Juan Mantilla y Jesús A. Molinero, técnicos de la Plataforma en Defensa de la Bahía (DEBA), han pedido al Gobierno que "declare la lesividad" del Plan General de Ordenación Urbana de Santander por sus "consecuencias sociales", y han advertido del "grave problema social que se le viene encima al Ayuntamiento" si no revisa un PGOU que según han dicho, "condena" a derribo más de 3.000 viviendas en 90 unidades de actuación, de las que la mitad están habitadas.
Mantilla y Molinero han comparecido este viernes, a puerta cerrada, en la comisión parlamentaria que estudia la reforma de la Ley del Suelo propuesta por el PP para regular el derecho de realojo de los vecinos afectados por procesos urbanísticos como el proyectado para el barrio de El Pilón en Santander.
El abogado urbanista Juan Mantilla, que representa a los vecinos de ese barrio, ha opinado que la situación generada por el PGOU va a desembocar en "90 procedimientos contencioso administrativos en los que los vecinos afectados, de la que recurren el instrumento de ejecución de la unidad de actuación, ya sea el proyecto de compensación o la expropiación, "van a recurrir indirectamente el plan".
Una norma específica para regular en detalle el derecho de realojo "es necesaria y útil, y puede tener validez incluso con efectos retroactivos"
El miembro de DEBA ha advertido que "esta especie de rebelión general" de los vecinos afectados por estos desarrollos urbanísticos para hacer valer sus derechos, "va a salpicar al Gobierno le guste o no", porque la aprobación definitiva del PGOU la hace la Comisión Regional de Ordenación del Territorio y Urbanismo (CROTU), que es un órgano dependiente del Gobierno.
Mantilla ha afirmado que el PGOU es "un arma de destrucción masiva, un instrumento de limpieza social para expulsar a los habitantes actuales" de barrios como El Pilón, "y sustituirles por capas sociales con más poder económico que puedan adquirir las viviendas que se van a construir allí".
Bomba de relojería
En el caso concreto de El Pilón, ha denunciado que la construcción de 140 viviendas en un espacio donde ahora hay 42, es "una verdadera aberración que no se justifica bajo ningún punto de vista urbanístico".
El abogado ha considerado que una norma específica para regular en detalle el derecho de realojo "es necesaria y útil, y puede tener validez incluso con efectos retroactivos". Pero ha insistido en revisar el plan, porque es "una bomba de relojería".
En este sentido, ha señalado que el problema no se reduce a El Pilón, dado que hay 90 unidades de actuación, si bien por ejemplo la de San Martín "sí tiene garantizado curiosamente el derecho de realojo".
Mantilla ha recalcado que todos los partidos políticos salvo el PP se comprometieron en sus programas electorales a revisar el PGOU, y ha denunciado la "falta de voluntad política", ya que "ni se está instando la revisión del PGOU" en el Pleno de la Corporación, "ni por parte del Gobierno se está aceptando la posibilidad de declarar lesivo el PGOU, y hacer una paralización cautelar de l plan en los aspectos más lesivos desde el punto de vista social y de conservación de la estructura urbana".
Problema social
Por su parte, el arquitecto urbanista Jesús A. Molinero ha explicado que la Ley del Suelo de Cantabria permite aumentar, sin límites, los aprovechamientos en el suelo urbano no consolidado donde están previstas estas 90 unidades de actuación, para facilitar las operaciones de reforma interior y hacer frente a los costes, que incluyen no solo la urbanización de las calles y los servicios, sino también "todo el problema de realojo y retorno de los vecinos", algo que el Ayuntamiento "no ha tenido en cuenta" y que "conviene que rectifique", ha dicho.
Molinero ha advertido que "el grave problema social que se le viene encima al Ayuntamiento" tiene "dos caras", "porque cuando hay esos problemas con los vecinos, los promotores no entran, con lo que hay muchos visos de que se bloquee el sector de la construcción en Santander", ha opinado.
Por lo que respecta al caso concreto de El Pilón, ha dicho al Ayuntamiento "que no engañe a la gente, que eso sigue en marcha porque no lo ha parado, e incluso el promotor podría pedir en este momento" la aprobación por "silencio positivo".
