lunes 21.10.2019
TRIBUNALES

Reactivada la investigación contra el exgerente del Servicio Cántabro de Salud por el fraccionamiento de contratos de obras

Julián Pérez Gil, en una imagen de archivo
Julián Pérez Gil, en una imagen de archivo

La Audiencia Provincial de Cantabria ha reactivado la investigación contra el exgerente del Servicio Cántabro de Salud (SCS), Julián Pérez Gil, por el fraccionamiento de contratos de obras del Hospital Virtual Valdecilla, y ha pedido al SCS que informe si entre las Administraciones a las que afectan estas instalaciones se elaboró un convenio de colaboración relativo a la asunción por el SCS de los gastos de las obras.

La Sección Primera de la Audiencia estima parcialmente el recurso de apelación interpuesto por el Ministerio Fiscal

En un auto dictado el pasado 25 de septiembre, la Sección Primera de la Audiencia estima parcialmente el recurso de apelación interpuesto por el Ministerio Fiscal, al que se adhirió la acusación popular ejercida por el PP, contra el auto del Juzgado de Instrucción nº 5 de Santander que el pasado mes de abril acordó el sobreseimiento provisional de la investigación seguida contra Pérez Gil al no considerar acreditado el fraccionamiento de contratos en las citadas obras. La Audiencia señala que la diligencia solicitada por la Fiscalía de si existió o no un convenio de colaboración entre las diversas Administraciones a las que afectan las instalaciones del Hospital Virtual Valdecilla relativo a la distribución de los gastos es "útil y relevante para alcanzar a entender si ha habido o no un fraccionamiento que pueda reputarse indebido y para que se pueda valorar si hay indicios o no de que se hubiera efectuado para eludir las garantías de procedimiento de contratación y favorecer unilateralmente a una o varias empresas".

La Fiscalía vio indicios de delito en la actuación tanto de Pérez Gil como del exsubdirector de Gestión Económica del SCS, Javier González, en el caso de los contratos menores adjudicados a las empresas Serincopsa, Gardenor e Iralia para las obras de ampliación del Hospital Virtual Valdecilla al ver "una clara finalidad de eludir el sistema de contratación y el acceso en condiciones de igualdad". Sin embargo, el Juzgado de Instrucción no vio acreditado el delito, ya que, según explicaba en el auto de abril, el Hospital Virtual Valdecilla alberga unidades y servicios diferentes dependientes de varias Administraciones. Así, en la planta baja se encuentra el Instituto de Medicina Legal, que depende la Consejería de Presidencia, mientras que la segunda depende "totalmente" del Hospital Universitario Marqués de Valdecilla, "no constando, según la Intervención General, la existencia de regulación relativa a la distribución del gasto entre las distintas Administraciones".

La sala considera "relevante" llevar a cabo la diligencia solicitada por la Fiscalía con el fin de lograr "la precisa información cuya falta se invoca"

La Audiencia recalca que en su declaración, la interventora jefa señaló que en relación a las obras del Hospital Virtual Valdecilla no se aportó la documentación relativa a la vinculación jurídica de las distintas Administraciones ni se aportó el convenio ni se informó cómo se distribuyeron los gastos comunes las administraciones. Por ello, la sala considera "relevante" llevar a cabo la diligencia solicitada por la Fiscalía con el fin de lograr "la precisa información cuya falta se invoca". Así, revoca el auto del juzgado de instrucción, solicita al SCS que si existe el citado convenio lo remita y en caso contrario de razón de su inexistencia e información sobre la distribución entre las administraciones de los costes de ejecución de las obras, "y con su resultado se resolverá sobre la continuación o no de las diligencias".

También están investigados en esta causa, por otros contratos, el exdirector de Gestión Económica, Javier González; el exgerente de Atención Primaria, Alejandro Rojo, y el asesor externo Álvaro Sáenz de Viteri, por presuntos delitos de prevaricación administrativa, fraude y/o malversación de caudales públicos, malversación, tráfico de influencias, falsedad documental y usurpación de funciones en las contrataciones realizadas por el SCS. Este procedimiento tiene su origen en las denuncias formuladas por Izquierda Unida y el PP ante la Fiscalía.

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