Martes 14.08.2018
INFRAESTRUCTURAS

La presión social empuja al PP a abrirse a mantener en el sector público las nueve autopistas rescatadas

Íñigo de la Serna
Íñigo de la Serna

La presión social y una proposición no de ley de Unidos Podemos han empujado al PP a abrirse al menos sobre el papel a mantener las autopistas de peaje rescatadas en el sector público. El Ministerio de Fomento, que ha rescatado nueve autopistas en quiebra –quebraron en 2012, en plena crisis económica–, pretendía volver a ceder este año su explotación a empresas privadas a través de un concurso público. El departamento dirigido por el exalcalde de Santander Íñigo de la Serna ha licitado, a través de su sociedad dependiente SEITTSA (Sociedad Estatal de Infraestructuras del Transporte Terrestre, SA), cuatro contratos de servicios –que suman un importe conjunto de 1,24 millones de euros– para prepararse para asumir la gestión y explotación de las vías quebradas y posteriormente relicitarlas. El Estado deberá pagar a los actuales concesionarios, por la inversión realizada en la construcción de las autopistas, un monto en concepto de RPA (responsabilidad patrimonial de la administración) que podría acabar fijando un juez y que podría moverse entre los 2.000 millones de euros estimados por el ministerio y los 4.500 millones de euros que prevén reclamar los fondos acreedores de las autopistas.

Según datos del propio Ministerio de Fomento, la red española de autopistas de peaje encadenó en 2017 su cuarto año consecutivo de crecimiento del tráfico y se situó en máximos de los últimos siete años, al superar los 19.000 vehículos diarios. Se da la circunstancia de que algunas de las nueve autopistas rescatadas son las que más aumentaron su tráfico en 2017; es el caso de la radial R-5 Madrid-Navalcarnero, que contabilizó un 33,6% de vehículos diarios más que en 2016. Otras autopistas rescatadas también elevaron su volumen de vehículos diarios: la AP-41 Madrid-Toledo un 14,5%, la radial R-4 Madrid-Ocaña un 10,6%, la R-2 Madrid-Guadalajara un 8,1% y la AP-36 Ocaña-La Roda un 6,7%.

Pero la presión social y una proposición no de ley de Unidos Podemos debatida este martes en el Pleno del Cámara Baja y con la que el grupo parlamentario morado reclama recuperar la gestión pública de las autopistas rescatadas podría cambiar el curso de los acontecimientos. Unidos Podemos exige al Gobierno español que renuncie “de forma explícita a volver a privatizarlas” y que dé “marcha atrás en los pasos que ya ha dado para volver a adjudicárselas al sector privado, paralizando de inmediato el procedimiento de licitación” de contratos. El PP rechaza estas reclamaciones, pero al menos sobre el papel ha expresado a través de una enmienda su conformidad con la proposición de Unidos Podemos de “mantener en el sector público las nueve autopistas quebradas” y adoptar “medidas para minimizar el impacto y la afección que la situación de las autopistas en concurso pueden producir sobre los ciudadanos”, garantizando la “disponibilidad” de esas autopistas “para quienes deseen utilizarlas y evitando que situaciones similares puedan llegar a producirse en el futuro”. El PP abría así la puerta a mantener en el sector público las nueve autopistas quebradas, aunque De la Serna había avanzado que preveía volver a licitarlas.

Comentarios