no adscrita Verónica Ordóñez (Podemos). Concretamente, el Parlamento de Cantabria respalda en la iniciativa un "proyecto de futuro para Sidenor por su importancia estratégica no solo para la comarca de Campoo sino para toda Cantabria en términos de actividad económica y empleo". Y en ese sentido la Cámara demanda la implicación del Gobierno, a través de Sodercan, en el proceso de venta "como garante de los derechos de los trabajadores y de los compromisos adquiridos con dinero público". Así, se pide que Sodercan "vele" para que Sidenor cumpla los compromisos de inversión adquiridos con el acuerdo por el que la empresa pública entró en el accionariado de Sidenor Forgings Castings. De esta forma, pide que Sodercan analizará técnica y legalmente la documentación de ambas ofertas e investigará la credibilidad y viabilidad de las opciones de compra. También se reclama que el acuerdo de venta deberá incluir un plan de viabilidad y futuro, con concreción de las inversiones, y garantías para la plantilla, incluidos compromisos sociales.

Ordóñez y Gómez reclaman que se cumpla el acuerdo por el que Sodercan entró en el accionariado

Aunque la iniciativa ha sido aprobada por unanimidad y todos los portavoces que han intervenido han expresado su apoyo a los trabajadores y la continuidad de la empresa, el punto no ha estado exento de debate. Así, mientras Silvia Abascal (PSOE) ha defendido que "siempre" la disposición del Gobierno de Cantabria (PRC/PSOE) ha sido "asegurar el futuro de Sidenor en Reinosa" y el empleo de sus trabajadores, otros diputados, como Íñigo Fernández (PP) o el del grupo mixto José Ramón Blanco, no se han mostrado tan de acuerdo con la gestión que se ha hecho por parte del bipartito. Por ejemplo, Fernández ha dudado de que se haya hecho un seguimiento de las inversiones comprometidas en el acuerdo por el que el Gobierno entró en Sidenor. Blanco, por su parte, se ha quejado de falta de transparencia por parte del Gobierno y ha criticado que no haya ofrecido información sobre el proceso de venta. "No se han hecho las cosas correctamente", ha opinado el diputado, que ha afirmado que este caso "le recuerda" al de Ecomasa. "No hemos aprendido nada en esta legislatura", ha añadido. Por su parte, Ordóñez (Podemos) y el diputado del grupo mixto Rubén Gómez (Cs) han reclamado que se cumpla el acuerdo por el que Sodercan entró en el accionariado. Además, Ordóñez ha criticado y lamentado que, al margen de este acuerdo, no se haya realizado "ni una sola medida" para garantizar el futuro de Campoo y ha pedido al Gobierno que entre tras las elecciones autonómicas del 26 de mayo un plan para la comarca y para un empleo "estable" y de "calidad" en la misma. También Fernando Fernández (PRC) ha señalado que "el problema más grave" de Campoo es el empleo. Además, al igual que otros diputados, ha resaltado la importancia de Sidenor para la comarca y ha señalado que la comunidad no se puede permitir "el lujo" de la deslocalización de esa empresa.

Deducciones por guardería

Por otro lado, en este último Pleno el consejero de Economía, Hacienda y Empleo, Juan José Sota, ha explicado que las guarderías o centros de infantil autorizados tenían hasta el 15 de febrero para enviar la información sobre los niños que atienden y los gastos que tienen a la Agencia Tributaria para que los padres puedan beneficiarse de la deducción. "Los padres han tenido que estar pendientes de que esa información se haya remitido a la Agencia Tributaria para que se les aplique la deducción en su declaración de la renta", ha señalado Sota al ser interpelado por la diputada del PP Isabel Urrutia sobre las actuaciones del Gobierno para que las familias cántabras puedan beneficiarse de esa deducción, de hasta 1.000 euros, por haber llevado a su hijo menor de tres años a una guardería o centro de educación infantil autorizado.

Según el PP, unas 2.450 familias de Cantabria cumplen los requisitos para beneficiarse del conocido como cheque guardería, recogido en los Presupuestos Generales del Estado de 2018 y actualmente prorrogados, y cuya tramitación y cobro, han denunciado, está "obstaculizando" el Gobierno español. Y por ello ha preguntado al consejero sobre qué está haciendo el Gobierno regional para que ninguna familia cántabra pierda esta deducción, que ha insistido en que se trata de deducciones estatales mientras que el Gobierno regional tiene las suyas propias, que son "muchas" y más para ayudar a las "madres trabajadoras".

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