Izquierda Unida de Cantabria ha registrado esta mañana ocho alegaciones al Plan de Gestión del Lobo, con el objetivo de “recuperar el consenso de la Mesa del Lobo” que el Gobierno “rompió” en 2017. IU solicita a la Dirección General de Medio Natural de la Consejería de Medio Rural del Gobierno de Cantabria que admita dichas alegaciones para que “el documento garantice realmente el buen estado de conservación del lobo en Cantabria de forma compatible con el mantenimiento y la rentabilidad de la ganadería extensiva”, y es que el portavoz de la formación, Israel Ruiz Salmón, ha denunciado hoy jueves en rueda de prensa que el Plan de Gestión del Lobo “no detalla las soluciones que se pretenden aplicar a la mortalidad ilegal, el mayor problema al que se enfrenta la especie” y ha asegurado que “es indispensable dotar de material y medios humanos adecuados al personal encargado de vigilar las actividades cinegéticas, limitar las autorizaciones y acotar su horario, de acuerdo a su jornada laboral, así como dar pasos serios y creíbles en la lucha contra los cebos envenenados”.
Ruiz Salmón avanza “la voluntad” de IU de contribuir a recuperar “los grandes avances y acuerdos” alcanzados en la Mesa del Lobo
Ruiz Salmón ha avanzado “la voluntad” de IU de contribuir a recuperar “los grandes avances y acuerdos” alcanzados en la Mesa del Lobo por las partes implicadas –ganaderos, conservacionistas y Administración, entre otros– para que “el desarrollo de la economía local y rural y la conservación del medio y los ecosistemas sean totalmente compatibles”. Por ello, las ocho alegaciones de IU al Plan de Gestión del Lobo están relacionadas con “la conservación del hábitat, los requisitos y las obligaciones de los ganaderos, la conservación de la especie, así como su seguimiento, el control de la población, la Mesa del Lobo, el lobo como aliciente económico y otras deficiencias”.
El portavoz de IU ha explicado una de las alegaciones consiste en que el nivel de conservación favorable no guarde relación con los perjuicios a particulares, pues se trata de “un fin puramente administrativo y en absoluto biológico”, y ha apuntado que “son las actividades humanas las que para ser sostenibles han de ser compatibles con la conservación de la naturaleza en general y no al revés”. Ruiz Salmón también considera que “se deben establecer criterios explícitos y medibles de manejo de ganado como uno de los pilares básicos del documento para minimizar el conflicto social por los ataques sobre la ganadería”, pues “se echan especialmente en falta los requisitos y las obligaciones concretas de los ganaderos en cuanto a medidas preventivas se refiere y las consecuencias de su incumplimiento”. Por ello IU propone diversas medidas preventivas para proteger la actividad ganadera, como “vigilar, de manera más intensa los rebaños, reducir las áreas de pastoreo para el uso eficaz de perros mastines e instalar recintos para proteger a las vacas”.
“Los controles poblacionales no pueden hacerlos personal ajeno a la Administración”
Tras insistir en que el Plan de Gestión del Lobo “no detalla las soluciones que se pretenden aplicar a la mortalidad ilegal, el mayor problema al que se enfrenta la especie”, Ruiz Salmón ha manifestado que las medidas de gestión del lobo “deben prever el seguimiento periódico de las poblaciones, con información actualizada sobe la distribución, el tamaño y los problemas de conservación”. Además, ha insistido en que “los controles poblacionales no pueden hacerlos personal ajeno a la Administración y han de realizarse exclusivamente sobre los ejemplares que provocan daños y no como medida de control poblacional”, por eso “consideremos que el lobo debe ser especie no cinegética”.
Desde el punto de vista económico, IU plantea “el uso turístico del lobo como aliciente y atractivo”, pues “este tipo de turismo beneficia a los habitantes rurales y urbanos al mismo tiempo y es muy favorable para la conservación de la especie y su entorno natural”. Por ello, la formación ha apostado por “estar en contacto real con representantes de estos sectores sociales y aceptar las propuestas razonables y consensuadas para reducir los conflictos y avanzar en convivencia”, y ha considerado que “se debería establecer de forma clara y transparente una coordinación con el Estado, Portugal y comunidades autónomas limítrofes”.
