Podemos Cantabria ha mostrado este lunes su apoyo a las nueve personas imputadas por el "escrache" al expresidente Ignacio Diego en la Universidad de Cantabria en febrero de 2014 y ha criticado que se incrimine a personas que expresan "pacíficamente su opinión". En un comunicado, la formación morada ha asegurado que los imputados son un grupo de estudiantes a los que no se les permitió el acceso al acto y que esperaban "pacíficamente" a la salida sin otro propósito que protestar por lo que consideraban injusto. "Sin uso alguno de violencia por su parte, se les acusó de impedir al expresidente el acceso a su coche oficial y de daños en el capó que no han especificado", ha indicado Podemos. Ha apuntado que, por ello, estas personas se enfrentan a una condena de 42 años de cárcel en un proceso "claramente incriminatorio", amparado en legislaciones que, a su juicio, "coartan la libertad de expresión de la ciudadanía, como la conocida Ley Mordaza".
La formación morada ha manifestado que "no se trata de un hecho aislado", porque en toda España se están produciendo "casos similares de incriminación a ciudadanos que trataban de expresar pacíficamente su opinión". Al respecto, ha indicado que muchos de esos casos han sido ya sobreseídos, por lo que espera que finalmente suceda así en Cantabria. Para Podemos, es "injusta" la mera apertura del proceso que criminaliza a estas nueve personas "por el mero hecho de ejercer un derecho que consideramos básico, la libertad de expresión, con un propósito digno y desinteresado, defender la educación pública en Cantabria".
Críticas de Libres
Por su parte, la Asamblea Cántabra por las Libertades y contra la Represión (Libres) ha mostrado su "disconformidad y preocupación" por las recientes resoluciones judiciales de Cantabria que mantienen la causa contra los nueve jóvenes y condenan al concejal de ACPT Iván Martínez por la ocupación de Espacio Argumosa. En su opinión, ambas decisiones judiciales "son una clara muestra del divorcio creciente entre la práctica real de las instituciones, la Administración de Justicia en este caso, y los principios que dicen defender". En este sentido, señala que el 'escrache' a Diego "fue la respuesta a la negativa de la Universidad a permitir el acceso a un acto público en el que participaba el entonces presidente" autonómico, y destaca que el propio Diego ha señalado que "no se sintió amenazado". Por otro lado, se pregunta "¿cómo se puede condenar, en justicia, a un representante de la ciudadanía por promover el adecentamiento y recuperación de un espacio urbano abandonado por razones especulativas por sus propietarios?".
