martes 07.04.2020
SANTANDER

El PP vuelve a recurrir a un tránsfuga para no investigar las posibles deficiencias en el servicio de impuestos

Pleno del Ayuntamiento de Santander
Pleno del Ayuntamiento de Santander

El Pleno del Ayuntamiento de Santander ha rechazado, con los votos del PP y del concejal no adscrito David Gónzalez, tres mociones de diferentes representantes de la oposición relacionadas con la gestión de tributos municipales y la empresa encargada del servicio, sobre el que el equipo de gobierno 'popular' ha negado que haya habido "perjuicio" alguno a los ciudadanos este año, toda vez que se han obtenido "mejores resultados" que en anteriores.

La concejala de Economía, Hacienda y Empleo, Ana María González-Pescador, ha considerado por tanto que "no procede, para nada", cancelar el contrato suscrito con Tribugest Gestión de Tributos S.A., pues si bien este ejercicio la gestión no ha sido "correcta" y ha habido algunas "incidencias" -como que no llegaron a los vecinos las cartas de aviso del pago del impuesto de circulación en periodo voluntario-, se adoptaron las medidas extraordinarias oportunas (refuerzo atención presencial y telefónica) y se han obtenido "mejores resultados" que en años precedentes, sin que haya habido "perjuicio" alguno.

En este punto, la edil del área, -que ha remarcado que el servicio de recaudación en la capital cántabra es "público" y "de gestión directa", por lo que no se puede hablar de "remunicipalización" como se pedía en una de las iniciativas- ha asegurado que en 2018 el balance durante el citado periodo de pago voluntario ha sido "mejor que nunca", porque se ha atendido al 79,26% de los ciudadanos, por encima del 78,8% de 2017 y del 78,3% de 2016.

Además, la atención presencial ha crecido un 25%, al pasar de 10.983 contribuyentes el año pasado a 13.708 en el presente ejercicio, mientras que han recibido atención telefónica cerca de 6.000 vecinos, que representan el 15% del patrón. También se han "triplicado" los trámites de gestoría y acceso a la sede electrónica, y se han resuelto cerca de 2.000 incidencias a través de la página web.

Tras recordar que el servicio de recaudación se creó en 1992 y que posteriormente el Ayuntamiento contrató uno de apoyo y asistencia técnica, González Pescador ha indicado que este año en el cobro del impuesto de vehículo se detectaron problemas "diez días o una semana antes" de que venciera el periodo voluntario de pago, el 7 de mayo.

Ante esto, ha proseguido, el Ayuntamiento preguntó a la empresa encargada, que explicó que había subcontratado a otra nueva para los envíos de carta al entrar en concurso de acreedores la que lo había venido haciendo hasta la fecha, y achacó las incidencias a la "inexperiencia" de la nueva. En este punto, ha indicado que la adjudicataria estaría estudiando la posibilidad de presentar una reclamación por el "perjuicio económico que ha supuesto para ellos".

Así lo ha señalado la edil antes de votar las tres mociones, presentadas por la concejala no adscrita Cora Vielva (que solicitaba la apertura de un expediente informativo a Tribugest por las deficiencias en las notificaciones de los impuestos); por el grupo mixto (el portavoz de IU, Miguel Saro, y el no adscrito Antonio Mantecón, que solicitaban un estudio económico y técnico sobre la 'remunipalización' del servicio de recaudación); y por la representante de Ganemos Santander Sí Puede, Tatiana Yáñez-Barnuevo (que versaba sobre el fallo de aviso de pago del impuesto de vehículos).

Las tres iniciativas, que han decaído al sumar González su voto en contra a los de los trece ediles 'populares', han sido apoyadas por toda la oposición, que han aludido a la "saturación" de las líneas telefónicas o las "largas colas" ante la oficina para pagar el impuesto, a raíz de que no llegaran a los santanderinos las cartas recordatorio del vencimiento del periodo voluntario.

El PSOE, a través de su concejal Daniel Fernández, ha justificado el 'sí' a las mociones para "acabar con la administración paralela" creada -ha dicho- por el PP y así "ahorrar costes" en la prestación de servicios públicos. Y es que, a su juicio, no se desprenden beneficios de la externalización del servicio, pues "los precios no han parado de subir" y se han "empeorado las condiciones laborales".

El portavoz regionalista, José María Fuentes-Pila, ha acusado a los 'populares' de haber causado -y no solucionado- este problema con la "privatización" de un servicio público como el de la recaudación, que "no funciona mejor" ni tampoco ha supuesto un "ahorro de dinero".

El edil de IU, Miguel Saro, sí considera en cambio que habido un "perjuicio" a los vecinos, y "de ahí las colas" ante la oficina, ha evidenciado. Ha afeado al gobierno local su "falta de voluntad" para organizar medios y recursos propios para prestar el servicio, y ha llamado "vagueti" al PP.

El concejal no adscrito Antonio Mantecón ha negado que el Ayuntamiento haya hecho "todo lo que está en su mano" para solventar el problema, y ha opinado que las empresas "hacen negocio" a cuenta de las adjudicaciones en el marco de una "escalada de privatización" de servicios públicos.

Tras sentenciar que se ha incumplido el pliego de cláusulas administrativas y que ha habido una "deficiente" prestación del servicio -lo que sería causa de resolución del contrato de manera "inmediata"-, este edil ha asegurado que "hay en marcha" un expediente informativo por lo sucedido, y ha preguntado al PP por qué si, como mantienen en el equipo de gobierno, "no hay ningún incumplimiento".

La edil no adscrita Cora Vielva, que hace un año dejó Cs, se ha quejado de que ha pasado casi un mes desde que solicitó el contrato de la empresa en cuestión -adjudicado por más de un millón y medio, ha recordado- sin que lo haya recibido. También ha considerado que las medidas adoptadas no fueron "suficientes", ve "injusto" que se diga que "todo" funcionó "perfectamente" y ha preguntado quién va a "pagar los platos rotos" de la empresa, que tuvo reforzar y ampliar el servicio.

La representante de Ganemos, Tatiana Yáñez-Barnuevo, se ha limitado a comentar que apoya las otras dos mociones presentadas porque "se complementan" con la suya, en tanto que González ha justificado su rechazo de las tres mociones debido a que no ha habido personas que se hayan quedado sin atender fuera del plazo establecido o que el coste económico generado no ha sido "asumido" por las arcas públicas, sino por los contratistas.

Y, además, el edil -que también dejó Cs el pasado verano, ha defendido que todas las administraciones públicas usan la externalización de servicios y "en muchos casos", ha valorado, se hace "de forma correcta e idónea".

Al hilo de lo anterior, y en el turno de réplica, la responsable de Economía ha citado ejemplos, de Cantabria y el resto de España, donde gobiernos de distinto color político, y ha subrayado al respecto la colaboración público-privada, que "existe aquí y en otros municipios del país".

OTROS ASUNTOS

Al margen de esta cuestión, y solo con las abstenciones de Vielva y Mantecón, el Pleno ha dado luz verde a la propuesta del PP de destinar 1,4 millones de euros del remanente de 2017 a la rehabilitación de varios locales y viviendas sociales, a la remodelación del centro cívico Meteorológico y a la renovación del pavimento de dos áreas de juego.

También presentada por el equipo de gobierno, se ha aprobado una moción en la que se apela al recuerdo de las víctimas del terrorismo y se pide que los crímenes de ETA no queden impunes, que algunos ediles pretendían hacer extensiva a todo el terrorismo en general, y que solo ha contado con la abstención de IU para que "no se instrumentalice" a las víctimas.

Con la abstención de PSOE y el 'no' del PRC, que gobiernan en coalición Cantabria, ha salido adelante una moción de Mantecón para pedir la modificación de la Ley de Espectáculos de Cantabria, aunque los votos del PP y González han tumbado otra del mismo edil para la erradicación de vertederos incontrolados en la ciudad.