La Fiscalía solicita una pena de cinco años de prisión para un electricista del Ayuntamiento de Castro Urdiales y la misma condena para su esposa por, conjuntamente, estafar al Consistorio casi 300.000 euros entre 1998 y 2002 a través de facturas falsas de material eléctrico.
Ambos serán juzgados los próximos lunes y martes, 22 y 23 de enero, a partir de las 9:30 horas, en la Sección Primera de la Audiencia Provincial de Cantabria, por delitos de falsedad en documento mercantil y estafa y, en el caso de él, también por el delito de actividades prohibidas a funcionarios.
El acusado aprovechó su condición de empleado municipal del Ayuntamiento de Castro Urdiales con la categoría de electricista concertándose con su esposa, quien se dio de alta como responsable de un almacén de electricidad, y elaborar facturas de venta de material eléctrico que el Consistorio abonaba.
De mutuo acuerdo, según relata el fiscal en su escrito de conclusiones, los dos confeccionaron facturas que no se correspondían con efectivas ventas de material y, entre 1998 y 2002, la supuesta empresa de la esposa del electricista municipal cargó al Ayuntamiento de Castro Urdiales un total de 336 facturas.
El importe total de las facturas ascendió a 376.189 euros, pese a que los gastos en los que incurrió por pagos a sus proveedores ascendieron durante el periodo a 78.806 euros.
El fiscal considera los hechos un delito continuado de falsedad en concurso con otro de estafa, además de un delito de negociaciones y actividades prohibidas a funcionarios públicos.
Por ello, solicita una condena de cinco años de prisión y 9.450 euros de multa para el empleado municipal, para el que además pide la suspensión de empleo o cargo público por un periodo de dos años.
Para su esposa, el Ministerio público reclama una condena de prisión de cinco años y una multa de 5.400 euros.
En concepto de responsabilidad civil, solicita que los dos acusados indemnicen conjunta y solidariamente al Ayuntamiento castreño en la cantidad de 296.332 euros.
El Consistorio ejerce la acusación particular y solicita las mismas penas que el fiscal, mientras que la defensa del matrimonio pide la libre absolución y, en caso de que se aprecie responsabilidad criminal, reclama que se aplique la atenuante muy cualificada de dilaciones indebidas ya que han pasado 20 años desde el inicio de los supuestos hechos.
