viernes. 29.03.2024

Los grupos parlamentarios de PRC y PSOE, los partidos que sostienen al Gobierno de Cantabria, han coincidido este jueves en reclamar que la Fiscalía investigue el destino de los 18 millones de euros de dinero público que el Gobierno autonómico que Ignacio Diego (PP) presidió de 2011 a 2015 otorgó a la empresa fallida Ecomasa-Nestor Martin. Tanto PRC y PSOE como Podemos, Cs y el propio PP han presentado sus conclusiones sobre la comisión de investigación del Parlamento autonómico que ha investigado el escándalo.

El PRC habla del “entramado financiero urdido para obtener la financiación pública y beneficiar a De León y Lavín”

El PRC pide en sus conclusiones la dimisión como parlamentarios autonómicos tanto de Diego, como máximo responsable político del proyecto fallido, como de la entonces consejera de Economía, Cristina Mazas, y reclama a la Fiscalía investigue los hechos para conocer el destino del dinero inyectado en Ecomasa, para que sea devuelto y depurar responsabilidades penales si se apreciara la comisión de algún delito. Y es que el PRC considera que el proyecto fue una “operación fraudulenta”, una “estafa de 21,2 millones de euros” –18 de ellos de dinero público aportado por el Gobierno autonómico y 3,2 procedentes de las indemnizaciones de los trabajadores de Teka– perpetrada por los dueños de Ecomasa –Andrés de León y Jesús Lavín– con la “connivencia” del Gobierno del PP. El PRC considera “acreditada” la “participación y vinculación directa” del Gobierno de Diego –a través del gerente del ICAF (Instituto Cántabro de Finanzas), Jorge Gómez de Cos– “en el entramado financiero urdido para obtener la financiación pública y beneficiar a De León y Lavín”, que fueron descritos por Diego como empresarios “de éxito” y “con garantías”. Además, el PRC concluye que hubo “coacción y engaño” a los trabajadores para que sus indemnizaciones pasaran a Ecomasa sin que ellos lo supieran. Así consta en las conclusiones que han presentado este jueves en rueda de prensa los parlamentarios Francisco Ortiz, Pedro Hernando y Rosa Valdés, después de casi dos años de análisis de la documentación recibida y de haber escuchado a 43 comparecientes desde que comenzó la andadura de la comisión de investigación el 1 de julio de 2016. En ellas, el PRC sostiene que el Gobierno de Diego dio 18 millones de euros a un proyecto “inexistente”, porque Ecomasa “carecía de plan de negocio, ni estudio de mercado, ni petición formal de aval ni de crédito, ni soporte documental” y su gestión estuvo caracterizada por “la improvisación, falta de clientes y mala administración”.

Por su parte, el PSOE ha señalado como responsables políticos de la pérdida de 18 millones de euros de dinero público en la “aventura empresarial” de Ecomosa a Diego, Mazas, el entonces consejero de Industria, Eduardo Arasti, y Gómez de Cos, “por no poner los medios de los que dispone la Administración para controlar el dinero entregado a los promotores del proyecto”, De León y Lavín. El PSOE también solicita que el dictamen de la comisión de investigación de Ecomasa se eleve a la Fiscalía para ponerlo en su conocimiento, y si procede, se investigue “el paradero de los 12 millones de euros que se pierden en el entramado empresarial”, lo que “sería de vital importancia para intentar recuperar el dinero público”. En sus conclusiones, el PSOE considera que ha quedado “demostrada la implicación” del Gobierno de Cantabria y que “la aventura empresarial” de Ecomasa fue “una decisión política, que no estaba planificada y con un elevado riesgo para la recuperación del dinero público, que no se tuvo en cuenta por parte del ICAF ni de Sodercan”. Añade que “a pesar de los incumplimientos reiterados con los pagos y de las advertencia realizadas por los propios informes del ICAF, se siguieron tomando decisiones políticas de seguir dando dinero público al entramado empresarial de Ecomasa”, para lo que “fue necesaria la colaboración entre el ICAF y Sodercan, y los miembros del Gobierno que los dirigían en esos momentos”. El PSOE, que ha tenido como portavoz a la parlamentaria Silvia Abascal, considera “acreditado” que todos los informes presentados por Ecomasa, desde el inicio, "no tienen ninguna base documental, contractual o contable que sustente las estimaciones que realizaban de ventas, siendo todas ellas incumplidas una a una sistemáticamente". Añade que “las garantías de la devolución de los prestamos realizados eran livianas, y que no se realizaron los controles necesarios para recuperar el dinero público”; que hubo salida de fondos a empresas vinculadas a De León y Lavín y que “se pierde la trazabilidad de 12 millones de euros en el holding empresarial Ecomasa”. Para el PSOE, se ha “demostrado” que el entramado empresarial y societario del Grupo Ecomasa “pierde la esencia de la actividad inicial para la que se les prestó el dinero público, que no era otro que crear una planta productiva en Cantabria, incumpliendo desde el primer momento el objetivo para el que se le dio el dinero público”.

Podemos pide que se abone a los trabajadores de Ecomasa el dinero que Teka aportó de sus indemnizaciones

En cuanto a Podemos, la formación morada pide en sus conclusiones que se reconozca a los trabajadores del proyecto fallido la condición de “afectados por un funcionamiento anómalo de la Administración” y se les abonen las indemnizaciones a quienes no las hayan obtenido a través del Fogasa. Podemos, que impulsó la comisión de investigación, entiende que debe reconocerse que los 3,2 millones de euros que Teka aportó al proyecto provenían de las indemnizaciones por despido de los trabajadores que se incorporaron posteriormente a Ecomasa, algo que en vía judicial se ha desestimado. En sus conclusiones, Podemos pide que se analicen las responsabilidades que pueda tener el entonces director general del ICAF, Jorge Gómez de Cos, “quien conociendo que el proyecto Ecomasa era perjudicial para los intereses de Cantabria, continuó con su desarrollo, incluso después de conocer valoraciones negativas de la gestión de los titulares de la empresa”. Asimismo, quiere que se depuren las responsabilidades que pudieran tener Mazas y Arasti, “responsables directos del proyecto Ecomasa ante el Gobierno de Cantabria, por su dejación de funciones ante los diversos informes técnicos que apuntaban el nulo desarrollo del proyecto y, en definitiva, del fracaso de este proyecto con su consiguiente repercusión económica para Cantabria”. Podemos responsabiliza del fracaso del proyecto a Diego, por autorizar y promover en un primer momento, un proyecto “basado en ilusiones y esperanzas”, cuando “justamente por ello, debería haberse preocupado de exigir todo clase de informes financieros, de mercado y de viabilidad”. “Sin embargo, hipotecó la vida de muchos trabajadores por un power point de 15 páginas”, señala la formación morada en sus conclusiones. El portavoz de Podemos en la comisión, José Ramón Blanco, también considera necesario una revisión de las normas jurídicas y administrativas para garantizar la devolución de las ayudas económicas que conceden organismos públicos como Sodercan y el ICAF a empresas. Por último, solicitan una revisión de las posibles responsabilidades que puedan derivar de la calificación de culpabilidad en el concurso de acreedores por las posibles salidas fraudulentas de bienes y la concesión de “importantes” préstamos financieros a otras empresas del grupo de De León y Lavín.

El portavoz de Ciudadanos, Rubén Gómez, ha criticado la “falta de competencia del Gobierno de Cantabria para controlar qué es lo que estaba pasando con Ecomasa” y ha puntualizado que “la máxima responsabilidad política” de la operación recae sobre Diego y sobre los directores del ICAF y de Sodercan, puesto que “ellos estaban al frente de las negociaciones”. En sus conclusiones, Cs también ha criticado la “mala gestión” del ICAF y ha llamado la atención acerca del “negligente control” de este organismo público “en todo lo que ha sido la evaluación del proyecto”. “Cuando se dieron cuenta, ya era muy tarde, y desgraciadamente no había posibilidad de solución para la empresa”, ha puntualizado. Asimismo, las conclusiones de Gómez señalan la “carencia de controles por parte de la Administración”, ya que “el informe de la Intervención General llegó a decir que ni siquiera existía la petición de aval por parte de los promotores de Ecomasa para que el ICAF lo otorgara”, ha informado la formación naranja en nota de prensa. En este sentido, ha subrayado que “uno de los principales problemas en todo el proceso ha sido la incomunicación total y absoluta entre las empresas públicas que han gestionado la operación”, en referencia a Sodercan y al propio ICAF.

El PP solicita que se aplique a Diego “el mismo grado de responsabilidad política” que se aplica a Revilla

Finalmente, el PP considera que en la comisión de investigación “ha quedado acreditado de forma concluyente” que la actuación pública ha sido “intachable, ajustada a derecho, sin ningún tipo de irregularidad, sujeta a las normas y prácticas comunes en este tipo de operaciones, no existiendo ni tan siquiera el carácter de excepcionalidad en ninguna de las actuaciones”. Así lo señala el PP en sus conclusiones sobre la comisión de investigación, registradas este jueves por su portavoz, Eduardo Van den Eynde, quien ha solicitado que se aplique a Diego “el mismo grado de responsabilidad política que se aplicó a Miguel Ángel Revilla por el caso GFB, Racing, Cantur y Nueva Papelera del Besaya”. Para el PP, en la comisión de investigación se ha “demostrado” que el proyecto Ecomasa mantiene “sustanciales diferencias con otros proyectos analizados en anteriores comisiones de investigación”. “Tanto por la transparencia de los actos, como por la pluralidad ideológica y profesional del personal implicado en su gestación, control y seguimiento, como por la abundancia de informes y documentación, queda claro que no ha existido ni dolo ni negligencia en ningún caso”, sostiene. El PP entiende que no existen más responsabilidades que las de carácter político, y que éstas deben ser matizadas en función del contexto en que se gestó y se puso en marcha el proyecto. Así, defiende que la voluntad política “ha sido siempre la de trabajar por el interés público, colaborando en la promoción de un proyecto empresarial con el motivo exclusivo de garantizar el empleo a la mayor parte de los trabajadores afectados por el ERE de extinción de Teka”. Añade que esa voluntad política, inherente a la responsabilidad de gobierno, se articuló a través del ICAF y Sodercan siguiendo criterios “exclusivamente técnicos y amparados en informes y decisiones colegiadas de los órganos de dirección y supervisión de dichas instituciones”. “La responsabilidad política ha sido plenamente reconocida por los miembros del Gobierno, en virtud de sus competencias, y sus efectos han sido depurados en las urnas, como corresponde a cualquier acto político desarrollado dentro de la absoluta legalidad”, ha señalado el PP en sus conclusiones.

PRC y PSOE piden que la Fiscalía investigue el destino de los 18 millones de euros de...