El parlamentario autonómico de Podemos José Ramón Blanco ha solicitado este miércoles la comparecencia en Comisión del consejero de Industria, Francisco Martín (PRC), para que informe sobre las medidas que va a tomar su departamento tras la denegación de la moratoria a Solvay para adecuar sus procesos productivos de cloro de la planta de Barreda a la normativa europea que prohíbe, a partir de diciembre de 2017, la utilización de la técnica de mercurio. Podemos ya advirtió de esta cuestión en el Pleno del 26 de junio, en una tensa sesión en la que los partidos del Gobierno, así como el PP y Cs "fingieron no ver lo que era obvio, que la moratoria que el Ejecutivo quería conceder no era legal y por lo tanto no era viable. Además, ha insistido en que instaron al Gobierno a "trabajar en serio en un plan B", puesto que desde hace meses "era ya obvio que la moratoria no era viable" y ha lamentado el tiempo perdido en buscar una solución. Por último, han mostrado su solidaridad con los trabajadores y han reiterado su compromiso en la defensa de sus puestos de trabajo, en una empresa que, recuerdan, presenta beneficios multimillonarios en todo el mundo y que en 2016 obligó a sus empleados a trabajar 20.000 horas extras, "muy por encima del límite legal", en su planta de Torrelavega.
Tezanos defiende que el Gobierno “se ajusta a la ley”
Por su parte, la vicepresidenta autonómica y consejera de Medio Ambiente, Eva Díaz Tezanos (PSOE), ha defendido que el Gobierno PRC/PSOE ha actuado "con arreglo a los tiempos" y "conforme a derecho" al denegar la moratoria solicitada para adaptar la planta de cloro de Solvay. "El Gobierno de Cantabria se ajusta a la ley" a la hora de tomar esta decisión, ha subrayado la número dos del bipartito, que también ha asegurado que en el Ejecutivo no tienen "ningún tipo de discrecionalidad" en este tipo de expedientes. Tezanos ha destacado este martes a preguntas de los periodistas que el Gobierno autonómico "siempre" tuvo y ha tenido "voluntad" de apostar por este proyecto de reconversión industrial, para que la empresa pudiera adecuar sus procesos productivos de cloro en la planta de Barreda a la normativa europea que prohíbe, a partir de diciembre de 2017, la técnica de mercurio. Y, en consecuencia, era partidario de conceder la moratoria y hubo una resolución provisional en este sentido, ha recordado Tezanos, para añadir también que "se han cumplido los tiempos" que marcan los procedimientos administrativos.
"En este tipo de expedientes no tenemos ningún tipo de discrecionalidad"
Así, ha habido un proceso de alegaciones, que ha habido que estudiar, y al ser una cuestión "jurídicamente compleja", se trasladó la petición de Solvay a los servicios jurídicos del Gobierno. Tras esto, ha proseguido la responsable de Medio Ambiente, se emitieron dos informes, el primero y otro complementario, y que "finalmente" fue "negativo" a la moratoria solicitada. "El Gobierno de Cantabria se ajusta a la ley. El Gobierno de Cantabria ha actuado conforme a derecho", ha aseverado la vicepresidenta, que ha incidido en que "en este tipo de expedientes no tenemos ningún tipo de discrecionalidad". "Lo que hemos hecho es actuar conforme a los informes que finalmente teníamos", ha insistido Díaz Tezanos, que ha recalcado también que se ha actuado "con arreglo a los tiempos" y, por tanto, a cuando la petición se registró -el año pasado- en el Ejecutivo autonómico. "A partir de ahí se puso en marcha todo el mecanismo procedimental", ha concluido.
Revilla espera que Solvay no renuncie a la inversión
Finalmente, el presidente de Cantabria, Miguel Ángel Revilla (PRC), reconoce que "le preocupa" las consecuencias que pueda tener la denegación por parte de su Gobierno (PRC-PSOE) de la moratoria a Solvay para producir cloro con la técnica del mercurio tras los informes jurídicos negativos pero espera que la empresa no renuncie a la inversión necesaria para acomodar su tecnología a la normativa europea y la lleve a cabo "cuanto antes". De hecho, ha afirmado que, "dándose prisa", esta adaptación podría efectuarse un plazo de 12 y 14 meses o, incluso, menos. "Espero que entiendan (en Solvay) que no deben dejar de hacer esa inversión", ha dicho este miércoles Revilla en declaraciones realizadas a los medios de comunicación un día después de que el Gobierno regional diera a conocer que denegaba a la empresa la ampliación de plazo que ésta había solicitado para adecuar sus procesos productivos de cloro de la planta de Barreda a la normativa europea que prohíbe, a partir de diciembre de 2017, la utilización de la técnica de mercurio. Revilla cree que 12 o 14 meses de parón para llevar a cabo la adaptación a la tecnología "no pueden ser suficientes motivos", pese a la pérdida de mercado que ello puede suponer, para que un negocio que la empresa vio "con futuro, de repente deje de serlo". Y es que la producción de cloro de Solvay con esta técnica de la factoría del Besaya tendrá que concluir el 11 de diciembre de este año, fecha en que finaliza el plazo de cuatro años para que las plantas de cloro-álcali de la Unión Europea cambien la tecnología de mercurio por membrana, menos contaminante.
"En Cantabria estaremos siempre sujetos a la Ley y los informes jurídicos son contundentes"
Revilla, en la misma línea de lo afirmado el martes por el director general de Medio Ambiente, Miguel Ángel Palacio (PSOE), cuando dio a conocer la noticia, ha achacado la negativa a los informes de los Servicios Jurídicos del Gobierno de Cantabria contrarios a la prórroga y ha reconocido que la decisión se ha adoptado con "mucho dolor y disgusto". Pero el presidente ha recordado que "la Administración tiene unos controles" y ha afirmado que, siendo presidente, "jamás" su Gobierno "ha tomado una decisión en contra de los informes jurídicos". "En otros lugares ya sabemos que no les importa nada pero en Cantabria estaremos siempre sujetos a la Ley y los informes jurídicos son contundentes y rechazan esa ampliación (del plazo para la adaptación tecnológica de Solvay a la normativa de la UE)", ha dicho Revilla, que ha alertado del riesgo que corre un Gobierno de ser acusado de prevaricación si adopta medidas en contra de los informes jurídicos. Revilla ha reconocido que "una cosa es la voluntad política" del Gobierno y del Parlamento autonómico, que con el apoyo de todos los grupos salvo Podemos avaló esta prórroga, y otra lo que supone estar en un Estado de Derecho y el respeto a los informes jurídicos. Revilla espera que pese a la "faena" que, según reconoce, supondrá para Solvay la pérdida de mercado mientras se lleva cabo la adaptación de la tecnología de la empresa a la normativa, "prime el futuro y que la inversión se quede y se haga cuanto antes".
El presidente autonómico, que ha señalado que hay prevista una reunión del Gobierno con la empresa en unos días -cree que esta misma semana- ha subrayado que "sabe" que Solvay entiende que Cantabria "es un buen lugar para invertir" y conoce que tiene una "buena plantilla" y "especializada" y que puede obtener beneficios de esa inversión.
