El PSOE ha negado este lunes en el Pleno del Parlamento que el Gobierno regional tenga previsto vender la finca del psiquiátrico de Parayas. Mientras tanto, el PRC ha afirmado que rehabilitar este centro, cerrado hace dos años tras el traslado de los pacientes a Liencres, "no es una prioridad". Así lo han señalado la socialista Silvia Abascal y la regionalista Rosa Valdés, respectivamente, durante el debate de una moción sobre este tema, impulsada por el PP y negociada con Podemos, que ha sido rechazada con el voto en contra de PSOE y PRC y la abstención de Ciudadanos. La moción instaba al Gobierno autonómico a no vender en ningún caso la finca del centro psiquiátrico de Parayas, en Maliaño, y a realizar en el plazo de tres meses un estudio de posibles usos como dotación sociosanitaria y un plan de inversión para su rehabilitación de acuerdo al uso elegido. La portavoz del PP, Isabel Urrutia, ha reiterado que la decisión de vender el psiquiátrico está "tomada", pese a que el consejero de Economía, el socialista Juan José Sota, aseguró la semana pasada que "no hay nada decidido". El PP sostiene que la "orden" de venta está dada porque se ha segregado el espacio que ocupa el centro de menores; se ha solicitado certificado de propiedad y valoración; y no se ha tomado ninguna medida de seguridad durante dos años para evitar robos. El diputado de Ciudadanos, Rubén Gómez, ha dicho que el PP no tiene "ninguna credibilidad" para formular esta propuesta cuando durante su mandato cerró la residencia de ancianos La Pereda. Por su parte, la portavoz de Podemos, Verónica Ordóñez, ha recalcado que el psiquiátrico de Parayas "está bien cerrado", y aunque "discrepa de muchas de las consideraciones" del PP, otras las considera "razonables" y coincide en que la finca debe seguir siendo pública y acoger usos sociosanitarios como así está clasificado en el Plan General de Ordenación Urbana de Camargo.
De la Sierra dice que es una norma "técnica" que el Gobierno ha pretendido que esté "alejada de criterios políticos partidistas"
Por otro lado, el Pleno del Parlamento ha aprobado este lunes la nueva ley de régimen jurídico de la Administración y del Sector Público Institucional de Cantabria, que actualiza y adapta a la normativa estatal la hasta ahora vigente, aprobada en 2012, y abre la posibilidad de que cada consejería pueda contar con su propia mesa de contratación, un aspecto en contra del que han votado PP y Ciudadanos (Cs). El resto del texto de la norma, que regula el funcionamiento de la Administración y las relaciones entre ésta y la ciudadanía, ha sido aprobada con el apoyo de todos los grupos tras admitirse más de un centenar de enmiendas de las más de 170 de la oposición. Según PRC y PSOE esto muestra el "esfuerzo" y "empeño" del Gobierno PRC/PSOE para que esta nueva ley saliera adelante con el mayor consenso posible. El consejero de Presidencia y Justicia, Rafael de la Sierra, ha resaltado que se trata de una norma "extremadamente importante para el buen funcionamiento" de la Administración y de los servicios públicos y para los derechos de los ciudadanos en lo que se refiere a su relación con el Gobierno, algo en lo que ha coincidido también la oposición. Ha asegurado que es una norma "técnica" que, según ha asegurado, el Gobierno ha pretendido que esté "alejada de criterios políticos partidistas" y que introduce novedades o modificaciones "relativamente importantes". Respecto al sector público autonómico, la nueva ley lo reordena y reorganiza "por primera vez", incorporando a las entidades de naturaleza privada dependientes de la Administración pública, las sociedades mercantiles, denominadas comúnmente empresas públicas, y las fundaciones dependientes. También unifica y detalla la iniciativa legislativa, un capítulo que es nuevo en su totalidad, y con el que se posibilita la participación activa de la ciudadanía en la creación normativa y, especialmente, de aquellas entidades o personas con interés en las leyes y decretos que impulse el Gobierno. La norma apuesta también por la generalización de la Administración Electrónica y también introduce novedades tendentes a la "agilización" de los trámites es la reducción de las sanciones autonómicas por el pago voluntario, que incluye la terminación del procedimiento. También prevé que el ciudadano o empresa podrá interponer recurso ante los tribunales por actos o decisiones de los consejeros sin necesidad previamente de presentar recurso de alzada ante el Consejo de Gobierno.
Aunque todos los grupos han votado a favor de la norma por considerar que es "necesaria" y valorar el resultado final al que se ha llegado tras la tramitación parlamentaria, el PP ha solicitado que el artículo de la ley que alude a las mesas de contratación, el 175, se votara de forma separada para poder decir de forma expresa 'no' al mismo, algo que también ha hecho el diputado del grupo mixto y portavoz parlamentario de Ciudadanos (Cs), Rubén Gómez. Pese a ello, este artículo también ha salido adelante con el apoyo de PRC, PSOE y Podemos. Mientras que el Gobierno y los grupos que lo sustentan han defendido que es una medida que agilizará los procedimientos de contratación, han negado que esto reste imparcialidad y han negado que genere un mayor coste, el PP ha considerado un hecho "fuera de toda normalidad" y "justificación" que la ley abra esta posibilidad y cree que va en sentido contrario al espíritu de la Ley de Contratos del Sector Público.
Costera del bonito
Por otro lado, el Pleno del Parlamento ha rechazado también una proposición no de ley del PP que instaba al Gobierno de Cantabria a mostrar al Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación el "malestar" que ha originado en Cantabria la "deficiente" gestión de la reapertura de la costera del bonito; y a reprobar al director general de Ordenación Pesquera y Acuicultura, José Ignacio Gandarias Serrano, por "la manifiesta incompetencia con que se ha comportado". El portavoz del PP, Iñigo Fernández, ha explicado que la iniciativa –rechazada con el voto en contra de PSOE y PRC y la abstención de Podemos y Cs–, trata de "dar voz a la queja de los pescadores", aunque "le consta" que la Consejería de Medio Rural, Pesca y Alimentación, que dirige el regionalista Jesús Oria, envió un escrito de queja al Ministerio. Podemos y Cs, aun compartiendo que la gestión de la reapertura de la costera por parte del Ministerio fue "muy deficiente", se han abstenido porque el Gobierno ya ha trasladado el malestar de los pescadores al Ministerio y porque consideran excesiva la reprobación propuesta por el PP.
Por otro lado, el Pleno ha aprobado por unanimidad una proposición no de ley de Cs que insta al Gobierno a llevar a cabo cursos de reanimación cardiopulmonar para formar a los trabajadores de los centros públicos, y trabajar para que se realicen también en centros educativos y universitarios y en las empresas.
